| ★ POLÍTICA NEOLIBERAL |
(★) Costa Rica.- La victoria de Laura Fernández consolida el giro conservador en Centroamérica y plantea interrogantes sobre el futuro democrático del país.
La politóloga capitalizó el principal reclamo de la población costarricense: seguridad. En un país donde la tasa de asesinatos alcanzó un récord histórico durante el gobierno de Chaves, con 17 por cada 100.000 habitantes, Fernández ofreció una fórmula ya conocida en la región: mano dura contra el narcotráfico y reformas institucionales profundas. Siete de cada diez homicidios están ligados al tráfico de drogas, que transformó a esta nación, otrora considerada un oasis de paz, en centro logístico del crimen organizado.
En paralelo, la futura mandataria propone copiar elementos del modelo salvadoreño de Nayib Bukele, incluyendo la terminación de una megacárcel inspirada en la que construyó el presidente centroamericano. A la vez, plantea reformar los poderes del Estado, especialmente el judicial, al que acusa de auspiciar la impunidad. Estas iniciativas generan preocupación entre sectores opositores que ven en ellas un plan para concentrar poder, al tiempo que Fernández se declara "demócrata convencida" y promete que "nunca" permitirá el autoritarismo.
El discurso de victoria de la electa presidenta mezcló promesas de cambio "profundo e irreversible" con ataques a la prensa, siguiendo el estilo confrontativo de Chaves. Por otra parte, su triunfo consolida al Partido Pueblo Soberano en el poder legislativo, donde proyecta contar con alrededor de 30 diputados, una mayoría que sin embargo no le permitiría reformar la Constitución por sí sola. La exmandataria Laura Chinchilla, una de las críticas más férreas, advirtió que "las mayorías electorales, por más avasalladoras que resulten, no son patente de corso para silenciar a las minorías".
La llegada de Fernández a la presidencia representa un desafío para las fuerzas progresistas latinoamericanas que observan con preocupación cómo se consolida un bloque conservador/neoliberal en la región. A la vez, plantea interrogantes sobre el futuro del modelo democrático costarricense en un contexto donde las fórmulas de mano dura ganan terreno electoral, al tiempo que las desigualdades sociales persisten en uno de los países más caros de América Latina.
