| ★ POLÍTICA NEOLIBERAL |
(★) Argentina.- Una embestida legislativa que busca criminalizar la pobreza y desmantelar derechos conquistados.
La Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia logró reunir más de mil doscientas adhesiones en menos de 24 horas contra este proyecto regresivo. Los datos son contundentes: apenas el 0,01% de la población de niños, niñas y adolescentes tuvo intervención judicial penal en 2024. Por otra parte, la evidencia internacional demuestra que el paso por el sistema penal a edades tempranas aumenta la reincidencia, no la reduce. Esta iniciativa viola principios constitucionales y tratados internacionales, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño que tiene rango constitucional desde 1994.
En paralelo, la Central de Trabajadores de la Educación (CTERA) denuncia que el gobierno intenta convertir en acusados a quienes son las principales víctimas de un sistema que destruye derechos sociales. "Son las políticas del gobierno de Milei las que provocan las mayores situaciones de inseguridad social", señala el comunicado del gremio docente. Mientras se despide trabajadores y se destruye la escuela pública, se pretende criminalizar a la juventud.
La estrategia legislativa es clara: doble jornada el 11 y 12 de febrero para lograr media sanción con trámite exprés. El oficialismo busca conformar comisiones clave para avanzar rápidamente, aunque enfrenta resistencia incluso entre sus aliados, que plantean como límite los 14 años en lugar de los 13 que propone La Libertad Avanza. Esta carrera contra el tiempo evidencia la urgencia por instalar una agenda mediática oportunista antes que un debate serio basado en evidencia.
La situación se agrava con medidas provinciales como la de Tucumán, donde la organización ANDHES denuncia el traslado de adolescentes al penal de Benjamín Paz como "punitivista e ilegal". Julieta Santillán Juri, coordinadora del área de Niñez, advierte que esta decisión vulnera estándares internacionales y representa un grave retroceso. Los datos presupuestarios son elocuentes: mientras el Ministerio de Seguridad recibe el 12% del presupuesto provincial, Desarrollo Social apenas alcanza el 4%.
Esta ofensiva responde a una lógica neoliberal que prioriza el encierro sobre la protección, la represión sobre la educación, el castigo sobre la inclusión. En un país donde la pobreza infantil supera el 60%, criminalizar a las infancias es criminalizar la pobreza misma.
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