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JAPÓN EN UNA COYUNTURA CRÍTICA: MILITARIZACIÓN, CRISIS Y ELECCIONES BAJO EL ESPECTRO DE LA GUERRA

| ★ POLÍTICA |

(★) Japón.- Las urnas niponas definen este domingo el futuro de un país que acelera su transformación en potencia bélica mientras enfrenta parálisis presupuestaria y tensiones con China.

La primera ministra Sanae Takaichi disolvió la Cámara de Representantes el 23 de enero en lo que analistas califican como una maniobra electoral oportunista. Al paralizar la aprobación del presupuesto 2026, su gobierno priorizó cálculos políticos sobre las necesidades ciudadanas. La estrategia busca capitalizar índices de aprova-ción del 70% antes de que investigaciones sobre financiamiento irregular de la Iglesia de la Unificación al Partido Liberal Democrático (PLD) erosionen su popularidad.
Al tiempo que Takaichi promete eliminar temporalmente impuestos a alimentos -medida vista como puro clientelismo electoral-, su gobierno impulsa el mayor gasto militar de la historia japonesa: 9 billones de yenes para 2026. Esta cifra representa un salto del 20% anual, muy superior al 7% de aumento chino, consolidando una carrera armamentista que convierte a Okinawa en línea de frente ante un posible conflicto por Taiwán.
La oposición se reorganiza. La histórica alianza entre comunistas y socialdemócratas se profundiza ante el avance conservador, al mismo tiempo que el partido Komeito abandonó la coalición gubernamental para unirse al Partido Democrático Constitucional, formando una "Alianza de Reforma Centrista" que podría provocar un cambio de gobierno. Los partidos de izquierda enfrentan su propia crisis: el discurso pacifista tradicional no conecta con jóvenes preocupados por salarios y condiciones laborales, lo que explica el retroceso electoral del Partido Comunista.
En paralelo, crece el rechazo ciudadano. Comediantes como Zenzirō critican abiertamente lo que llaman "teatro de víctima" de Takaichi, señalando que "los poderosos que se hacen las víctimas dan vergüenza ajena". Movimientos en Okinawa y todo el país protestan contra un presupuesto bélico que prioriza misiles y drones sobre servicios sociales. El modelo neoliberal japonés muestra sus grietas: al tiempo que se destinan billones a la guerra, se paraliza el presupuesto nacional, afectando economía y vida cotidiana.
Las elecciones definen si Japón continuará como satélite militar estadounidense -con gastos que podrían alcanzar el 3,5% del PIB exigido por Washington- o si emergerán alternativas que prioricen paz, soberanía y justicia social sobre la lógica belicista impuesta desde el régimen Trump.

EL INDEC MIDE LA INFLACIÓN CON UNA MÁQUINA DEL TIEMPO QUE SE ATASCÓ EN 2004

| ★ POLÍTICA |

(★) Argentina.- Mientras los argentinos piden delivery y miran Netflix, el instituto oficial sigue contando periódicos y teléfonos fijos.

Qué lindo circo mediático nos arman con la discusión sobre qué productos mide o no mide el INDEC. Pero la inflación real sigue comiendo salarios como si fueran medialunas calientes. El gobierno de Milei, ese que prometía modernidad y eficiencia, mantiene una canasta del IPC que parece sacada de un museo: teléfonos fijos, periódicos... ¿falta el telegrama y la máquina de escribir?
La analista Fiorella Scalise nos ilumina con perlas como que faltan servicios de streaming, delivery, smartwatches y hasta leches vegetales. ¡Qué novedad! En Argentina 2025 seguimos midiendo la economía como si estuviéramos en 2004, cuando todavía creíamos que el dólar a $3 era caro y que Cristina era sólo una senadora.
Lo más gracioso es la excusa oficial: "hasta que no se consolide el proceso de desinflación" no cambiamos nada. O sea, primero bajamos la inflación con estadísticas del siglo pasado, y después vemos si actualizamos. Brillante estrategia: si no podés ganar, cambiá las reglas del juego... o mejor, mantené las reglas viejas que ya nadie entiende.
Mientras debaten si las cápsulas de café deben entrar en el IPC, los alquileres siguen pesando menos de lo real y la canasta básica se convierte en pieza de museo. El circo está servido: discutamos metodologías mientras el salario se licúa más rápido que un helado en el verano porteño. La derecha libertaria nos vende eficiencia pero usa estadísticas de la época de la convertibilidad. ¿Ironía? No, Argentina.

MÉXICO DESAFÍA AL RÉGIMEN TRUMP CON PETRÓLEO A CUBA

| ★ POLÍTICA |

(★) México.- La diplomacia mexicana se enfrenta a la política de bloqueo estadounidense con un gesto de solidaridad caribeña.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México enviará ayuda a Cuba a más tardar el próximo lunes, en un movimiento que desafía abiertamente las amenazas del régimen Trump de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. Al tiempo que Washington intensifica su bloqueo económico, México reafirma su tradición diplomática independiente y su compromiso con la solidaridad regional.
La crisis energética cubana se ha agravado tras la suspensión de suministros desde Venezuela y Rusia, al mismo tiempo que Pemex paralizó en enero sus envíos de crudo. Sin embargo, Sheinbaum reveló que Cuba está al día con sus pagos por los 496 millones de dólares en ventas petroleras del año pasado, representando menos del 1% de la producción mexicana. La mandataria busca vías diplomáticas para reanudar el suministro sin afectaciones arancelarias.
Roberta Lajous, exembajadora mexicana en La Habana, urgió a México a asumir un papel mediador más activo entre Washington y La Habana, criticando que el envío de "limosnas" humanitarias no sustituye una iniciativa diplomática constructiva. Advirtió sobre el riesgo de una crisis migratoria si se profundiza la emergencia cubana, donde la población carece de electricidad, alimentos y transporte básico.
La diplomacia mexicana enfrenta el dilema de mantener su soberanía en política exterior frente a las presiones del régimen Trump, al tiempo que debe responder a una crisis humanitaria que afecta a un pueblo hermano. La solidaridad con Cuba se convierte así en un test de la autonomía diplomática latinoamericana e incluso mundial frente al unilateralismo estadounidense. ¿Se animarán otros países a romper el cerco? Estados Unidos tendrá que medir sus amenazas, ya que depende fuertemente de su comercio exterior, no sólo para la subsistencia cotidiana, sino también para el frágil sostenimiento de su cada vez más fantasmagórico sistema financierista. 

LA CULTURA CUBANA BAJO EL ASEDIO IMPERIALISTA

| ★ CULTURA |

(★) Cuba.- La Feria del Libro de La Habana se posterga ante el recrudecimiento del bloqueo genocida.

La historia cultural cubana enfrenta otro capítulo de resistencia. La 34ª Feria Internacional del Libro de La Habana, programada para febrero de 2026, ha sido pospuesta indefinidamente. Este evento, considerado el mayor acontecimiento literario del país, cede ante la crisis energética provocada por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. Al mismo tiempo, el Instituto Cubano del Libro confirmó que la decisión responde directamente a las medidas coercitivas unilaterales que afectan el suministro de combustible.
La feria, que tenía previsto homenajear el centenario de Fidel Castro y contar con Rusia como país invitado de honor, representa una pérdida significativa para el intercambio cultural regional. Por otra parte, la suspensión evidencia cómo las políticas imperialistas impactan en las expresiones artísticas y literarias de los pueblos. El déficit energético generado por el bloqueo impide la realización de eventos masivos que requieren infraestructura y logística compleja.
Esta no es la primera vez que la cita literaria se ve afectada: en 2021 fue cancelada por la pandemia, pero ahora el motivo es puramente político. El régimen Trump ha intensificado su guerra económica contra Cuba, buscando asfixiar al pueblo mediante restricciones al comercio y transporte. A la vez, la solidaridad internacional crece, con más de 120 organizaciones juveniles de 61 países lanzando movimientos contra el bloqueo. La cultura resiste, pero necesita condiciones materiales que el imperialismo niega sistemáticamente.

LAS PEQUEÑAS BURGUESÍAS Y SU FRACASO HISTÓRICO: MIENTRAS EL PUEBLO SE ORGANIZA, ELLOS NEGOCIAN MIGAJAS

| ★ EDITORIAL |

(★).-La meritocracia individualista como coartada perfecta para las entregas nacionales y la fragmentación social.

