4 minutos en noticias
⬇ Descargar
Mostrando las entradas con la etiqueta ARGENTINA. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta ARGENTINA. Mostrar todas las entradas

EL INDEC MIDE LA INFLACIÓN CON UNA MÁQUINA DEL TIEMPO QUE SE ATASCÓ EN 2004

| ★ POLÍTICA |

(★) Argentina.- Mientras los argentinos piden delivery y miran Netflix, el instituto oficial sigue contando periódicos y teléfonos fijos.

Qué lindo circo mediático nos arman con la discusión sobre qué productos mide o no mide el INDEC. Pero la inflación real sigue comiendo salarios como si fueran medialunas calientes. El gobierno de Milei, ese que prometía modernidad y eficiencia, mantiene una canasta del IPC que parece sacada de un museo: teléfonos fijos, periódicos... ¿falta el telegrama y la máquina de escribir?
La analista Fiorella Scalise nos ilumina con perlas como que faltan servicios de streaming, delivery, smartwatches y hasta leches vegetales. ¡Qué novedad! En Argentina 2025 seguimos midiendo la economía como si estuviéramos en 2004, cuando todavía creíamos que el dólar a $3 era caro y que Cristina era sólo una senadora.
Lo más gracioso es la excusa oficial: "hasta que no se consolide el proceso de desinflación" no cambiamos nada. O sea, primero bajamos la inflación con estadísticas del siglo pasado, y después vemos si actualizamos. Brillante estrategia: si no podés ganar, cambiá las reglas del juego... o mejor, mantené las reglas viejas que ya nadie entiende.
Mientras debaten si las cápsulas de café deben entrar en el IPC, los alquileres siguen pesando menos de lo real y la canasta básica se convierte en pieza de museo. El circo está servido: discutamos metodologías mientras el salario se licúa más rápido que un helado en el verano porteño. La derecha libertaria nos vende eficiencia pero usa estadísticas de la época de la convertibilidad. ¿Ironía? No, Argentina.

LA OFENSIVA PUNITIVISTA: EL GOBIERNO DE MILEI AVANZA CONTRA LAS INFANCIAS

| ★ POLÍTICA NEOLIBERAL |

(★) Argentina.- Una embestida legislativa que busca criminalizar la pobreza y desmantelar derechos conquistados.

En un contexto de desfinanciamiento sistemático de políticas sociales, el gobierno de Javier Milei impulsa con trámite exprés una reforma penal juvenil que pretende bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Esta ofensiva punitivista se desarrolla al mismo tiempo que se desmantelan programas de protección integral y se recortan presupuestos en salud y educación.
La Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia logró reunir más de mil doscientas adhesiones en menos de 24 horas contra este proyecto regresivo. Los datos son contundentes: apenas el 0,01% de la población de niños, niñas y adolescentes tuvo intervención judicial penal en 2024. Por otra parte, la evidencia internacional demuestra que el paso por el sistema penal a edades tempranas aumenta la reincidencia, no la reduce. Esta iniciativa viola principios constitucionales y tratados internacionales, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño que tiene rango constitucional desde 1994.
En paralelo, la Central de Trabajadores de la Educación (CTERA) denuncia que el gobierno intenta convertir en acusados a quienes son las principales víctimas de un sistema que destruye derechos sociales. "Son las políticas del gobierno de Milei las que provocan las mayores situaciones de inseguridad social", señala el comunicado del gremio docente. Mientras se despide trabajadores y se destruye la escuela pública, se pretende criminalizar a la juventud.
La estrategia legislativa es clara: doble jornada el 11 y 12 de febrero para lograr media sanción con trámite exprés. El oficialismo busca conformar comisiones clave para avanzar rápidamente, aunque enfrenta resistencia incluso entre sus aliados, que plantean como límite los 14 años en lugar de los 13 que propone La Libertad Avanza. Esta carrera contra el tiempo evidencia la urgencia por instalar una agenda mediática oportunista antes que un debate serio basado en evidencia.
La situación se agrava con medidas provinciales como la de Tucumán, donde la organización ANDHES denuncia el traslado de adolescentes al penal de Benjamín Paz como "punitivista e ilegal". Julieta Santillán Juri, coordinadora del área de Niñez, advierte que esta decisión vulnera estándares internacionales y representa un grave retroceso. Los datos presupuestarios son elocuentes: mientras el Ministerio de Seguridad recibe el 12% del presupuesto provincial, Desarrollo Social apenas alcanza el 4%.
Esta ofensiva responde a una lógica neoliberal que prioriza el encierro sobre la protección, la represión sobre la educación, el castigo sobre la inclusión. En un país donde la pobreza infantil supera el 60%, criminalizar a las infancias es criminalizar la pobreza misma. 

¿Y EL PARO? LA CGT SE QUEDA EN LA MEDIA TINTA MIENTRAS LOS COMBATIVOS TOMAN LAS CALLES

| ★ POLÍTICA SINDICAL |

(★) Argentina.- La burocracia de la CGT vuelve a demostrar su incapacidad para enfrentar al ajuste neoliberal.

