| ★ DEFENSA DE LA AMAZONÍA |
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Brasil.- La resistencia amazónica se intensifica frente al avance del agronegocio y la mercantilización de los ríos.
La historia del río Tapajós se remonta a la mitología Munduruku, donde nació del zumo de tres carozos de tucumã para proteger a un niño de la persecución. Hoy, ese mismo río sagrado enfrenta una nueva amenaza: la privatización impulsada por el decreto 12.600 de 2025 que lo transforma en corredor de exportación de soja. Frente a esta ofensiva, 14 comunidades indígenas del Baixo Tapajós escalaron su protesta este jueves ocupando el aeropuerto de Santarém, una ciudad de 300 mil habitantes en el corazón de la Amazonía brasileña.
La acción se suma a dos semanas de ocupación del puerto de la transnacional estadounidense Cargill, acusada de adquirir soja proveniente de territorios acaparados ilegalmente y deforestados en la Amazonía, Cerrado y Selva Atlántica. Las comunidades exigen la anulación inmediata del decreto que privatiza 3 mil kilómetros de ríos navegables -Tapajós, Madeira y Tocantins- para convertirlos en hidrovías al servicio del agronegocio.
Auricélia Arapiun, lidereza del pueblo Arapiun, fue contundente: "No saldremos hasta que el decreto sea derogado". La privatización implica dragados en 10 puntos del Tapajós que amenazan la pesca ancestral, contaminarían las aguas con metales pesados y destruirían lugares sagrados. Al mismo tiempo, el gobierno federal ya lanzó licitaciones para empresas que ejecutarán las obras sin consulta previa a los pueblos afectados, violando compromisos asumidos durante la COP30.
La estrategia estatal ha sido enviar funcionarios sin poder de decisión para entretener al movimiento, pero las comunidades rechazan diálogos parciales. Alessandra Korap, lidereza Munduruku, advierte: "Los blancos dividen en camadas, para nosotros no es así... no vienen sólo a sacarnos nuestro río, quieren sacarnos nuestro conocimiento". La lucha trasciende lo ambiental para defender modos de vida y autonomía política, como demostró el pueblo Munduruku en 2014 cuando procedió a la autodemarcación de su territorio ante la inacción estatal.
El gobierno autorizó la intervención policial federal y estatal, preparando el terreno para la represión. Mientras tanto, Cargill factura alrededor de 500 millones de dólares anuales con la comercialización de granos hacia China y Europa, beneficiándose de acuerdos del Mercosur con la Unión Europea que aumentan estas exportaciones. La transnacional construyó su terminal sobre un cementerio ancestral, simbolizando la violencia del modelo extractivista.
Esta resistencia articula a 14 pueblos indígenas, 300 familias quilombolas y comunidades de pescadores artesanales que defienden no sólo un río, sino una cosmovisión donde territorio, conocimiento y vida son indivisibles. Su lucha cuestiona radicalmente la lógica neoliberal que convierte bienes comunes en mercancías, recordando que el Tapajós no es infraestructura logística sino espacio de memoria y relación colectiva. La ocupación del aeropuerto marca un punto de inflexión donde la defensa de la Amazonía se juega en las calles, puertos y ahora terminales aéreos, desafiando al poder desde la autonomía de los pueblos originarios.