Mientras las pequeñas burguesías latinoamericanas, como la argentina siguen obsesionadas con su esfuerzo personal y su meritocracia de cartón, el país se desangra en acuerdos coloniales con Estados Unidos. El gobierno de Milei acaba de firmar un pacto comercial que prioriza el saqueo de minerales críticos como litio, cobre y tierras raras, y la burguesía local aplaude como lacayos del imperio. Mientras tanto, 1.500 trabajadores de Coca-Cola paralizan la planta Mega en Tapiales, los indígenas brasileños ocupan aeropuertos contra la privatización del río Tapajós, y los movimientos campesinos de 70 países proyectan reunirse en Colombia para fortalecer la lucha por la reforma agraria.
El Che Guevara, ese hijo rebelde de la pequeña burguesía argentina que logró escapar de su lógica mezquina, ¿dónde estaría hoy?. Porque lo que vemos es la confirmación de su diagnóstico: una clase social que mira sólo lo que le toca, que reduce la fraternidad a declaraciones de salón pero negocia con su inacción o deliberada la entrega de soberanía a cambio de migajas. 
 El pueblo se organiza -desde los trabajadores de la salud argentina que resisten despidos masivos, hasta los docentes paraguayos que enfrentan reformas neoliberales de pensiones-, las pequeñas burguesías latinoamericanas siguen creyendo que su éxito individual es la medida de todas las cosas.
La economía, ese fetiche maloliente que todo lo impregna, se desnuda en su verdadera naturaleza: un mecanismo de dominación que convierte ríos sagrados en corredores de exportación de soja, que transforma la educación en negocio privado, que criminaliza a las infancias pobres bajando la edad de imputabilidad a 13 años. En Argentina la CGT, esa burocracia sindical que representa como nadie los valores pequeñoburgueses, se queda en la media tinta mientras el pueblo y organizaciones más combativos toman las calles.
Resulta difícil vislumbrar una salida hacia una sociedad donde se incluya. Pero la salida no está en los despachos donde se negocian acuerdos coloniales, sino en las asambleas de trabajadores, en las ocupaciones indígenas, en las movilizaciones campesinas. Mientras la pequeña burguesía sigue creyendo en la fragmentación de todo, el pueblo deberá  demostrar que la verdadera fuerza nace de la organización colectiva. El Che se fue a buscar la hermandad de los pueblos latinoamericanos porque en su ámbito local sólo encontró el egoísmo de clase. Hoy, esa hermandad se construye en las luchas concretas, no en las declamaciones vacías de quienes prefieren ser administradores de la dependencia antes que constructores de soberanía. ¿Qué les falta a las organizaciones Nuestroamericana para comprender que las pequeño burguesías de Latinoamérica, son una misma, y que desde el campo popular también debemos entender todas nuestras luchas como una sola? Somos millones. El capitalismo cambia de formas y colores, pero la realidad demuestra que hay cosas que no cambian, las burguesías no pueden nada sin nosotres, por cada burgués, somos millones de trabajadores y trabajadoras. Y ahí nos encontramos con nuestra contradicción; en esos millones que somos,  tenemos que seguir militando por la construcción de mayor conciencia de clase que genere los cambios, el protagonismo y poder de definición.

ARCHIVOS EPSTEIN: EL ESCÁNDALO QUE SIGUE PROTEGIENDO A LOS PODEROSOS

| ★ POLÍTICA NEOLIBERAL |

(★) EEUU.- La justicia estadounidense vuelve a fallar a las víctimas mientras protege a los cómplices de la red de abuso sexual.

La publicación de más de 3 millones de documentos del caso Jeffrey Epstein ha desatado una tormenta de indignación entre las sobrevivientes, quienes denuncian que el Departamento de Justicia priorizó proteger a los poderosos en lugar de garantizar transparencia y justicia. Las redacciones mal manejadas expusieron datos personales de casi 100 víctimas, generando una "emergencia en desarrollo" con amenazas de muerte y acoso mediático contra las sobrevivientes.
Los archivos revelan un patrón sistemático de protección a quienes facilitaron la red de Epstein. Nombres de posibles co-conspiradores aparecen completamente censurados en borradores de acusación de la década de 2000, al tiempo que correos electrónicos muestran cómo personas no identificadas ofrecían "nuevas brasileñas" de 19 años o "tres jóvenes pobres muy buenas" al delincuente sexual. Por otra parte, el funcionario del Departamento de Justicia admitió que solo censuraron nombres de mujeres, nunca de hombres, argumentando que algunas víctimas se convirtieron en "participantes y cómplices".
La situación se agrava al considerar que el vicesecretario de Justicia Todd Blanche reconoció errores pero minimizó su gravedad, en tanto que el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios han pedido "seguir adelante". El Congreso forzó esta divulgación mediante la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein aprobada en noviembre pasado, a pesar de las objeciones iniciales del régimen Trump. Legisladores como Ro Khanna y Thomas Massie denuncian que el Departamento "ha protegido a la clase Epstein con censuras generalizadas" mientras fallaba en resguardar la identidad de las sobrevivientes.
La dimensión argentina del caso emerge con menciones a posibles víctimas locales y un viaje frustrado de Epstein al país, aunque los detalles permanecen oscuros. Lo que queda claro es que el sistema judicial estadounidense sigue operando como un mecanismo de protección para las élites, donde la justicia para las víctimas queda subordinada a los intereses políticos y económicos de quienes mantuvieron vínculos con el depredador sexual. La lucha por los archivos completos continúa, pero la verdadera batalla es contra una estructura de poder que normaliza la impunidad de los poderosos.

LA TIERRA EN DISPUTA: MOVIMIENTOS GLOBALES SE REÚNEN EN COLOMBIA PARA FORTALECER LA LUCHA POR LA REFORMA AGRARIA

| ★ PUEBLO ORGANIZADO |

(★) Colombia.- Dos décadas después del primer encuentro histórico, las organizaciones campesinas retoman la batalla contra el acaparamiento corporativo.

No habrá paz sin tierra, ni sostenibilidad sin justicia social”: canciller Rosa Yolanda Villavicencio

Veinte años han transcurrido desde aquella primera conferencia en Porto Alegre que marcó un hito en la lucha por la tierra. Al tiempo que el agronegocio expandía sus monocultivos y las corporaciones perfeccionaban sus mecanismos de despojo, los movimientos populares mantuvieron viva la resistencia. Ahora, del 24 al 28 de febrero en Cartagena, Colombia, se realizará la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), convocando a representantes de más de 70 países para unir esfuerzos colectivos frente a la intensificación de los conflictos territoriales.
La concentración de tierras alcanza niveles alarmantes, con Brasil liderando esta nefasta estadística mundial. Jaime Amorim, dirigente del MST y representante de la Vía Campesina, denuncia que esta situación "ya no es aceptable". Los pequeños agricultores, quienes producen la mayoría de los alimentos consumidos globalmente, enfrentan una nueva ola de despojo impulsada por la militarización, el crimen organizado y la mercantilización de la acción climática. En paralelo, el agronegocio corporativo continúa devastando ecosistemas.
La crisis climática y geopolítica agrava las amenazas. Saúl Vicente Vásquez del Consejo Internacional de Tratados Indígenas advierte que los impactos ambientales se sienten directamente en los territorios, afectando principalmente a las comunidades que los habitan. Los movimientos insisten en que cualquier solución que ignore esta realidad será falsa o inefectiva. Por otra parte, la expansión capitalista e imperialista profundiza el control corporativo sobre bienes estratégicos como minerales, agua y energía.
La conferencia busca trascender los debates técnicos para exigir reformas agrarias integrales basadas en cuatro pilares fundamentales: reconocimiento de derechos indígenas y consuetudinarios, redistribución de tierras con límites a la acumulación corporativa, restitución para comunidades despojadas y regulación firme de los mercados de tierra. Estos principios deben incorporar la igualdad de género, los derechos de la juventud rural y el reconocimiento de la diversidad sexual en los territorios.
Los organizadores plantean que la lucha por la reforma agraria hoy es inseparable de la batalla contra el imperialismo, el autoritarismo y el colapso ecológico. La CIRADR+20 se perfila como un momento crucial para intensificar los esfuerzos colectivos hacia la soberanía alimentaria y el control popular sobre los recursos naturales, defendiendo los cimientos mismos de la vida frente al avance del modelo extractivista.