La CGT optó por la movilización pero descartó el paro general contra la reforma laboral de Milei, en una muestra más de la desconexión entre la dirigencia sindical y las necesidades urgentes de la clase trabajadora. Al mismo tiempo, los sectores combativos del movimiento obrero ya están en las calles, demostrando que la resistencia real no viene de los despachos sino de la base.
El consejo directivo de la central obrera no logró consenso para convocar al cuarto paro general contra el gobierno libertario, cediendo ante las presiones del sector dialoguista que prefiere la negociación antes que la confrontación. Gremios como ATE ratificaron el paro para el 11 de febrero y mantienen su postura combativa, al tiempo que organizaciones sociales y sindicales de base continúan movilizadas en Córdoba, Rosario y otras ciudades del interior.
El gobierno celebra esta división en el movimiento obrero, consciente de que una CGT fragmentada y temerosa no representa una amenaza real para su agenda de ajuste. 
La historia juzgará severamente a esta dirigencia gremial que, una vez más, no está a la altura de las circunstancias. En tanto que los trabajadores enfrentan una reforma laboral que busca precarizar aún más sus condiciones, la burocracia de la CGT negocia migajas y evita el conflicto abierto. Los combativos, en cambio, comprenden que sin lucha no hay conquistas, y por eso están en primera fila, mostrando el camino que la conducción actual se niega a transitar.

LA REBELIÓN DE LA GASEOSA: 1.500 TRABAJADORES PARALIZAN COCA-COLA

| ★ POLÍTICA |

(★) Argentina.- Una asamblea masiva decide el paro por tiempo indeterminado en la planta Mega de Tapiales.

La historia de la lucha obrera en Argentina suma un nuevo capítulo emblemático. En la planta Mega de Coca-Cola en Tapiales, mil quinientos trabajadores protagonizaron una asamblea histórica que decidió por unanimidad un paro por tiempo indeterminado. La medida, que mantiene al personal dentro de la fábrica, amenaza con paralizar la distribución de la bebida en gran parte del país y podría extenderse a otras plantas.
Los reclamos son contundentes: efectivización de contratados, mejoras salariales acordes a la inflación, incremento en el presentismo e incorporación de personal para el turno nocturno. Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, actuó como vocero de esta decisión colectiva, enfatizando que "estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución".
Al tiempo que se desarrolla este conflicto laboral específico, los trabajadores rechazaron frontalmente la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei. En un clima de unidad gremial, convocaron a una movilización para el 11 de febrero, fecha en que el proyecto será tratado en el Congreso, bajo la consigna de defender derechos conquistados.
La paralización de la planta Mega representa un golpe estratégico a una de las multinacionales más poderosas del mundo. Los trabajadores demostraron que la verdadera fuerza sindical nace desde la base, relegando a los dirigentes a un papel secundario de vocería. Esta acción colectiva evidencia cómo la resistencia obrera se organiza frente a la precarización laboral y las políticas neoliberales que buscan desmantelar conquistas históricas. La solidaridad de clase se impone como única respuesta posible ante la embestida del capital transnacional y sus aliados locales.

EL SISTEMA SANITARIO EN LLAMAS: DESPIDOS MASIVOS Y PLANES DE LUCHA NACIONAL

| ★ POLÍTICA  SANITARIA|

(★) Argentina.- La salud pública argentina enfrenta su momento más crítico con despidos masivos, ajustes salariales y una respuesta sindical que se organiza en todo el país.

La administración de Javier Milei avanzó con el despido de más de 80 trabajadores del Hospital Posadas, uno de los centros de salud más importantes del conurbano bonaerense, abriendo un nuevo frente de conflicto con los gremios sanitarios. Las desvinculaciones se produjeron en los últimos días y generaron una reacción inmediata de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) y la Asociación Sindical de Profesionales del Hospital Posadas, quienes calificaron los despidos de "injustificados y arbitrarios". Los sindicatos advierten que el centro de salud atraviesa una situación crítica por la falta de recursos, al tiempo que denuncian un "plan sistemático para dinamitar la salud pública".
En Entre Ríos, trabajadores del Ministerio de Salud provincial comenzaron un plan de lucha contra lo que califican como "ajuste disciplinario" del gobierno de Rogelio Frigerio. Las medidas incluyen retenciones de 3 horas diarias como respuesta al empobrecimiento sistemático y la amenaza de nuevos recortes salariales. Nadia Burgos, delegada de ATE, explicó que "el gobierno provincial no ha convocado aún a las paritarias" y alertó sobre rumores de un nuevo recorte salarial. La situación se agrava por el reciente incremento de aportes a la caja de jubilaciones y la amenaza de nuevos recortes en los adicionales por hora seca.
Los conflictos se extienden por todo el país. En Río Negro, los trabajadores de la salud reclaman una recomposición salarial urgente, denunciando salarios deteriorados, derechos congelados y un escalafón obsoleto. Los gremios vinculan los despidos en el Hospital Posadas con medidas similares recientes en el Garrahan y en distintas áreas del Ministerio de Salud nacional, advirtiendo sobre una política coordinada que impacta sobre hospitales nacionales y organismos sanitarios, con énfasis en la reducción de personal.
La respuesta sindical se articula en múltiples frentes. Los trabajadores del Hospital Posadas resolvieron exigir una mesa de negociación con la conducción del establecimiento para reclamar la reincorporación de los despedidos, al tiempo que sostienen el estado de asamblea permanente y comienzan a articular medidas con otros sectores de la salud. Los gremios también se sumaron al Cabildo Abierto realizado en el Hospital Garrahan, como parte de una estrategia de articulación entre distintos conflictos del sector sanitario para visibilizar el impacto de las medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional.
El conflicto sanitario refleja una batalla más amplia por el modelo de salud pública en Argentina. Los sindicatos alertan sobre la posibilidad de que el Gobierno avance en procesos de privatización de los hospitales que integran el Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), cuya administración se comparte entre la Nación y la Provincia. Esta ofensiva neoliberal sobre el sistema sanitario encuentra resistencia en la organización colectiva de trabajadores que defienden no solo sus puestos de trabajo, sino el derecho a la salud de toda la población.

