| ★ POLÍTICA |
(★) Perú.- El gobierno de facto ultraderechista ejecuta su plan más ambicioso de despojo estatal.
En un movimiento calculado para evitar escrutinio público, el gobierno interino de José Jerí publicó dos horas antes del cambio de año el Decreto de Urgencia 010-2025 que allana el camino para la privatización de Petroperú. La norma, firmada en la oscuridad del 31 de diciembre, elimina barreras legales que protegían a la empresa estatal y autoriza la entrada de capital privado en activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara. El decreto incluye 240 millones de soles para financiar despidos masivos dentro de la reestructuración, recursos que según la oposición deberían destinarse a proyectos sociales urgentes.
La coalición sindical de Petroperú denuncia que este decreto "descuartiza" la empresa y prioriza negocios privados sobre la soberanía energética nacional. La empresa enfrenta pérdidas netas por 1,611 millones de soles hasta octubre de 2025, pero los trabajadores sostienen que la crisis fue "implosionada por exfuncionarios" mediante malas decisiones e interferencias políticas. La Defensoría del Pueblo alerta sobre la generación de "pánico financiero" orquestado para justificar el desmantelamiento.
La respuesta política no se hizo esperar. La congresista Heidy Juárez impulsa una moción de censura contra la ministra de Economía Denisse Miralles, responsabilizándola del "desmantelamiento de activos estratégicos" y la "vulneración directa a las rentas de las regiones productoras". El documento cuestiona que se sacrifiquen recursos para irrigación, electrificación rural y saneamiento en favor de subsidiar la liquidación de la empresa estatal más importante del país.
Este ataque frontal al patrimonio nacional evidencia cómo los gobiernos de facto utilizan crisis fabricadas para avanzar agendas privatizadoras. La resistencia desde el Congreso y los sindicatos marca un frente de defensa de lo público, pero la batalla por Petroperú simboliza algo más profundo: la disputa entre un modelo extractivista al servicio de élites y la posibilidad de una gestión estatal democrática que priorice soberanía energética y desarrollo nacional.
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