LA OFENSIVA PUNITIVISTA: EL GOBIERNO DE MILEI AVANZA CONTRA LAS INFANCIAS

| ★ POLÍTICA NEOLIBERAL |

(★) Argentina.- Una embestida legislativa que busca criminalizar la pobreza y desmantelar derechos conquistados.

En un contexto de desfinanciamiento sistemático de políticas sociales, el gobierno de Javier Milei impulsa con trámite exprés una reforma penal juvenil que pretende bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Esta ofensiva punitivista se desarrolla al mismo tiempo que se desmantelan programas de protección integral y se recortan presupuestos en salud y educación.
La Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia logró reunir más de mil doscientas adhesiones en menos de 24 horas contra este proyecto regresivo. Los datos son contundentes: apenas el 0,01% de la población de niños, niñas y adolescentes tuvo intervención judicial penal en 2024. Por otra parte, la evidencia internacional demuestra que el paso por el sistema penal a edades tempranas aumenta la reincidencia, no la reduce. Esta iniciativa viola principios constitucionales y tratados internacionales, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño que tiene rango constitucional desde 1994.
En paralelo, la Central de Trabajadores de la Educación (CTERA) denuncia que el gobierno intenta convertir en acusados a quienes son las principales víctimas de un sistema que destruye derechos sociales. "Son las políticas del gobierno de Milei las que provocan las mayores situaciones de inseguridad social", señala el comunicado del gremio docente. Mientras se despide trabajadores y se destruye la escuela pública, se pretende criminalizar a la juventud.
La estrategia legislativa es clara: doble jornada el 11 y 12 de febrero para lograr media sanción con trámite exprés. El oficialismo busca conformar comisiones clave para avanzar rápidamente, aunque enfrenta resistencia incluso entre sus aliados, que plantean como límite los 14 años en lugar de los 13 que propone La Libertad Avanza. Esta carrera contra el tiempo evidencia la urgencia por instalar una agenda mediática oportunista antes que un debate serio basado en evidencia.
La situación se agrava con medidas provinciales como la de Tucumán, donde la organización ANDHES denuncia el traslado de adolescentes al penal de Benjamín Paz como "punitivista e ilegal". Julieta Santillán Juri, coordinadora del área de Niñez, advierte que esta decisión vulnera estándares internacionales y representa un grave retroceso. Los datos presupuestarios son elocuentes: mientras el Ministerio de Seguridad recibe el 12% del presupuesto provincial, Desarrollo Social apenas alcanza el 4%.
Esta ofensiva responde a una lógica neoliberal que prioriza el encierro sobre la protección, la represión sobre la educación, el castigo sobre la inclusión. En un país donde la pobreza infantil supera el 60%, criminalizar a las infancias es criminalizar la pobreza misma. 

NOBOA IMPULSA REFORMA MINERA QUE DESMANTELA DERECHOS INDÍGENAS Y AMBIENTALES

| ★ EXTRACTIVISMO |

(★) Ecuador.- El gobierno ecuatoriano prioriza el extractivismo sobre la protección de territorios ancestrales.

El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, un proyecto que expertos califican como "retroceso histórico" en derechos humanos y soberanía ambiental. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ya rechazó categóricamente la iniciativa, advirtiendo que pone en peligro territorios ancestrales y fuentes de agua.
El proyecto establece Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica que permitirían el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas de explotación, generando temores de que los militares sean utilizados para reprimir protestas sociales y proteger intereses privados. Al mismo tiempo, introduce el "silencio administrativo": si el Estado no responde en plazos de 30 días o seis meses, las autorizaciones se otorgan automáticamente, evadiendo el derecho constitucional a consulta previa, libre e informada.
La reforma sustituye licencias ambientales por autorizaciones simplificadas durante la etapa de exploración, reduciendo la participación comunitaria a un trámite formal. Según Érika Escorza del Frente Nacional Antiminero, esto "elimina procesos reales de decisión colectiva". El exministro de Ambiente Tarsicio Granizo alerta que se debilita el principio precautorio necesario para mitigar daños irreversibles.
Como ley económica urgente, la Asamblea tiene solo 30 días para debatirla; de lo contrario, entrará en vigencia automáticamente. Los sectores sociales y ambientales anticipan demandas de inconstitucionalidad para frenar lo que consideran un modelo de dependencia extractiva que históricamente solo generó desigualdad y criminalización de la defensa territorial. La lucha por el agua y los territorios se intensifica frente a esta ofensiva neoliberal.

CAOS EDUCATIVO EN SÃO PAULO: SIN PROFESORES Y CON SEGREGACIÓN ESCOLAR

| ★ EDUCACIÓN NEOLIBERAL |

(★) Brasil.- El inicio del año lectivo en el estado más rico de Brasil expone la crisis sistémica de la educación pública bajo el gobierno del neoliberal Tarcísio de Freitas.

La vuelta a clases en São Paulo se transformó en un verdadero caos educativo que revela las profundas contradicciones del sistema. Al mismo tiempo que cerca de 40 mil profesores de la red estatal quedaron sin aulas por recortes presupuestarios, las escuelas municipales de la zona sur de la capital cancelaron clases por falta de docentes. Además el gobierno estadual implementa un polémico experimento que segrega a estudiantes por rendimiento académico, reviviendo prácticas pedagógicas abandonadas hace décadas.
La crisis docente alcanza dimensiones alarmantes. Según datos del Brasil de Fato, la reducción del 16,5% en el presupuesto educativo -equivalente a 11 mil millones de reales- dejó sin trabajo a miles de profesores temporarios. El diputado Carlos Giannazi (Psol) denuncia que el gobierno implantó "un proceso de punición para justificar esas exoneraciones y despidos" mediante evaluaciones de desempeño punitivistas. A la vez, en la red municipal, escuelas como la Emef Padre Tony y la Emef Alferes Tiradentes en Cidade Ademar comenzaron el año sin profesores, con procesos de atribución de aulas que se extienden hasta esta semana.
Por otra parte, el Proyecto Volar ("Voar") del gobierno Tarcísio divide a estudiantes de 147 escuelas estatales en los últimos años de la enseñanza primaria (de 6º a 9º grado). Así, cada uno de los cursos tendrá una división de grupos basada en las notas de los alumnos. En estas unidades, los alumnos serán divididos entre dos tipos de grupos: "estándar" y "adaptado". En el primero, se ubicaron los alumnos con baja o ninguna deficiencia de aprendizaje, mientras que en el segundo están los alumnos con deficiencia alta y media. De los 1.437 grupos de 7º a 9º año, el 74% fueron clasificadas como adaptadas para estudiantes con desempeño considerado "bajo el básico". Padres y estudiantes denuncian que no fueron informados sobre su participación en este experimento y temen la estigmatización que genera esta segregación académica.
La situación expone cómo las políticas neoliberales en educación combinan precarización laboral docente con experimentos pedagógicos segregacionistas. Al tiempo que se recortan recursos y se despiden profesores, se implementan modelos que reviven prácticas educativas superadas, todo bajo la lógica de la evaluación punitiva y la estandarización curricular. El resultado es un sistema educativo que abandona a sus docentes y segrega a sus estudiantes, profundizando las desigualdades en lugar de combatirlas.

¿Y EL PARO? LA CGT SE QUEDA EN LA MEDIA TINTA MIENTRAS LOS COMBATIVOS TOMAN LAS CALLES

| ★ POLÍTICA SINDICAL |

(★) Argentina.- La burocracia de la CGT vuelve a demostrar su incapacidad para enfrentar al ajuste neoliberal.

La CGT optó por la movilización pero descartó el paro general contra la reforma laboral de Milei, en una muestra más de la desconexión entre la dirigencia sindical y las necesidades urgentes de la clase trabajadora. Al mismo tiempo, los sectores combativos del movimiento obrero ya están en las calles, demostrando que la resistencia real no viene de los despachos sino de la base.
El consejo directivo de la central obrera no logró consenso para convocar al cuarto paro general contra el gobierno libertario, cediendo ante las presiones del sector dialoguista que prefiere la negociación antes que la confrontación. Gremios como ATE ratificaron el paro para el 11 de febrero y mantienen su postura combativa, al tiempo que organizaciones sociales y sindicales de base continúan movilizadas en Córdoba, Rosario y otras ciudades del interior.
El gobierno celebra esta división en el movimiento obrero, consciente de que una CGT fragmentada y temerosa no representa una amenaza real para su agenda de ajuste. 
La historia juzgará severamente a esta dirigencia gremial que, una vez más, no está a la altura de las circunstancias. En tanto que los trabajadores enfrentan una reforma laboral que busca precarizar aún más sus condiciones, la burocracia de la CGT negocia migajas y evita el conflicto abierto. Los combativos, en cambio, comprenden que sin lucha no hay conquistas, y por eso están en primera fila, mostrando el camino que la conducción actual se niega a transitar.