DAGA ATLÁNTICA: EL EJERCICIO MILITAR QUE MARCA EL ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO CON WASHINGTON

| ★ POLÍTICA |

(★) Argentina.- Argentina y Estados Unidos preparan el mayor despliegue militar conjunto en décadas, reavivando debates sobre soberanía y política exterior.

El gobierno de Javier Milei abre las puertas del territorio nacional al ejército imperial estadounidense. El ejercicio "Daga Atlántica", programado para el 6 de abril, representa la culminación de una política de sumisión que entrega soberanía y recursos estratégicos a cambio de alineamiento geopolítico.
El operativo, calificado como "el más importante de los últimos 25 años" por fuentes oficiales, involucra a las fuerzas de élite norteamericanas -Green Berets, Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y MARSOC- que desplegarán aeronaves, helicópteros Black Hawk y equipamiento de última generación en territorio patagónico. Al mismo tiempo, las unidades argentinas de comandos, buzos tácticos y fuerzas especiales se entrenarán bajo doctrina estadounidense, estandarizando técnicas y procedimientos que consolidan la dependencia militar y dan clara muestra de la anexión de las fuerzas policíacas argentinas a los intereses yanquis.
La injerencia norteamericana se materializa en Tierra del Fuego y Santa Cruz, regiones ricas en recursos naturales y con valor geoestratégico clave. Este despliegue sin precedentes desde los años 90 ocurre al tiempo que se firman acuerdos comerciales que benefician principalmente a Washington. La política exterior argentina se reduce a una entrega sistemática: primero los recursos económicos, ahora la soberanía territorial y militar.
No puede haber ejercicios conjuntos con una fuerza genocida que entrenó a los represores de la última dictadura y que mantiene bases militares en todo el continente para controlar recursos y someter pueblos. Estados Unidos es un ejército imperial responsable de golpes de Estado, intervenciones militares y políticas de saqueo en América Latina. Su presencia en territorio argentino no fortalece la defensa regional, sino que consolida la dominación neocolonial.
La "confianza estratégica" que celebra el gobierno es en realidad la confirmación de que Argentina acepta el rol de patio trasero. Mientras el pueblo sufre ajustes y privatizaciones, se destinan recursos públicos a recibir tropas extranjeras que históricamente han sido enemigas de la soberanía latinoamericana. Esta entrega militar debe ser rechazada con la misma fuerza que se condena la entrega económica: porque la independencia nacional es indivisible y porque no hay ejercicio ni pacto posible con quienes formaron a nuestros verdugos.


LA REBELIÓN SINDICAL PARALIZA CÓRDOBA Y AMENAZA CON PARO NACIONAL

| ★ NO A LA REFORMA LABORAL |

(★) Argentina.- La resistencia obrera se organiza contra la reforma laboral que busca precarizar derechos históricos.

La ciudad de Córdoba se transformó en un laberinto intransitable este jueves, con el microcentro completamente bloqueado por masivas columnas sindicales que marcharon hacia la Legislatura provincial. La protesta, que paralizó el tránsito y los principales accesos, fue el preludio de lo que se viene: los gremios amenazan con un paro general nacional para el próximo miércoles 11 de febrero, fecha en que el Senado tratará la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encabezaron la movilización, sumando el apoyo de judiciales, bancarios y personal de enfermería. Las columnas avanzaron desde Sarmiento, Olmos, Humberto Primo y Santiago del Estero, convirtiendo el centro cordobés en un escenario de parálisis total. Al mismo tiempo, la diputada electa por el MST, Celeste Fierro, calificó el proyecto oficialista como una "reforma esclavista y reaccionaria", señalando que la presión en las calles busca forzar a los senadores a votar en contra de la iniciativa.
La CGT, por su parte, llega a su reunión del viernes 6 de febrero en una posición de autohumillación, suplicando al gobierno un "diálogo" por una reforma que califican de "esclavista y antisindical". La burocracia sindical peronista da por inevitable la salida de la ley y discute apenas algunos artículos, mientras el movimiento obrero más combativo denuncia este colaboracionismo. El Plenario del Sindicalismo Combativo, los movimientos piqueteros y jubilados en lucha votaron en Parque Lezama un plan de acción claro: impulsar el paro activo y movilizar el 11 de febrero en columna independiente.
El proyecto de reforma laboral afecta a todos los sectores de la clase trabajadora, tanto activa como jubilada. La eliminación del Estatuto del Periodista, la restricción del derecho de huelga especialmente en educación y salud, y la limitación a las asambleas en los lugares de trabajo configuran un ataque integral a los derechos conquistados. A la vez, el gobierno avanza con despidos y suspensiones en el Hospital Garrahan, penalizando a delegados y activistas por medidas gremiales, sentando un precedente que apunta a prohibir la actividad sindical en el Estado.
La crisis industrial se profundiza con cierres de fábricas como Morvillo, Verónica, Aceros Berisso o Tres Arroyos, anticipando la masacre obrera que vendría de la mano de la reforma laboral. En este contexto, la resistencia se organiza desde abajo, con más de 1.000 dirigentes, delegados y activistas combativos llamando a movilizar el 11 de febrero, exigiendo paro activo nacional y un plan de lucha que enfrente no sólo la reforma laboral, sino todo el paquete de ajuste del gobierno de Milei. La lucha por los derechos laborales se transforma así en una batalla por la dignidad de toda la clase trabajadora argentina.

LA PROVINCIA OFRECE MIGAJAS DEL 2% Y LOS GREMIOS ESTATALES LE PLANTAN CARA

| ★ POLÍTICA |

(★) Argentina.- El gobierno de Kicillof intenta imponer un ajuste salarial que profundiza la pérdida del poder adquisitivo.

