(★) .- Mientras algunos estados anuncian mejoras, Brasil pierde masivamente instituciones educativas campesinas.
La realidad educativa brasileña presenta un cuadro de contrastes profundos. Por un lado, iniciativas estatales como las del Acre promueven la conectividad en escuelas rurales e indígenas, un avance tecnológico necesario en regiones históricamente marginadas. Por otro, un desmonte sistemático elimina instituciones educativas fundamentales para las comunidades campesinas.
Brasil perdió 111 mil escuelas rurales en 24 años, según datos del Censo Escolar 2024. Esta cifra alarmante revela una política de vaciamiento territorial que afecta directamente la soberanía alimentaria y la permanencia de jóvenes en el campo. El agronegócio aparece como principal impulsor de este proceso, con plantaciones de soja y proyectos eólicos desplazando comunidades enteras y sus espacios educativos.
Las consecuencias son devastadoras. Familias como la del pescador Sebastião Rodrigues Pereira en Marajó ven cómo escuelas con 53 años de historia cierran sin consulta previa. Niños y adolescentes enfrentan trayectos peligrosos por ríos que se secan, llegando "apavorados" a sus hogares después de jornadas extenuantes que comienzan antes de las 6 AM. La desconexión con sus raíces y tradiciones se profundiza.
La legislación brasileña establece salvaguardas para evitar cierres arbitrarios, exigiendo consulta comunitaria previa. Sin embargo, la práctica muestra otra realidad: avisos de viernes para cierres de lunes, reuniones ignoradas, comunidades enteras desoídas. Este patrón sistemático viola principios constitucionales de gestión democrática y derecho a la educación.
La resistencia comunitaria persiste. Agricultoras como Iliane Meier denuncian que "están matando la voluntad del joven de quedarse en el campo". Profesoras investigadoras documentan cómo el cierre de escuelas coincide geográficamente con la expansión del agronegócio. La lucha por mantener estos espacios educativos es, en esencia, una defensa de modos de vida alternativos al modelo extractivista.
La contradicción entre avances tecnológicos puntuales y desmonte estructural revela una política educativa fragmentada. Mientras se implementan mejoras digitales en algunas regiones, se destruye el tejido social educativo en otras. Esta dualidad exige una reflexión profunda sobre qué modelo de desarrollo rural pretende Brasil y qué papel juega la educación en la construcción de soberanía alimentaria y territorial.
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