LA REBELIÓN DE LA GASEOSA: 1.500 TRABAJADORES PARALIZAN COCA-COLA

| ★ POLÍTICA |

(★) Argentina.- Una asamblea masiva decide el paro por tiempo indeterminado en la planta Mega de Tapiales.

La historia de la lucha obrera en Argentina suma un nuevo capítulo emblemático. En la planta Mega de Coca-Cola en Tapiales, mil quinientos trabajadores protagonizaron una asamblea histórica que decidió por unanimidad un paro por tiempo indeterminado. La medida, que mantiene al personal dentro de la fábrica, amenaza con paralizar la distribución de la bebida en gran parte del país y podría extenderse a otras plantas.
Los reclamos son contundentes: efectivización de contratados, mejoras salariales acordes a la inflación, incremento en el presentismo e incorporación de personal para el turno nocturno. Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, actuó como vocero de esta decisión colectiva, enfatizando que "estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución".
Al tiempo que se desarrolla este conflicto laboral específico, los trabajadores rechazaron frontalmente la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei. En un clima de unidad gremial, convocaron a una movilización para el 11 de febrero, fecha en que el proyecto será tratado en el Congreso, bajo la consigna de defender derechos conquistados.
La paralización de la planta Mega representa un golpe estratégico a una de las multinacionales más poderosas del mundo. Los trabajadores demostraron que la verdadera fuerza sindical nace desde la base, relegando a los dirigentes a un papel secundario de vocería. Esta acción colectiva evidencia cómo la resistencia obrera se organiza frente a la precarización laboral y las políticas neoliberales que buscan desmantelar conquistas históricas. La solidaridad de clase se impone como única respuesta posible ante la embestida del capital transnacional y sus aliados locales.

EL SISTEMA SANITARIO EN LLAMAS: DESPIDOS MASIVOS Y PLANES DE LUCHA NACIONAL

| ★ POLÍTICA  SANITARIA|

(★) Argentina.- La salud pública argentina enfrenta su momento más crítico con despidos masivos, ajustes salariales y una respuesta sindical que se organiza en todo el país.

La administración de Javier Milei avanzó con el despido de más de 80 trabajadores del Hospital Posadas, uno de los centros de salud más importantes del conurbano bonaerense, abriendo un nuevo frente de conflicto con los gremios sanitarios. Las desvinculaciones se produjeron en los últimos días y generaron una reacción inmediata de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) y la Asociación Sindical de Profesionales del Hospital Posadas, quienes calificaron los despidos de "injustificados y arbitrarios". Los sindicatos advierten que el centro de salud atraviesa una situación crítica por la falta de recursos, al tiempo que denuncian un "plan sistemático para dinamitar la salud pública".
En Entre Ríos, trabajadores del Ministerio de Salud provincial comenzaron un plan de lucha contra lo que califican como "ajuste disciplinario" del gobierno de Rogelio Frigerio. Las medidas incluyen retenciones de 3 horas diarias como respuesta al empobrecimiento sistemático y la amenaza de nuevos recortes salariales. Nadia Burgos, delegada de ATE, explicó que "el gobierno provincial no ha convocado aún a las paritarias" y alertó sobre rumores de un nuevo recorte salarial. La situación se agrava por el reciente incremento de aportes a la caja de jubilaciones y la amenaza de nuevos recortes en los adicionales por hora seca.
Los conflictos se extienden por todo el país. En Río Negro, los trabajadores de la salud reclaman una recomposición salarial urgente, denunciando salarios deteriorados, derechos congelados y un escalafón obsoleto. Los gremios vinculan los despidos en el Hospital Posadas con medidas similares recientes en el Garrahan y en distintas áreas del Ministerio de Salud nacional, advirtiendo sobre una política coordinada que impacta sobre hospitales nacionales y organismos sanitarios, con énfasis en la reducción de personal.
La respuesta sindical se articula en múltiples frentes. Los trabajadores del Hospital Posadas resolvieron exigir una mesa de negociación con la conducción del establecimiento para reclamar la reincorporación de los despedidos, al tiempo que sostienen el estado de asamblea permanente y comienzan a articular medidas con otros sectores de la salud. Los gremios también se sumaron al Cabildo Abierto realizado en el Hospital Garrahan, como parte de una estrategia de articulación entre distintos conflictos del sector sanitario para visibilizar el impacto de las medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional.
El conflicto sanitario refleja una batalla más amplia por el modelo de salud pública en Argentina. Los sindicatos alertan sobre la posibilidad de que el Gobierno avance en procesos de privatización de los hospitales que integran el Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), cuya administración se comparte entre la Nación y la Provincia. Esta ofensiva neoliberal sobre el sistema sanitario encuentra resistencia en la organización colectiva de trabajadores que defienden no solo sus puestos de trabajo, sino el derecho a la salud de toda la población.

PETRO Y EL SILENCIO CÓMPLICE: ¿AHORA LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DE TRUMP SON "OPERACIONES LEGÍTIMAS"?

| ★ POLÍTICA  NEOLIBERAL|

(★) Colombia.- El presidente colombiano guarda un sospechoso mutismo ante la escalada bélica estadounidense en aguas latinoamericanas.

La hipocresía política alcanza niveles escandalosos. Al tiempo que el régimen Trump suma su víctima número 128 en su campaña de ejecuciones extrajudiciales en el Pacífico oriental, el presidente Gustavo Petro mantiene un silencio ensordecedor. El mismo mandatario que históricamente denunció las violaciones a la soberanía y los derechos humanos hoy parece haber enterrado sus principios tras su reciente encuentro con el magnate neoyorquino.
Este jueves, las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron otro ataque letal contra una embarcación en aguas internacionales, elevando a 128 el número de muertos desde que comenzó esta ofensiva en septiembre pasado. El Comando Sur justifica estas acciones como parte de una supuesta "guerra contra el narcoterrorismo", pero ha sido incapaz de presentar evidencia contundente sobre la presunta vinculación de las víctimas con carteles de droga.
La contradicción es flagrante. Por una parte, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirma que los cárteles han "cesado operaciones indefinidamente" debido a la efectividad de los ataques. Por otra parte, ni el Pentágono ni el Comando Sur pueden respaldar con datos esta aseveración. También ahora crece la presión legal: familias de trinitenses asesinados en octubre presentaron la primera demanda por homicidio involuntario contra el régimen Trump, calificando los ataques como crímenes de guerra.
Expertos en derecho internacional coinciden en que estas operaciones violan flagrantemente las leyes de conflicto armado. Funcionarios militares han admitido ante el Congreso estadounidense que desconocen la identidad de las personas abordo de las embarcaciones destruidas. ¿cuántas de estas 128 víctimas eran realmente narcotraficantes y cuántas pescadores o civiles inocentes?
El silencio de Petro resulta particularmente revelador. El mismo líder que denunció el intervencionismo yanqui ahora calla ante una campaña militar que muchos califican de "manifiestamente ilegal". Su reciente acercamiento con Trump parece haberle vendado los ojos ante lo que cualquier observador objetivo identificaría como ejecuciones extrajudiciales. La solidaridad latinoamericana, ese principio que tanto enarboló en campaña, hoy brilla por su ausencia cuando más se necesita.

INCENDIOS CRUZAN FRONTERAS: CHACO ARDE ENTRE OLAS DE CALOR Y RECORTES NEOLIBERALES

| ★ INCENDIOS |

(★) Paraguay.- La región chaqueña enfrenta una crisis ambiental que expone la vulnerabilidad sistémica ante el cambio climático y las políticas de ajuste.