La reapertura de las paritarias en la provincia de Buenos Aires se transformó en un campo de batalla entre la necesidad de los trabajadores de recuperar salarios y la política de ajuste del gobierno provincial. En un contexto fiscal complejo marcado por recortes nacionales y caída de la recaudación, la administración de Axel Kicillof ofreció un magro 2% de aumento para docentes y estatales, propuesta que fue rechazada de plano por las organizaciones sindicales. Al mismo tiempo, los gremios exigen un incremento del 10% que al menos intente compensar la inflación galopante.
La negociación se desarrolla en dos frentes paralelos: por un lado, los docentes buscan acuerdos bimestrales para no quedar atrapados por la aceleración inflacionaria; por otra parte, el gobierno necesita cerrar un convenio que evite conflictos al inicio del ciclo lectivo. Los trabajadores reclaman una cláusula de ajuste que compense progresivamente los porcentajes perdidos durante 2025, cuando la inflación devoró los aumentos pactados.
La oferta del 2% representa una burla en un escenario donde la provincia perdió más de $80.000 millones por la caída de la coparticipación. Los sindicatos estatales, judiciales, docentes y médicos plantean una lucha unificada por recuperar el poder adquisitivo, en una pulseada que expone las contradicciones de un gobierno que dice defender a los trabajadores pero aplica recetas neoliberales. El conflicto escalará si no hay una propuesta seria que contemple la realidad de quienes sostienen los servicios públicos esenciales.

LA BURGUESÍA ARGENTINA: LACAYOS DEL IMPERIO EN NUEVO ACUERDO COLONIAL

| ★ POLÍTICA DE ENTREGA |

(★) Argentina.- La oligarquía local celebra su sometimiento a Washington mientras el país entrega soberanía a cambio de migajas.

La firma del acuerdo comercial con Estados Unidos expone la naturaleza cipaya de la burguesía argentina, que aplaude la entrega de recursos estratégicos al capital extranjero. El documento, que establece condiciones leoninas para el país, fue recibido con entusiasmo por los sectores empresariales que históricamente han privilegiado sus intereses de clase por sobre la soberanía nacional.
El régimen Trump logró imponer condiciones que garantizan el saqueo de minerales críticos como litio y cobre, al tiempo que obliga a Argentina a modificar su legislación laboral y ambiental según los intereses estadounidenses. La burguesía local, en su papel de intermediaria colonial, celebra que se eliminen aranceles para 221 productos estadounidenses a cambio de migajas: la promesa de recuperar 1.013 millones de dólares en exportaciones.
El acuerdo establece que Argentina debe "priorizar a Estados Unidos como socio comercial y de inversiones en minerales críticos por sobre economías o empresas que manipulan el mercado", una cláusula que revela el carácter geopolítico del tratado. Al mismo tiempo, el país se compromete a modificar sus regulaciones sobre bienes usados y aceptar normas técnicas estadounidenses sin cuestionamientos.
La oligarquía argentina demuestra una vez más su condición de clase parasitaria que, incapaz de desarrollar un proyecto nacional autónomo, se subordina al capital extranjero. Mientras el pueblo sufre ajustes y despidos, estos sectores festejan la entrega de recursos estratégicos y la flexibilización laboral que profundizará la precarización. El acuerdo no es más que la formalización de una relación colonial donde la burguesía local actúa como administradora de la dependencia, garantizando los intereses imperiales a cambio de mantener sus privilegios de clase en un país cada vez más empobrecido y subordinado.

EL ACUERDO MILEI-TRUMP: LA ENTREGA ESTRATÉGICA DE MINERALES CRÍTICOS

| ★ POLÍTICA DE ENTREGA |

(★) Argentina.- Argentina firma un pacto comercial con el régimen Trump que prioriza la extracción de recursos naturales por sobre la soberanía productiva.

La alineación geopolítica del gobierno de Javier Milei con el régimen Trump alcanza su punto más concreto con la firma de un Acuerdo de Comercio e Inversión "Recíproco". Este pacto, celebrado por el canciller Pablo Quirno como un "gran acuerdo", representa mucho más que una simple relación comercial: es la consolidación de una subordinación estratégica que compromete recursos naturales vitales para las nuevas tecnologías globales.
El acuerdo incluye un componente específico sobre minerales críticos, aquellos fundamentales para la transición energética y la industria tecnológica estadounidense. Al tiempo que el gobierno argentino anuncia inversiones por US$14.000 millones en proyectos mineros, especialistas advierten sobre los riesgos de una nueva dependencia extractivista. El secretario de Estado Marco Rubio definió claramente el objetivo: diversificar la oferta global de minerales críticos fortaleciendo a "países socios" como Argentina.
La firma se produce en un contexto donde la agenda doméstica estadounidense había demorado la concreción formal, pero finalmente se impusieron los intereses estratégicos del régimen Trump. Por otra parte, la Oficina Comercial de Estados Unidos liderada por Jamieson Greer, hombre de confianza de Trump, resultó clave para cerrar el acuerdo que Milei había promovido desde su visita a la Casa Blanca.
Este pacto comercial representa la materialización de una política exterior que privilegia la alineación con Washington por sobre la integración regional y la diversificación productiva. En paralelo, consolida un modelo donde Argentina se especializa como proveedor de materias primas estratégicas, reproduciendo patrones históricos de dependencia que contradicen cualquier proyecto de desarrollo soberano y sustentable.

EL CINE ARGENTINO SE REBELA CONTRA LA REFORMA LABORAL

| ★ NO A LA REFORMA LABORAL |

(★) Argentina.- ¿Estamos presenciando el desmantelamiento sistemático de la industria cinematográfica nacional?

