(★) .- Una ofensiva extractivista coordinada avanza sobre las provincias argentinas con la complicidad de gobiernos provinciales.
La Patagonia se encuentra bajo asedio. En Río Negro, las empresas Trendix Mining y Mansfield Minera avanzan con proyectos de oro en Cerro Choique y Dos Lagunas, a apenas 15 y 26 kilómetros de Los Menucos. Al mismo tiempo, la intendenta Mabel Yauhar y funcionarios provinciales legitiman este saqueo bajo el discurso de "licencia social" y "diálogo transparente", mientras comunidades enteras ven amenazados sus territorios y modos de vida.
La ofensiva es coordinada y multinacional. Salta busca inversiones saudíes para litio y cobre, presentándose como provincia con "seguridad jurídica" para el capital extranjero. Santa Cruz, por su parte, profundiza su vínculo con Canadá -principal plaza financiera minera mundial- en un año récord de exportaciones donde el sector explica el 86,2% de las ventas externas provinciales. Esta dependencia monocultiva convierte a las comunidades en rehenes de las fluctuaciones del mercado internacional.
En Jujuy, el gobierno provincial organiza reuniones técnicas para analizar proyectos como Minas Quepente, simulando procesos participativos que en realidad buscan legitimar la avanzada extractiva. Por otra parte, San Luis conforma su Mesa Provincial Minera con el claro objetivo de "facilitar" las inversiones privadas, prometiendo simplificación de trámites y condiciones "competitivas" para las empresas.
Esta coordinación entre gobiernos provinciales y capitales transnacionales revela una estrategia sistemática de despojo. Cada reunión técnica, cada "mesa de diálogo", cada acuerdo internacional representa un paso más en la mercantilización de los bienes comunes. Los discursos sobre "desarrollo sustentable" y "responsabilidad ambiental" son la cortina de humo que ocupa la destrucción irreversible de ecosistemas y la violación de derechos territoriales.
La resistencia debe ser tan coordinada como la ofensiva extractivista. Frente a esta avanzada depredadora, solo la organización comunitaria, la defensa del territorio y la construcción de alternativas populares pueden frenar el saqueo que hoy se presenta como "progreso" y "desarrollo". El tiempo de actuar es ahora, antes de que nuestros ríos sean contaminados, nuestras montañas dinamitadas y nuestras comunidades desplazadas en nombre del oro, el litio y las ganancias de unos pocos.