Las llamas consumen al menos 170 hectáreas en el Chaco paraguayo, con 18 focos activos detectados por satélite en Villa Hayes, frontera con Formosa. Al mismo tiempo, el humo invade Asunción, obligando a autoridades a alertar sobre la calidad del aire y recomendar el uso de mascarillas. El Chaco argentino enfrenta su propia emergencia: temperaturas de 40 grados convierten pastizales en "combustible" listo para arder, según advierte Protección Civil provincial.
La situación revela un patrón alarmante. Por una parte, el calor extremo seca vegetación que meses atrás estaba húmeda. Por otra parte, prácticas humanas irresponsables -quemas de basura nocturnas, colillas de cigarrillos- se suman a condiciones climáticas adversas. Los bomberos trabajan contra reloj con acceso dificultoso a zonas rurales, requiriendo vehículos 4x4 y coordinación aérea.
Esta crisis fronteriza ocurre en un contexto de desfinanciamiento estructural. En Argentina, el gobierno de Milei redujo el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en 78% durante 2024, al tiempo que asignó apenas 3,5% de lo exigido por la Ley de Bosques. Los bomberos voluntarios denuncian transferencias incompletas, y en Chubut se congelaron fondos para protección forestal. El modelo extractivista y los recortes neoliberales dejan a las comunidades expuestas, dependiendo de la solidaridad vecinal y el heroísmo de cuerpos voluntarios subfinanciados.

BRASIL DECLARA GUERRA AL FEMINICIDIO CON PACTO HISTÓRICO TRAS RÉCORD DE 1.518 FEMICIDIOS EN 2025

| ★ POLÍTICA |

(★) Brasil.- El gobierno federal lanza iniciativa inédita que articula los tres Poderes ante la escalada de violencia machista.

Las cifras son cada vez más escalofriantes. Brasil enfrenta una epidemia de femicidios que alcanzó su punto más álgido en 2025 con 1.518 víctimas, cuatro mujeres asesinadas diariamente por razones de género. Al mismo tiempo, el país registró 3.870 intentos de femicidios y 56.900 casos de violencia psicológica, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública. Este escenario dantesco obliga al Estado a tomar medidas drásticas.
En respuesta a esta crisis humanitaria, el gobierno de Lula lanzó el Pacto Nacional de Enfrentamiento al Feminicídio, una iniciativa inédita que articula Ejecutivo, Legislativo y Judicial en una acción conjunta. El presidente fue contundente: "Luchar contra el femicídio debe ser responsabilidad de toda la sociedad, pero principalmente y especialmente de los hombres". La primera dama Janja Lula da Silva denunció la banalización del cuerpo femenino "ensanguentado, mutilado, arrastrado por el asfalto" en referencia al tremendo femicidio de Tainara Souza Santos.
El pacto establece metas concretas: acelerar medidas protectoras, fortalecer redes de acogimiento, ampliar acciones educativas y asegurar la responsabilización de agresores. Por otra parte, crea un Comité Interinstitucional de Gestión coordinado por la Presidencia para garantizar seguimiento continuo. La ministra Gleisi Hoffmann calificó la firma como "un día para entrar en la historia", al tiempo que el presidente del STF (Superior Tribunal Federal), Edson Fachin, prometió mayor celeridad en los juicios.
Los datos revelan fallas estructurales alarmantes. En Río Grande do Sul, las 52 mil casos de violencia contra mujeres en 2025 resultaron en 80 feminicidios y 264 intentos. Activistas como Télia Negrão denuncian "cortina de humo" gubernamental y falta de servidores capacitados. Samira Bueno, del Foro Brasileño de Seguridad Pública, señala la crónica falta de financiación para políticas de protección, especialmente a nivel municipal y estatal.
La violencia se manifiesta en casos brutales como el de Tainara Souza Santos, atropellada y arrastrada por un kilómetro en São Paulo, estado que registró 233 feminicidios entre enero y noviembre de 2025. El pacto llega cuando la Ley del Feminicidio cumple una década sin lograr revertir la tendencia ascendente, evidenciando que las normas jurídicas son insuficientes sin voluntad política real y recursos adecuados.
Este acuerdo interfederativo representa un reconocimiento tardío de que el femicidio es una emergencia nacional que exige respuestas sistémicas. Sin embargo, su éxito dependerá de si logra traspasar el papel y convertirse en políticas concretas con presupuesto real, capacitación de servidores y transformación cultural profunda. La sociedad brasileña observa si esta vez el Estado cumplirá su deber de proteger la vida de las mujeres o si seguirá contando muertes anunciadas.

DOCENTES PARAGUAYOS EN PIE DE GUERRA CONTRA REFORMA NEOLIBERAL DE PENSIONES

| ★ POLÍTICA NEOLIBERAL |

(★) Paraguay.- La resistencia sindical se planta frente a la ofensiva del gobierno de Santiago Peña

La historia de las luchas sociales en Paraguay se escribe nuevamente en las calles. Este jueves 5 de febrero, mientras el Congreso avanzaba a contrarreloj con una reforma previsional que afecta derechos históricos, miles de trabajadores y trabajadoras del sector público tomaron las calles de Asunción en una muestra de unidad combativa. La movilización nacional convocada por la Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación articuló a docentes, personal de salud, policías y militares jubilados en defensa del sistema solidario de reparto.
En paralelo a las protestas callejeras, la Cámara de Diputados aprobó con 41 votos del oficialista Partido Colorado el proyecto que establece por primera vez una edad mínima de retiro ordinario de 57 años con 25 años de aportes. La reforma crea una jubilación extraordinaria a los 55 años para el magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, al tiempo que eleva del 3% al 5% el aporte estatal a la caja fiscal. El gobierno justifica la medida señalando un déficit de 380 millones de dólares en 2025, equivalente al 0,8% del PBI.
Los sindicatos denuncian que la propuesta es regresiva y viola derechos adquiridos. "El Estado se desentendió siempre de su rol de empleador", criticó el diputado opositor Diosnel Aguilera, quien abandonó la sesión junto a sus colegas. Los manifestantes exigen que el Estado aumente su aporte al menos al 14%, en línea con estándares internacionales, en lugar de trasladar el peso del ajuste a las y los trabajadores.
Esta movilización marca un punto de inflexión en la resistencia contra las políticas neoliberales que buscan desmantelar conquistas sociales históricas. La solidaridad intersectorial muestra que cuando el pueblo se organiza, puede enfrentar incluso las reformas más impopulares impulsadas desde el poder.

LA REFORMA EDUCATIVA PANAMEÑA: ¿MODERNIZACIÓN O NEGOCIO PRIVATIZADOR?

| ★ EDUCACIÓN |

(★) Panamá.- Una discusión que enmascara la mercantilización de la enseñanza pública.

La primera reforma educativa en Panamá desde 1946 se presenta como una "modernización necesaria", pero detrás del discurso oficial se esconde una peligrosa agenda privatizadora impulsada por asesores libertarios. El gobierno de José Raúl Mulino, al tiempo que anuncia su iniciativa, ya muestra las grietas de un proyecto que prioriza los intereses del mercado sobre el derecho a la educación. Los gremios docentes alertan con razón: esta reforma podría convertir las aulas en negocios y precarizar aún más la labor educativa.
Infobae, como medio del establishment neoliberal, presenta el debate como una mera "tensión institucional" entre Ejecutivo y Legislativo, invisibilizando la verdadera disputa: educación como derecho social versus educación como mercancía. Su cobertura omite deliberadamente las advertencias de los sindicatos docentes y normaliza la participación de "expertos internacionales" vinculados a organismos que promueven la estandarización mercantil.
Las pruebas PISA, citadas como "evidencia" de la necesidad de reforma, no son más que instrumentos de control neoliberal que buscan homogenizar los sistemas educativos bajo parámetros de competitividad capitalista. Estas evaluaciones internacionales, creadas por la OCDE -organización que representa los intereses de las economías más ricas-, miden la educación con la misma lógica con que se evalúa una empresa: eficiencia, productividad y adaptación al mercado laboral.
La educación privada, lejos de ser la solución, es parte del problema estructural. Mulino reconoce la brecha entre sistemas público y privado, pero su reforma podría profundizarla al abrir las puertas a mayor injerencia empresarial. Cuando el sector privado entra en educación, lo hace para obtener ganancias, no para garantizar derechos. La calidad educativa se mide entonces en términos de rentabilidad, no de formación integral.
La participación del creador de PISA en las conferencias legislativas revela la verdadera orientación: adaptar el sistema panameño a los estándares globales del capital, no a las necesidades del pueblo. Esta reforma, promovida por asesores libertarios, busca desmantelar lo público para convertirlo en nicho de negocio, afectando la estabilidad laboral docente y la calidad educativa de las mayorías.
Al tiempo que se anuncia mayor acceso a tecnología, se oculta que la verdadera modernización requiere más inversión pública, mejores salarios docentes y currículos críticos, no adaptados al mercado. La educación no es un servicio que se compra y vende; es un derecho que el Estado debe garantizar. Panamá necesita una reforma, pero una que fortalezca lo público, no que la entregue al capital.