El Espacio Audiovisual Nacional (EAN), que reúne a más de diez asociaciones del sector, se manifestó en el Congreso contra los artículos 210 y 211 de la Ley de Modernización Laboral. Según OtrosCines.com, estas disposiciones eliminarían las dos principales fuentes de financiamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico: el 10% sobre entradas de cine y el 25% del gravamen a canales de TV y cable.
La productora Vanessa Ragone argumentó, citando un estudio del BID y Netflix, que la inversión pública en cine genera empleo de calidad y divisas por exportaciones. Los representantes del sector denuncian discriminación, ya que mientras se atacan estas asignaciones específicas, otras veinte permanecen vigentes para financiar distintos organismos.
El INCAA ya sufrió un recorte de 19.000 millones de pesos en el presupuesto 2026 y redujo su planta laboral en 500 trabajadores. Según los denunciantes, el organismo no ha filmado ninguna película con los fondos de concursos actuales.
El EAN convocó a movilizarse al Congreso el 11 de febrero, defendiendo no solo una industria sino una expresión cultural colectiva que hoy lucha por su supervivencia.

BRUTAL REPRESIÓN A JUBILADOS: OTRA VEZ GASES Y DETENCIONES FRENTE AL CONGRESO

| ★ POLÍTICA NEOLIBERAL |

(★) Argentina.- La violencia estatal se ensaña con adultos mayores que reclaman por sus derechos.

La escena fue dantesca: gendarmería gaseando a jubilados, un hombre con discapacidad convulsionando en el piso abandonado por las fuerzas represivas, y detenciones arbitrarias en pleno centro porteño. La habitual marcha de los miércoles frente al Congreso se transformó en un campo de batalla donde el gobierno despliega su agenda de guerra social.
Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, denunció el operativo represivo que impidió incluso el ingreso de ambulancias. Relató cómo la gendarmería intentó llevarse detenido a un jubilado al que le falta una pierna, y cuando comenzó a convulsionar, "lo tiraron y le dieron la espalda". La violencia incluyó el uso de gas pimienta y escudos contra adultos mayores.
Al tiempo que esta brutalidad ocurría, el oficialismo busca tapar la reforma laboral con una ofensiva legislativa que incluye cambios en la ley de glaciares y la baja de la edad de imputabilidad. La masividad en las próximas movilizaciones se presenta como el único escudo contra esta escalada represiva que muestra la verdadera cara del ajuste.

MILES EN LAS CALLES CONTRA EL SAQUEO NEOLIBERAL DE LOS GLACIARES

| ★ LA LEY DE GLACIARES NO SE TOCA |

(★) Argentina.- La resistencia popular se levanta frente al despojo extractivista

La historia de lucha ambiental en Argentina suma un nuevo capítulo de resistencia colectiva. Este miércoles, en más de 35 ciudades del país, miles de personas salieron a las calles para defender la Ley de Glaciares frente a la avanzada extractivista del gobierno de Javier Milei. La movilización masiva, que reunió a asambleas ambientales, organizaciones sociales y sindicatos como SUTEBA, terminó con represión policial en Mendoza, donde hubo al menos siete detenidos.
La reforma impulsada por el Ejecutivo busca desmantelar la protección ambiental mediante tres cambios fundamentales: achicar la protección solo a glaciares de tamaño considerable, preservar únicamente cuerpos de agua considerados "reservas hídricas relevantes" y transferir a los gobernadores provinciales la responsabilidad sobre estos espacios. Al tiempo que el gobierno promete empleos y desarrollo, las comunidades denuncian que se trata de una flexibilización para favorecer a la megaminería contaminante.
En paralelo, más de 85 constitucionalistas y académicos enviaron una carta al Congreso calificando la iniciativa como inconstitucional y regresiva. La propuesta choca frontalmente con el Acuerdo de Escazú, que establece la prohibición de retroceder en protección ambiental. La movilización en Mendoza, particularmente masiva, mostró la firme oposición popular al modelo extractivista que pretende imponerse mediante la violencia policial cuando falta licencia social.
La resistencia ambiental argentina demuestra una vez más que la defensa de los bienes comunes no se negocia. Frente a un gobierno que prioriza el lucro corporativo sobre la vida, las calles se convierten en trincheras de soberanía. La lucha por el agua y los glaciares es, en definitiva, la lucha por un futuro posible frente a la depredación neoliberal que sacrifica todo en el altar del mercado.



¿Y QUÉ SE ESPERABA DEL CHANCHO?

| ★ NO A LA REFORMA LABORAL |

(★) Argentina.- La crisis de gobernabilidad se profundiza cuando los mismos que alimentaron al monstruo ahora se rasgan las vestiduras.

El escenario político argentino muestra sus costuras más débiles en medio de la batalla por la reforma laboral. Pablo Moyano, histórico dirigente de Camioneros, lanzó un llamado contundente a la acción directa: "Hay que hacer paro" y salir a la calle para frenar los cambios impulsados por el gobierno. Sus críticas apuntan no sólo al oficialismo sino también a la estrategia de la propia CGT y a los gobernadores que respaldan el proyecto. Al mismo tiempo, las dos CTA ya convocaron formalmente a un paro nacional con movilización para cuando se trate la reforma en el Congreso, consolidando un frente de resistencia sindical que trasciende las centrales tradicionales.
En paralelo, la arquitectura política del peronismo muestra grietas profundas. La suspensión de la reunión entre el gobernador cordobés Martín Llaryora y la CGT, que a su vez desarma la cumbre de gobernadores del CFI, revela la incapacidad de construir consensos mínimos. Los mismos dirigentes que durante años negociaron con el poder ahora enfrentan las consecuencias de haber legitimado un modelo que hoy los arrincona. La fragmentación es tal que ni siquiera pueden coordinar una respuesta unificada frente a una ofensiva que amenaza derechos laborales históricos.
La metáfora del chancho resulta perfecta: durante años alimentaron un sistema político basado en la transacción, el acomodo y la negociación espuria. Ahora, cuando ese mismo sistema produce monstruos que devoran los derechos conquistados, pretenden lavarse las manos. La culpa nunca es del chancho que come lo que le dan, sino de quienes normalizaron la corrupción del sistema representativo y vaciaron de contenido la lucha sindical. Las centrales obreras enfrentan su propia contradicción: deben movilizar a una base que desconfía de dirigentes que en muchos casos se enriquecieron "a costa de los empresarios", como señalan críticas internas. El desafío es monumental: reconstruir la credibilidad perdida al tiempo que se defiende lo poco que queda del Estado de bienestar.

