| ★ EDITORIAL |
(★).- ¿Por qué titubear ante la palabra? Estados Unidos y Argentina exhiben síntomas clásicos de despotismo contemporáneo: no gobierna la ley, sino la impunidad selectiva.
Cuando la Corte Suprema norteamericana concede inmunidad virtual al presidente, o cuando el Departamento de Justicia prioriza a corporaciones sobre ciudadanos, el "Estado de derecho" muta en oxímoron decorativo. En Argentina, el fenómeno se radicaliza bajo retórica libertaria. Milei no necesitó disolver el Congreso porque ya lo capturó: el Legislativo opera como sucursal de intereses financieros, votando la concentración de riqueza mientras normaliza la precariedad.
La Justicia, omisa ante corruptiones de castas protegidas y despiadada con protesta social, confirma su naturaleza de servicio VIP para élites. No llamamos despotismo a esto porque confundimos forma con sustancia. Mientras existan elecciones periódicas—aunque sean competencias donde el dinero habla más que el voto—y tribunales que funcionan físicamente, creemos habitar democracias. Pero el despotismo del siglo XXI es sofisticado: no prohíbe partidos, los financia; no cierra tribunales, los coopta; no proscribe prensa, la adquiere.
Cuando el poder económico integra al Estado sin mediaciones, cuando la corrupción deja de ser excepción para convertirse en arquitectura institucional, estamos ante tiranía con corbata. Llamarle de otra manera es simplemente complicidad semántica.
La resistencia que no se rinde
Frente a este despotismo invisible, la organización popular emerge como antídoto. En Argentina, mientras el Senado bloquea la designación de la Defensoría de Niñez por seis meses, dejando a casi la mitad de las infancias en pobreza, el movimiento obrero se unifica en un plan de lucha nacional contra la reforma laboral que busca retroceder cien años en derechos conquistados. Más de 80 organizaciones gremiales coordinan movilizaciones masivas y un paro general para el 11 de febrero, demostrando que cuando las instituciones fallan, la calle se convierte en parlamento.
En Uruguay, mientras el gobierno autoriza prospecciones petroleras que amenazan el ecosistema marino, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras convoca movilizaciones en todas las playas del país. En Brasil, el MST fortalece su brigada internacionalista en Venezuela, demostrando que la solidaridad concreta es la mejor respuesta al imperialismo. Y en Cuba, mientras el régimen Trump impone un bloqueo total de combustible y declara "emergencia nacional" contra la isla, entra en vigor un Código de la Niñez que coloca a las nuevas generaciones en el centro del desarrollo social.
La memoria como trinchera
A 17 años de la desaparición forzada de Luciano Arruga, el Espacio de Memoria que lleva su nombre funciona como trinchera de resistencia: sostiene apoyo escolar, meriendas para lxs niñxs de los barrios y construye un archivo de memoria colectiva. Cuando el Estado desaparece pibxs, la memoria se hace colectiva y la justicia, una construcción popular.
El despotismo invisible opera con elegancia burocrática: no necesita tanques en las calles cuando tiene algoritmos que controlan el acceso a derechos básicos. No requiere censura abierta cuando los medios masivos pertenecen a cinco corporaciones. No precisa prohibir la protesta cuando la criminaliza selectivamente. Pero en cada festival antirracista, en cada encuentro obrero frente a las fábricas, en cada movilización por el mar libre de petroleras, se construye la democracia real que el despotismo invisible pretende suplantar.
La pregunta no es si vivimos bajo despotismo, sino cuánto tiempo más aceptaremos llamar democracia a este decorado institucional que sirve intereses económicos concentrados. La respuesta está en las calles, en las asambleas, en la organización popular que no se resigna a ser espectadora de su propio desmantelamiento.