LA NUEVA INTERVENCIÓN: BUQUES DE GUERRA ESTADOUNIDENSES OCUPAN PUERTO PRÍNCIPE

| ★ POLÍTICA IMPERIAL |

(★) Haiti.- Washington despliega su poderío naval en Haití a días del fin del gobierno de transición.

La historia se repite en el Caribe. El Comando Sur de Estados Unidos ha desplegado tres buques de guerra en la bahía de Puerto Príncipe, en lo que los medios oficialistas norteamericanos presentan como una operación humanitaria pero que analistas progresistas califican como injerencia descarada. El destructor USS Stockdale y los guardacostas USCGC Stone y USCGC Diligence arribaron bajo órdenes directas del secretario de Defensa Pete Hegseth, en el marco de la operación "Southern Spear".
Esta avanzada militar coincide con el vencimiento del mandato del Consejo Presidencial de Transición haitiano el próximo 7 de febrero. Al tiempo que la Marina estadounidense fortalece su presencia, el Departamento de Estado anuló visados a dos miembros del CPT acusándolos de vínculos criminales, en una clara presión política sobre el proceso de sucesión.
La embajada estadounidense tuitea sobre "compromiso con la seguridad" en paralelo con operaciones que han dejado más de 100 muertos en el Caribe según reportes. El régimen Trump intensifica así su control sobre lo que históricamente ha considerado su patio trasero, utilizando la crisis haitiana como pretexto para proyectar poder militar en la región. Por otra parte, esta movilización ocurre en el contexto del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, mostrando un patrón de intervencionismo que se extiende por América Latina.
La presencia de buques de guerra en aguas haitianas evidencia cómo Washington instrumentaliza las crisis sociales para justificar ocupaciones militares, al tiempo que debilita la soberanía de los pueblos caribeños. Esta avanzada no busca estabilidad sino consolidar la hegemonía estadounidense en una región que resiste décadas de injerencia y saqueo neoliberal.

DAGA ATLÁNTICA: EL EJERCICIO MILITAR QUE MARCA EL ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO CON WASHINGTON

| ★ POLÍTICA |

(★) Argentina.- Argentina y Estados Unidos preparan el mayor despliegue militar conjunto en décadas, reavivando debates sobre soberanía y política exterior.

El gobierno de Javier Milei abre las puertas del territorio nacional al ejército imperial estadounidense. El ejercicio "Daga Atlántica", programado para el 6 de abril, representa la culminación de una política de sumisión que entrega soberanía y recursos estratégicos a cambio de alineamiento geopolítico.
El operativo, calificado como "el más importante de los últimos 25 años" por fuentes oficiales, involucra a las fuerzas de élite norteamericanas -Green Berets, Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y MARSOC- que desplegarán aeronaves, helicópteros Black Hawk y equipamiento de última generación en territorio patagónico. Al mismo tiempo, las unidades argentinas de comandos, buzos tácticos y fuerzas especiales se entrenarán bajo doctrina estadounidense, estandarizando técnicas y procedimientos que consolidan la dependencia militar y dan clara muestra de la anexión de las fuerzas policíacas argentinas a los intereses yanquis.
La injerencia norteamericana se materializa en Tierra del Fuego y Santa Cruz, regiones ricas en recursos naturales y con valor geoestratégico clave. Este despliegue sin precedentes desde los años 90 ocurre al tiempo que se firman acuerdos comerciales que benefician principalmente a Washington. La política exterior argentina se reduce a una entrega sistemática: primero los recursos económicos, ahora la soberanía territorial y militar.
No puede haber ejercicios conjuntos con una fuerza genocida que entrenó a los represores de la última dictadura y que mantiene bases militares en todo el continente para controlar recursos y someter pueblos. Estados Unidos es un ejército imperial responsable de golpes de Estado, intervenciones militares y políticas de saqueo en América Latina. Su presencia en territorio argentino no fortalece la defensa regional, sino que consolida la dominación neocolonial.
La "confianza estratégica" que celebra el gobierno es en realidad la confirmación de que Argentina acepta el rol de patio trasero. Mientras el pueblo sufre ajustes y privatizaciones, se destinan recursos públicos a recibir tropas extranjeras que históricamente han sido enemigas de la soberanía latinoamericana. Esta entrega militar debe ser rechazada con la misma fuerza que se condena la entrega económica: porque la independencia nacional es indivisible y porque no hay ejercicio ni pacto posible con quienes formaron a nuestros verdugos.


PARAGUAY: EL MODELO EXTRACTIVISTA QUE NACIÓ EN LA DICTADURA

| ★ MODELO NEOLIBERAL |

(★) Paraguay.- La herencia stronista sigue marcando a fuego la estructura agraria del país.

La dictadura de Alfredo Stroessner no solo fue un régimen político represivo, sino que forjó el modelo económico excluyente que hoy domina Paraguay. Durante el stronismo se consolidó una Estructura Social Autoritaria de Acumulación basada en tres pilares: un contexto internacional favorable para productos agrícolas, una alianza orgánica entre capital y Estado, y un aparato estatal que limitó sistemáticamente la capacidad de organización y resistencia de trabajadores y campesinxs.
El despojo fue masivo y sistemático. Cerca de ocho millones de hectáreas que debían destinarse a la reforma agraria fueron entregadas irregularmente a terratenientes, militares y aliados políticos del régimen, dando origen a las infames "tierras malhabidas". Esta transferencia equivale a casi un tercio del suelo arable del país y fue documentada por la Comisión de Verdad y Justicia en 2008.
Las consecuencias sociales fueron devastadoras. El campesinado, que a mediados del siglo XX representaba más del 50% de la población, sufrió desplazamiento masivo. Al mismo tiempo, se consolidó una élite terrateniente con poder político y económico estrechamente ligada al régimen autoritario. Hoy, el 2% o menos de los propietarios concentra alrededor del 80% de la superficie productiva, mientras cientos de miles de familias campesinas e indígenas permanecen en pobreza extrema.
Este patrón de acumulación provocó profunda degradación ambiental, con pérdida de ecosistemas estratégicos como el Bosque Atlántico del Alto Paraná. La lógica exportadora y del agronegocio se afianzó como motor económico dominante, profundizando la inseguridad alimentaria local y la concentración de riqueza en manos de la oligarquía agroindustrial.
La herencia stronista demuestra que el actual modelo productivo paraguayo no fue resultado del "libre mercado", sino de un Estado autoritario que impuso un esquema de desarrollo funcional a los intereses de una minoría. Las tensiones sociales generadas entonces siguen expresándose hoy en protestas, conflictos y ocupaciones campesinas, evidenciando que la desigualdad agraria sigue siendo el núcleo duro de la conflictividad social en Paraguay.

CONVERGENCIAS POÉTICAS: CUBA REÚNE A GUILLÉN, LORCA Y FIDEL EN FESTIVAL INTERNACIONAL

| ★ POLÍTICA  CULTURAL |

(★) Cuba.- ¿Cómo dialogan las voces revolucionarias de tres continentes en un solo encuentro cultural?

Según la información de Granma, Radio Santa Cruz y TeleSUR, La Habana será epicentro del XV Coloquio y Festival Internacional Nicolás Guillén del 13 al 15 de mayo de 2026. El evento, organizado por la Fundación Nicolás Guillén, teje un complejo entramado de homenajes que trasciende lo meramente literario para convertirse en un acto de memoria colectiva.
La cita académica y artística, según explicó Nicolás Hernández Guillén, presidente de la fundación, busca aproximar la obra del poeta nacional cubano a nuevas generaciones. Pero su alcance es más ambicioso: celebra simultáneamente el centenario de Fidel Castro, los 95 años de "Sóngoro Cosongo" de Guillén, los 90 años del asesinato de Federico García Lorca y de la Guerra Civil Española, y los 65 años de la Uneac.
Leonardo Sarría, director académico de la fundación, detalló que los trabajos aceptados explorarán confluencias culturales, vanguardia y popularismo, además de las relaciones entre Guillén y Lorca. Según Radio Santa Cruz, el poeta español Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, ofrecerá la conferencia inaugural en el Aula Magna de la Universidad de La Habana.
La programación incluye exposiciones de carteles por estudiantes del Instituto Superior de Diseño, presentaciones de libros como "Buenos días Fidel" y "España" de Ediciones Sensemayá, y la proyección del documental "Lorca en La Habana". La clausura, según TeleSUR, estará a cargo del Conjunto Folclórico Nacional en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional.
Más que un evento académico, este coloquio representa un ejercicio de resistencia cultural que valora lo colectivo sobre lo individual, donde la poesía se convierte en puente entre revoluciones, continentes y generaciones.