EL ACUERDO DE LAS CÚPULAS: BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD A 14 AÑOS

| ★ POLÍTICA |

(★) Argentina.- La derecha parlamentaria avanza con su agenda punitivista mientras organizaciones sociales reclaman políticas de inclusión

La Cámara de Diputados convocó para el próximo jueves 12 de febrero una sesión especial para tratar el polémico proyecto de régimen penal juvenil. En un acuerdo entre el oficialismo y la oposición dialoguista, se estableció bajar la edad de imputabilidad a 14 años, aunque el gobierno insiste en llevarla a 13. Al mismo tiempo, desde diversos sectores se alzan voces críticas que reclaman políticas preventivas antes que medidas represivas.
El legislador radical Miguel Nicolás expresó su posición ante el debate parlamentario: "Estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad, pero el sistema actual no ofrece condiciones para que esta medida pueda llevarse adelante con éxito". Desde la Pastoral Social de la Iglesia, el padre Fabián Monte consideró que "se deben atacar las causas que llevan a un menor a delinquir", ratificando una postura crítica que también se extiende a la reforma laboral.
Este consenso entre las cúpulas políticas contrasta con las demandas de organizaciones sociales y referentes comunitarios que insisten en la necesidad de abordar las problemáticas desde la educación y la inclusión. La discusión parlamentaria se da en un contexto donde las políticas neoliberales profundizan la exclusión social, generando las condiciones estructurales que luego se pretenden resolver con más represión.
El proyecto que se debatirá el jueves representa un giro punitivista en la política de seguridad, al tiempo que se desfinancian programas sociales y educativos. Por otra parte, la insistencia del oficialismo en llevar la edad a 13 años muestra la radicalización de un discurso que responsabiliza a la juventud empobrecida por las consecuencias de un modelo económico excluyente.
Las organizaciones de derechos humanos y sociales alertan sobre el riesgo de criminalizar la pobreza juvenil en lugar de generar oportunidades reales de inclusión. En tanto que el sistema carcelario argentino ya muestra graves deficiencias, incorporar adolescentes al circuito penal sin políticas de contención social previa agravaría la situación. La verdadera seguridad, sostienen estos sectores, se construye con más escuelas, menos represión y políticas que ataquen las causas estructurales de la violencia.

REFORMA LABORAL: LA GRAN OFENSIVA PATRONAL QUE PRETENDE DESMANTELAR DERECHOS HISTÓRICOS

| ★ POLÍTICA LABORAL |

(★) Argentina.- El gobierno avanza con un proyecto que legaliza la precarización y debilita la organización colectiva. Informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La historia del movimiento obrero argentino está marcada por luchas que conquistaron derechos fundamentales: la jornada de 8 horas, la indemnización por despido, la protección ante enfermedades. Hoy, esas conquistas están bajo ataque directo. El gobierno nacional envió al Senado una reforma laboral que representa el mayor retroceso en décadas, diseñada para desproteger a quienes trabajan y ampliar privilegios empresariales. El proyecto, que podría recibir media sanción el próximo miércoles, modifica estructuralmente las relaciones laborales tanto en el sector formal como informal.
La iniciativa habilita jornadas de hasta 12 horas diarias, reemplazando el pago de horas extras por compensaciones individuales. Esta medida opera sobre la ficción de que existe paridad negociadora entre trabajadorxs y empleadores, ignorando la realidad de un país con altísima informalidad laboral. Al mismo tiempo, elimina el principio de aplicación de la ley más favorable al trabajador en el ámbito judicial, un estándar vigente por más de 50 años que equilibraba la desigualdad estructural. La reforma también suprime la obligación patronal de mantener el salario durante enfermedades, exponiendo a las personas a perder ingresos en momentos de mayor vulnerabilidad.
En materia de despidos, crea un Fondo de Asistencia Laboral que permite pagar indemnizaciones en hasta 12 cuotas, licuando su valor real. Este fondo se financiaría con un 3% de los aportes a la seguridad social, desfinanciando jubilaciones y pensiones. Por otra parte, el proyecto dificulta demostrar la relación laboral: una persona monotributista que factura mensualmente a una empresa no podría usar esas facturas como prueba del vínculo. A esto se suma una amnistía para empleadores que no registraron personal durante años, premiando la evasión.
El impacto es especialmente duro para sectores ya precarizados: las trabajadoras de casas particulares verán su período de prueba extendido de 30 días a 6 meses, exponiéndolas a despidos sin protección. En el plano colectivo, la reforma amplía la lista de servicios esenciales, limitando el derecho a huelga para cerca del 43% de lxs trabajadorxs. Prioriza convenios por empresa sobre convenios colectivos, fragmentando las negociaciones y debilitando la solidaridad entre trabajadorxs.
Esta ofensiva neoliberal busca desmontar décadas de conquistas sociales, consolidando un modelo donde el capital impone sus condiciones sin contrapesos. La resistencia organizada será clave para defender lo que costó tanto construir.

