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DENUNCIAR LA CENSURA: EL DOCUMENTAL QUE EL CINE COMERCIAL INTENTÓ SILENCIAR

| ★ CINE |

(★) Perú.- ¿Qué temen las cadenas de exhibición cuando una película documental sobre memoria colectiva y represión estatal llena salas en todo el Perú?

Según reporta Yahoo Noticias, "Uyariy" -documental de Javier Corcuera sobre la represión en las protestas contra Dina Boluarte en Juliaca (2023)- enfrentó una programación inicial limitada en multicines nacionales, con solo seis salas en todo el país y horarios inaccesibles. La nota destaca que, ante los reclamos del sector audiovisual y del público, las cadenas habilitaron más funciones y las salas se llenaron.
RPP detalla que Corcuera denunció censura tras la reducción y retiro de funciones el mismo día del estreno comercial. El director señaló que la película fue retirada sin previo aviso de cines del sur andino y reprogramada en horarios poco accesibles en Lima, lo que interpretó como un acto de censura contra un documental que aborda 200 años de historia silenciada y represión en territorios quechuas y aymaras.
El documental, cuyo título significa "escuchar" en quechua, reúne testimonios de familiares de víctimas, música andina y voces de comunidades que cargan con el duelo y la resistencia tras las protestas de 2023. Según Corcuera, la película propone una narrativa poética y política construida desde la memoria colectiva y los silencios del altiplano.
La respuesta del público demostró que existe un interés masivo por estas historias silenciadas. La presión colectiva logró que se habilitaran más funciones, especialmente en regiones como Puno, Juliaca y Cusco, donde la película tiene especial resonancia. Este caso expone las tensiones entre el cine comercial y las producciones que cuestionan narrativas oficiales, revelando cómo la memoria colectiva puede enfrentar barreras institucionales incluso en su difusión.

PETROPERÚ EN PIE DE GUERRA: TRABAJADORES CONVOCAN PARO NACIONAL CONTRA PRIVATIZACIÓN

| ★ POLÍTICA | TRABAJADORES |

(★) Perú.- Los empleados de la petrolera estatal peruana anuncian movilizaciones masivas y huelga general para frenar los planes del gobierno de José Jerí de vender la empresa

La histórica empresa estatal PetroPerú, símbolo de la soberanía energética peruana desde su creación en 1969, enfrenta su momento más crítico. Los trabajadores han decidido pasar a la ofensiva contra lo que consideran un plan deliberado del gobierno de José Jerí para desmantelar la compañía mediante su privatización. La respuesta no se ha hecho esperar: un llamado a la movilización masiva que promete paralizar las operaciones de la petrolera.
Las protestas arrancarán el 14 de enero con marchas simultáneas en puntos estratégicos del país. Los manifestantes convergerán en la sede central de PetroPerú y en el Ministerio de Economía y Finanzas, epicentros del poder corporativo y gubernamental. Pero esto es solo el preludio: para el 19 de enero está convocada una huelga general que involucrará a la totalidad de la plantilla laboral de la empresa.
El argumento central de los trabajadores es contundente: acusan a la actual administración de conducir intencionadamente a PetroPerú hacia un colapso financiero. Según su perspectiva, se trata de una estrategia calculada para justificar posteriormente la venta de la empresa a capitales privados, debilitando previamente su valor y capacidad operativa. La privatización, en este contexto, aparece como la culminación de un proceso de desgaste institucional.
La confrontación refleja una tensión histórica en América Latina entre modelos de gestión estatal y privatizadora en el sector energético. Para los trabajadores, PetroPerú representa no solo sus puestos de empleo sino un patrimonio nacional estratégico. Para el gobierno, la venta podría significar una inyección de capital y eficiencia operativa. El desenlace de este conflicto marcará el rumbo de la política energética peruana y servirá de termómetro para las tensiones entre soberanía económica y ajuste neoliberal en la región.

EL DESGUACE NEOLIBERAL: JERÍ PRIVATIZA PETROPERÚ CON DECRETO DE ÚLTIMA HORA

| ★ POLÍTICA |

(★) Perú.- El gobierno de facto ultraderechista ejecuta su plan más ambicioso de despojo estatal.

En un movimiento calculado para evitar escrutinio público, el gobierno interino de José Jerí publicó dos horas antes del cambio de año el Decreto de Urgencia 010-2025 que allana el camino para la privatización de Petroperú. La norma, firmada en la oscuridad del 31 de diciembre, elimina barreras legales que protegían a la empresa estatal y autoriza la entrada de capital privado en activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara. El decreto incluye 240 millones de soles para financiar despidos masivos dentro de la reestructuración, recursos que según la oposición deberían destinarse a proyectos sociales urgentes.
La coalición sindical de Petroperú denuncia que este decreto "descuartiza" la empresa y prioriza negocios privados sobre la soberanía energética nacional. La empresa enfrenta pérdidas netas por 1,611 millones de soles hasta octubre de 2025, pero los trabajadores sostienen que la crisis fue "implosionada por exfuncionarios" mediante malas decisiones e interferencias políticas. La Defensoría del Pueblo alerta sobre la generación de "pánico financiero" orquestado para justificar el desmantelamiento.
La respuesta política no se hizo esperar. La congresista Heidy Juárez impulsa una moción de censura contra la ministra de Economía Denisse Miralles, responsabilizándola del "desmantelamiento de activos estratégicos" y la "vulneración directa a las rentas de las regiones productoras". El documento cuestiona que se sacrifiquen recursos para irrigación, electrificación rural y saneamiento en favor de subsidiar la liquidación de la empresa estatal más importante del país.
Este ataque frontal al patrimonio nacional evidencia cómo los gobiernos de facto utilizan crisis fabricadas para avanzar agendas privatizadoras. La resistencia desde el Congreso y los sindicatos marca un frente de defensa de lo público, pero la batalla por Petroperú simboliza algo más profundo: la disputa entre un modelo extractivista al servicio de élites y la posibilidad de una gestión estatal democrática que priorice soberanía energética y desarrollo nacional.