LA MEGACÁRCEL DE LA MUERTE: MÁS DE 480 PRESOS FALLECIDOS EN EL SALVADOR BAJO EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

| ★ MODELO NEOLIBERAL |

(★) Honduras.- El modelo de seguridad de Bukele muestra su rostro más brutal con cifras escalofriantes de muertes carcelarias.

La política de "mano dura" del presidente salvadoreño Nayib Bukele ha dejado un saldo mortal que supera los 480 fallecidos en las cárceles del país centroamericano. Estas cifras, reportadas bajo el régimen de excepción que rige desde 2022, revelan las condiciones inhumanas que enfrentan miles de detenidos en nombre de la seguridad. Al mismo tiempo, el régimen Trump en Estados Unidos ha encontrado en Bukele un aliado estratégico, elogiando públicamente su gestión carcelaria como "muy humana" a pesar de las denuncias sistemáticas de torturas y violaciones a derechos humanos.
El Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT), presentado como la solución al problema de las pandillas, se ha convertido en un símbolo del autoritarismo penitenciario. Con capacidad para 40.000 reclusos, esta megacárcel mantiene a los detenidos en celdas de concreto durante 23 horas y media diarias, sin colchones, sábanas ni elementos de entretenimiento. Los testimonios de exdetenidos describen golpizas sistemáticas, disparos con perdigones y negación de atención médica básica.
La complicidad internacional se hace evidente cuando el régimen Trump deporta a cientos de migrantes hacia estas instalaciones, convirtiendo a El Salvador en un destino forzado para personas que huyen de otras violencias. Por otra parte, la retórica de "cárceles humanas" que utiliza Trump para referirse al sistema penitenciario salvadoreño contrasta brutalmente con la realidad documentada por organizaciones de derechos humanos.
El modelo de Bukele, aplaudido por sectores conservadores globales, muestra cómo la seguridad se construye sobre la deshumanización sistemática. Las casi 500 muertes en prisiones no son "daños colaterales" sino consecuencia directa de políticas que privilegian el castigo sobre la dignidad humana, en una escalada autoritaria que encuentra eco en gobiernos de derecha en todo el continente.

GLIFOSATO: EL VENENO QUE CONTAMINA NUESTRAS MESAS Y TIERRAS

| ★ DESARROLLO NEOLIBERAL |

(★).- La agroindustria tóxica expande su dominio desde los campos hasta los alimentos procesados.

La investigación del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (Idec) revela datos alarmantes: el glifosato aparece en el 50% de los ultraprocessados analisados. Galletas, fideos instantáneos, panes industriales y snacks llevan este herbicida asociado a cánceres y enfermedades crónicas. Tamara Andrade, especialista consultada, lo define sin ambages: "El glifosato es un veneno". La exposición constante, no el consumo ocasional, aumenta los riesgos para la salud. Lo más grave: no existen límites legales para residuos de agrotóxicos en ultraprocessados en Brasil, donde la regulación es 5.000 veces más permisiva que en Europa.
Al mismo tiempo, un estudio internacional coordinado por la Universidad de Vigo expone que el 70% del suelo europeo sufre contaminación por pesticidas. El glifosato lidera las detecciones, afectando bosques y praderas más allá de las áreas cultivadas. Los hongos micorrízicos, esenciales para la absorción de nutrientes, se ven especialmente dañados. La biodiversidad del suelo colapsa, alterando genes clave para el reciclaje de fósforo y nitrógeno. Esta contaminación sistémica compromete la fertilidad natural, exigiendo más fertilizantes químicos en un círculo vicioso de dependencia tóxica.
En Argentina, el problema escala con marcas como Roundup, Glacoxan y Credit expandiendo el mercado del herbicida. La situación refleja un modelo agroexportador que prioriza ganancias sobre salud y ambiente. Las empresas argumentan legalidad ante vacíos regulatorios, en tanto la ciencia acumula evidencias sobre riesgos cancerígenos. La demanda por revaluación del glifosato en Brasil enfrenta presiones económicas de poderosos intereses corporativos.
Este escenario global expone la falacia del "desarrollo" agrícola neoliberal: envenena suelos, contamina alimentos y enferma poblaciones. La agroecología emerge no como alternativa romántica, sino como imperativo de supervivencia frente a un sistema que mercantiliza hasta la salud humana. La lucha por soberanía alimentaria se vuelve, literalmente, cuestión de vida o muerte.

LA REBELIÓN SINDICAL PARALIZA CÓRDOBA Y AMENAZA CON PARO NACIONAL

| ★ NO A LA REFORMA LABORAL |

(★) Argentina.- La resistencia obrera se organiza contra la reforma laboral que busca precarizar derechos históricos.

La ciudad de Córdoba se transformó en un laberinto intransitable este jueves, con el microcentro completamente bloqueado por masivas columnas sindicales que marcharon hacia la Legislatura provincial. La protesta, que paralizó el tránsito y los principales accesos, fue el preludio de lo que se viene: los gremios amenazan con un paro general nacional para el próximo miércoles 11 de febrero, fecha en que el Senado tratará la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encabezaron la movilización, sumando el apoyo de judiciales, bancarios y personal de enfermería. Las columnas avanzaron desde Sarmiento, Olmos, Humberto Primo y Santiago del Estero, convirtiendo el centro cordobés en un escenario de parálisis total. Al mismo tiempo, la diputada electa por el MST, Celeste Fierro, calificó el proyecto oficialista como una "reforma esclavista y reaccionaria", señalando que la presión en las calles busca forzar a los senadores a votar en contra de la iniciativa.
La CGT, por su parte, llega a su reunión del viernes 6 de febrero en una posición de autohumillación, suplicando al gobierno un "diálogo" por una reforma que califican de "esclavista y antisindical". La burocracia sindical peronista da por inevitable la salida de la ley y discute apenas algunos artículos, mientras el movimiento obrero más combativo denuncia este colaboracionismo. El Plenario del Sindicalismo Combativo, los movimientos piqueteros y jubilados en lucha votaron en Parque Lezama un plan de acción claro: impulsar el paro activo y movilizar el 11 de febrero en columna independiente.
El proyecto de reforma laboral afecta a todos los sectores de la clase trabajadora, tanto activa como jubilada. La eliminación del Estatuto del Periodista, la restricción del derecho de huelga especialmente en educación y salud, y la limitación a las asambleas en los lugares de trabajo configuran un ataque integral a los derechos conquistados. A la vez, el gobierno avanza con despidos y suspensiones en el Hospital Garrahan, penalizando a delegados y activistas por medidas gremiales, sentando un precedente que apunta a prohibir la actividad sindical en el Estado.
La crisis industrial se profundiza con cierres de fábricas como Morvillo, Verónica, Aceros Berisso o Tres Arroyos, anticipando la masacre obrera que vendría de la mano de la reforma laboral. En este contexto, la resistencia se organiza desde abajo, con más de 1.000 dirigentes, delegados y activistas combativos llamando a movilizar el 11 de febrero, exigiendo paro activo nacional y un plan de lucha que enfrente no sólo la reforma laboral, sino todo el paquete de ajuste del gobierno de Milei. La lucha por los derechos laborales se transforma así en una batalla por la dignidad de toda la clase trabajadora argentina.

LA PROVINCIA OFRECE MIGAJAS DEL 2% Y LOS GREMIOS ESTATALES LE PLANTAN CARA

| ★ POLÍTICA |

(★) Argentina.- El gobierno de Kicillof intenta imponer un ajuste salarial que profundiza la pérdida del poder adquisitivo.