LA DISCUSIÓN BIZANTINA QUE ESCONDE EL SAQUEO

| ★ OPINIÓN |

(★) Argentina.- Todos hablan de inflación. Nadie habla de quién se queda con el trabajo de los otros. 

Argentina discute cada mañana si fue 2,2% o 2,5%, si el índice nuevo daba una décima más o menos. Los programas de radio se llenan de economistas debatiendo metodologías. Y entre tanta discusión técnica, algo se esconde: el salario real de los estatales cayó 14 puntos en 2025 pese a los aumentos.
El Gobierno festeja que la inflación bajó al 31,5% anual, la más baja en ocho años. Pero en las negociaciones salariales, el "techo" del 1% mensual dejó a la mayoría perdiendo contra la canasta. Solo aceiteros y mecánicos, con paritarias trimestrales y sumas extras, lograron quedar arriba. El resto corre de atrás, siempre. Mientras tanto, el ministro Caputo admite que le adelantaron los datos del INDEC antes de publicarse. El Gobierno frena una actualización metodológica acordada con el FMI porque mostraría más alto el impacto de tarifas y alquileres. La matemática es territorio de sospecha.
Y nosotros, discutiendo si es 2,3 o 2,5, olvidamos preguntar por qué los precios de los servicios suben el 152% interanual mientras los salarios no llegan. En las esquinas pasa otra cosa. Verdulerías que fían, trueques entre productores chicos, organizaciones que arman ollas. Una economía de hecho que no entra en las estadísticas. Los medios del gran capital no la muestran porque no tiene índice que medirla. Solo saben de números que ofenden o tranquilizan.
El debate por la inflación es válido, pero agota. Cada hora que pasamos calculando cuánto nos robaron este mes es una hora que no dedicamos a nombrar el saqueo estructural: la deuda que pagamos, la timba financiera que se lleva las reservas, el trabajo que se precariza mientras discutimos si la fórmula está bien aplicada. Los gremios pelean con las reglas que les dan. Pero la pregunta es otra: ¿por qué aceptamos que nuestra vida dependa de un índice que el propio Gobierno manipula según le conviene? La discusión bizantina de las estadísticas nos paraliza. Y mientras tanto, afuera, la solidaridad construye lo que los números no alcanzan a ver.

FRENTE AL FASCISMO: SEGUNDA MARCHA DEL ORGULLO ANTIFASCISTA CONVOCA A LA RESISTENCIA NACIONAL

| ★ POLÍTICA DE RESISTENCIA |

(★) Argentina.- La movilización del 7F responde al avance autoritario y los discursos de odio que se profundizaron tras el discurso de Milei en Davos.

Un año después de que Javier Milei despotricara contra el "wokismo" en el Foro Económico de Davos, equiparando la homosexualidad con la pedofilia ante CEOs y magnates, las organizaciones sociales responden con una nueva demostración de fuerza colectiva. Al tiempo que el gobierno nacional impulsa reformas laborales regresivas y modifica la Ley de Glaciares, la resistencia se organiza desde las bases.
Este sábado 7 de febrero, la Segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista movilizará desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo en Buenos Aires, con réplicas en Formosa, Chaco, Córdoba, Misiones, Río Negro, Santa Fe y Salta. La convocatoria surge de dos asambleas multitudinarias que reunieron a colectivos LGTBIQNB+, organizaciones de personas con discapacidad, trabajadoras sexuales, comunidades afro e indígenas, ambientalistas y organismos de derechos humanos.
La marcha se pronuncia contra la criminalización de la protesta social, el crecimiento de los discursos de odio y la violencia estatal contra personas empobrecidas, racializadas y migrantes. En paralelo, rechaza la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y exige emergencia nacional por los incendios en la Patagonia. Las organizaciones señalan que el fascismo no es abstracto: se materializa en políticas como las antimigratorias del régimen Trump con el ICE en Estados Unidos, los desalojos en Buenos Aires y el saqueo del agua en Mendoza.
En Trelew, la Multisectorial "Vivas y Libres nos Queremos" convoca bajo la consigna "Que ardan sus reformas, no nuestros bosques", vinculando la defensa ambiental con la resistencia política. Esta interseccionalidad marca el carácter del movimiento: entienden el odio contra identidades trans, migrantes y pueblos originarios como expresiones de un mismo modelo que recorta salud y educación para concentrar riqueza.
Frente a la lógica neoliberal del "sálvese quien pueda", el 7F propone solidaridad como antídoto al fascismo. La consigna "Acá no sobra nadie: ninguna vida es descartable" sintetiza una visión política que rechaza el sistema de descarte global, desde la eugenesia genocida del estado de Israel hasta la persecución local de disidencias. La resistencia, así, se construye desde la diversidad y la memoria de que ningún avance autoritario queda impune cuando el pueblo organizado dice basta.

EL POLI NO SE TOCA: VECINOS EN PIE DE GUERRA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL SANTOJANNI

| ★ POLÍTICA DE RESISTENCIA |

(★) Argentina.- La resistencia popular se organiza frente al avance privatizador del gobierno porteño.

La historia del Polideportivo Santojanni se remonta a 1929, cuando el inmigrante italiano Francisco Santojanni donó el terreno con una condición innegociable: uso público y comunitario. Casi un siglo después, ese legado solidario está bajo ataque sistemático del gobierno de Jorge Macri, que busca concretar lo que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta no pudieron: la transferencia masiva de lo público a manos privadas.
Vecinas y vecinos de Liniers y Mataderos llevan semanas en pie de lucha contra la privatización encubierta de 1.650 metros cuadrados del polideportivo. La empresa TRIXMA S.R.L., constituida en 2020 por los empresarios Gustavo Martín Volpi y Jorge Amilcar Nicolini -ambos vinculados al territorio bonaerense que Jorge Macri comandó-, ya comenzó a cementar el espacio para construir cinco canchas de pádel privadas. El canon mensual que pagarán es irrisorio: apenas $2,8 millones, una cifra que contrasta brutalmente con el valor social del espacio.
La ofensiva vecinal se ha expresado en múltiples acciones. El 9 de enero, cerca de 100 personas realizaron un abrazo solidario y ruidazo en las rejas del polideportivo, seguido de una asamblea donde se coordinó la resistencia. EL viernes 30 de enero convocaron a un nuevo abrazo masivo, en la esquina de Murguiondo y Acassuso, con la consigna clara: "No vamos a entregar ni un metro cuadrado de lo que es nuestro". La movilización gana fuerza en redes sociales y grupos barriales, demostrando que la bronca vecinal no afloja.
Los impactos de esta privatización parcial ya son palpables. Los niños y niñas de la colonia de verano perdieron espacios de sombra y deben cambiarse "al rayo del sol", según denuncian los vecinos. Se redujeron los turnos para la pileta pública, se construyeron columnas sobre raíces de árboles sin estudios de impacto ambiental, y la obra avanza con un acceso exclusivo fuera de las entradas habituales. Al mismo tiempo, circulan denuncias sobre el posible uso de agua y electricidad del predio por parte de la empresa privada sin pagar los servicios, socializando costos y privatizando beneficios.
El Santojanni no es un caso aislado. En Parque Sarmiento, KDT y Parque Chacabuco existen concesiones similares que explotan canchas de tenis, pádel y fútbol de manera privada, cobrando aranceles prohibitivos para familias humildes. Estos espacios, que deberían ser públicos y gratuitos, se convierten en negocios para unos pocos. El polideportivo atiende a más de 5.000 usuarios mensuales y representa el corazón deportivo de barrios donde el acceso al deporte ya es un lujo frente a la inflación galopante.


EL INFORME QUE DESNUDA EL DESMANTELAMIENTO NEOLIBERAL EN ARGENTINA

| ★ INFORME |

(★) Argentina.- Human Rights Watch expone la sistemática erosión democrática bajo el gobierno de Milei.

La organización No Gubernamental Internacional Human Rights Watch acaba de publicar su informe anual sobre Argentina, y el diagnóstico es demoledor. El segundo año del gobierno de Javier Milei se caracteriza por lo que la ONG describe como un ataque sistemático a las instituciones democráticas, los derechos sociales y las libertades fundamentales. El documento, que analiza los eventos de 2025, traza un mapa preocupante del deterioro institucional que atraviesa el país.
HRW documenta cómo los recortes presupuestarios han impactado severamente en programas sociales, educación, salud y jubilaciones. La pobreza, aunque disminuyó respecto al pico de 2024, sigue afectando al 31,6% de la población, con una cifra escalofriante: el 45,4% de les niñes menores de 14 años vive en condiciones de pobreza. En paralelo, el mercado laboral informal alcanza al 37,7% de les trabajadores, evidenciando la precarización estructural que avanza.
El informe destaca los intentos del Ejecutivo por socavar los controles constitucionales, particularmente con el fallido decreto para nombrar jueces de la Corte Suprema sin consultar al Senado. Esta maniobra, rechazada por la Cámara alta, revela una voluntad de concentrar poder que preocupa a observadores internacionales. A la vez, 330 cargos judiciales permanecen vacantes, casi el 35% del total, debilitando el sistema de justicia en un momento crítico.
La represión a la protesta social recibe especial atención. HRW documenta el "uso de la fuerza indiscriminado e imprudente" durante la manifestación de jubilados del 12 de marzo de 2025, donde al menos 20 personas resultaron heridas, incluyendo al fotoperiodista Pablo Grillo, quien sufrió una grave lesión cerebral. El protocolo "antipiquetes", adoptado en diciembre de 2023, es señalado como un instrumento que en la práctica criminaliza la protesta y amplía los márgenes para la violencia policial.
En el plano de la libertad de expresión, el informe denuncia la retórica hostil del presidente y altos funcionarios hacia periodistas, con declaraciones que estigmatizan a la prensa sin pruebas. Por otra parte, se mencionan denuncias sobre planes de inteligencia que incluirían la vigilancia de personas críticas al gobierno, aunque el Ejecutivo lo desmiente.
Los derechos de las mujeres y diversidades sufren retrocesos alarmantes. HRW registra el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia que asistían a víctimas de violencia de género, recortes en programas contra la violencia machista y una fuerte caída en el financiamiento para la aplicación de la ley de aborto legal. Los crímenes de odio contra personas LGBT+ aumentaron un 70% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo período del año anterior.
La corrupción también ocupa espacio en el informe, con menciones a la investigación sobre el posible delito del presidente Milei en la promoción de una criptomoneda fraudulenta, y a las grabaciones que implicarían a su hermana Karina en un caso de sobornos por compra de medicamentos. El documento señala cómo se intentó silenciar estas denuncias mediante medidas judiciales que violaban la libertad de expresión.
El análisis de Human Rights Watch configura un panorama donde el discurso neoliberal de ajuste se traduce en desmantelamiento institucional, recorte de derechos y concentración de poder. La organización alerta sobre el deterioro del espacio cívico desde diciembre de 2023, un proceso que expertos de la ONU ya habían señalado en mayo de 2025. El informe funciona como un espejo que refleja la distancia entre las promesas de libertad y la realidad de un proyecto que erosiona las bases mismas de la democracia argentina.