La reapertura de las paritarias en la provincia de Buenos Aires se transformó en un campo de batalla entre la necesidad de los trabajadores de recuperar salarios y la política de ajuste del gobierno provincial. En un contexto fiscal complejo marcado por recortes nacionales y caída de la recaudación, la administración de Axel Kicillof ofreció un magro 2% de aumento para docentes y estatales, propuesta que fue rechazada de plano por las organizaciones sindicales. Al mismo tiempo, los gremios exigen un incremento del 10% que al menos intente compensar la inflación galopante.
La negociación se desarrolla en dos frentes paralelos: por un lado, los docentes buscan acuerdos bimestrales para no quedar atrapados por la aceleración inflacionaria; por otra parte, el gobierno necesita cerrar un convenio que evite conflictos al inicio del ciclo lectivo. Los trabajadores reclaman una cláusula de ajuste que compense progresivamente los porcentajes perdidos durante 2025, cuando la inflación devoró los aumentos pactados.
La oferta del 2% representa una burla en un escenario donde la provincia perdió más de $80.000 millones por la caída de la coparticipación. Los sindicatos estatales, judiciales, docentes y médicos plantean una lucha unificada por recuperar el poder adquisitivo, en una pulseada que expone las contradicciones de un gobierno que dice defender a los trabajadores pero aplica recetas neoliberales. El conflicto escalará si no hay una propuesta seria que contemple la realidad de quienes sostienen los servicios públicos esenciales.

OCUPACIÓN INDÍGENA EN SANTARÉM: 14 PUEBLOS TOMAN AEROPUERTO CONTRA PRIVATIZACIÓN DEL TAPAJÓS

| ★ DEFENSA DE LA AMAZONÍA |

(★) Brasil.- La resistencia amazónica se intensifica frente al avance del agronegocio y la mercantilización de los ríos.

La historia del río Tapajós se remonta a la mitología Munduruku, donde nació del zumo de tres carozos de tucumã para proteger a un niño de la persecución. Hoy, ese mismo río sagrado enfrenta una nueva amenaza: la privatización impulsada por el decreto 12.600 de 2025 que lo transforma en corredor de exportación de soja. Frente a esta ofensiva, 14 comunidades indígenas del Baixo Tapajós escalaron su protesta este jueves ocupando el aeropuerto de Santarém, una ciudad de 300 mil habitantes en el corazón de la Amazonía brasileña.
La acción se suma a dos semanas de ocupación del puerto de la transnacional estadounidense Cargill, acusada de adquirir soja proveniente de territorios acaparados ilegalmente y deforestados en la Amazonía, Cerrado y Selva Atlántica. Las comunidades exigen la anulación inmediata del decreto que privatiza 3 mil kilómetros de ríos navegables -Tapajós, Madeira y Tocantins- para convertirlos en hidrovías al servicio del agronegocio.
Auricélia Arapiun, lidereza del pueblo Arapiun, fue contundente: "No saldremos hasta que el decreto sea derogado". La privatización implica dragados en 10 puntos del Tapajós que amenazan la pesca ancestral, contaminarían las aguas con metales pesados y destruirían lugares sagrados. Al mismo tiempo, el gobierno federal ya lanzó licitaciones para empresas que ejecutarán las obras sin consulta previa a los pueblos afectados, violando compromisos asumidos durante la COP30.
La estrategia estatal ha sido enviar funcionarios sin poder de decisión para entretener al movimiento, pero las comunidades rechazan diálogos parciales. Alessandra Korap, lidereza Munduruku, advierte: "Los blancos dividen en camadas, para nosotros no es así... no vienen sólo a sacarnos nuestro río, quieren sacarnos nuestro conocimiento". La lucha trasciende lo ambiental para defender modos de vida y autonomía política, como demostró el pueblo Munduruku en 2014 cuando procedió a la autodemarcación de su territorio ante la inacción estatal.
El gobierno autorizó la intervención policial federal y estatal, preparando el terreno para la represión. Mientras tanto, Cargill factura alrededor de 500 millones de dólares anuales con la comercialización de granos hacia China y Europa, beneficiándose de acuerdos del Mercosur con la Unión Europea que aumentan estas exportaciones. La transnacional construyó su terminal sobre un cementerio ancestral, simbolizando la violencia del modelo extractivista.
Esta resistencia articula a 14 pueblos indígenas, 300 familias quilombolas y comunidades de pescadores artesanales que defienden no sólo un río, sino una cosmovisión donde territorio, conocimiento y vida son indivisibles. Su lucha cuestiona radicalmente la lógica neoliberal que convierte bienes comunes en mercancías, recordando que el Tapajós no es infraestructura logística sino espacio de memoria y relación colectiva. La ocupación del aeropuerto marca un punto de inflexión donde la defensa de la Amazonía se juega en las calles, puertos y ahora terminales aéreos, desafiando al poder desde la autonomía de los pueblos originarios.



LA BURGUESÍA ARGENTINA: LACAYOS DEL IMPERIO EN NUEVO ACUERDO COLONIAL

| ★ POLÍTICA DE ENTREGA |

(★) Argentina.- La oligarquía local celebra su sometimiento a Washington mientras el país entrega soberanía a cambio de migajas.

La firma del acuerdo comercial con Estados Unidos expone la naturaleza cipaya de la burguesía argentina, que aplaude la entrega de recursos estratégicos al capital extranjero. El documento, que establece condiciones leoninas para el país, fue recibido con entusiasmo por los sectores empresariales que históricamente han privilegiado sus intereses de clase por sobre la soberanía nacional.
El régimen Trump logró imponer condiciones que garantizan el saqueo de minerales críticos como litio y cobre, al tiempo que obliga a Argentina a modificar su legislación laboral y ambiental según los intereses estadounidenses. La burguesía local, en su papel de intermediaria colonial, celebra que se eliminen aranceles para 221 productos estadounidenses a cambio de migajas: la promesa de recuperar 1.013 millones de dólares en exportaciones.
El acuerdo establece que Argentina debe "priorizar a Estados Unidos como socio comercial y de inversiones en minerales críticos por sobre economías o empresas que manipulan el mercado", una cláusula que revela el carácter geopolítico del tratado. Al mismo tiempo, el país se compromete a modificar sus regulaciones sobre bienes usados y aceptar normas técnicas estadounidenses sin cuestionamientos.
La oligarquía argentina demuestra una vez más su condición de clase parasitaria que, incapaz de desarrollar un proyecto nacional autónomo, se subordina al capital extranjero. Mientras el pueblo sufre ajustes y despidos, estos sectores festejan la entrega de recursos estratégicos y la flexibilización laboral que profundizará la precarización. El acuerdo no es más que la formalización de una relación colonial donde la burguesía local actúa como administradora de la dependencia, garantizando los intereses imperiales a cambio de mantener sus privilegios de clase en un país cada vez más empobrecido y subordinado.

EL ACUERDO MILEI-TRUMP: LA ENTREGA ESTRATÉGICA DE MINERALES CRÍTICOS

| ★ POLÍTICA DE ENTREGA |

(★) Argentina.- Argentina firma un pacto comercial con el régimen Trump que prioriza la extracción de recursos naturales por sobre la soberanía productiva.

La alineación geopolítica del gobierno de Javier Milei con el régimen Trump alcanza su punto más concreto con la firma de un Acuerdo de Comercio e Inversión "Recíproco". Este pacto, celebrado por el canciller Pablo Quirno como un "gran acuerdo", representa mucho más que una simple relación comercial: es la consolidación de una subordinación estratégica que compromete recursos naturales vitales para las nuevas tecnologías globales.
El acuerdo incluye un componente específico sobre minerales críticos, aquellos fundamentales para la transición energética y la industria tecnológica estadounidense. Al tiempo que el gobierno argentino anuncia inversiones por US$14.000 millones en proyectos mineros, especialistas advierten sobre los riesgos de una nueva dependencia extractivista. El secretario de Estado Marco Rubio definió claramente el objetivo: diversificar la oferta global de minerales críticos fortaleciendo a "países socios" como Argentina.
La firma se produce en un contexto donde la agenda doméstica estadounidense había demorado la concreción formal, pero finalmente se impusieron los intereses estratégicos del régimen Trump. Por otra parte, la Oficina Comercial de Estados Unidos liderada por Jamieson Greer, hombre de confianza de Trump, resultó clave para cerrar el acuerdo que Milei había promovido desde su visita a la Casa Blanca.
Este pacto comercial representa la materialización de una política exterior que privilegia la alineación con Washington por sobre la integración regional y la diversificación productiva. En paralelo, consolida un modelo donde Argentina se especializa como proveedor de materias primas estratégicas, reproduciendo patrones históricos de dependencia que contradicen cualquier proyecto de desarrollo soberano y sustentable.