(★) .- La presidenta presenta una reforma histórica que protege a artistas del doblaje de la IA y garantiza espacios para el cine nacional.
El gobierno de Claudia Sheinbaum lanzó una ofensiva cultural contra el legado neoliberal en el cine mexicano. La iniciativa de Ley Federal de Cine y el Audiovisual busca enterrar la legislación vigente desde 1992, considerada obsoleta y mercantilista por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel. La funcionaria fue clara: la vieja norma surgió en un contexto neoliberal donde el cine era tratado como mercancía. La nueva propuesta se fundamenta en derechos culturales, acceso democrático y pluralidad.
Entre los cambios estructurales destaca la garantía del 10% de exhibición de cine nacional en salas, con revisiones semestrales y ajustes semanales en cartelera. Se amplía de siete a catorce días la permanencia mínima en pantalla para producciones mexicanas. Las plataformas digitales deberán contar con secciones dedicadas a recomendar y mostrar programación nacional. El Estado asume el compromiso de incrementos presupuestales progresivos y la articulación de una política cinematográfica descentralizada.
La reforma incluye protección específica para intérpretes de doblaje frente a la inteligencia artificial. Se reconoce la voz humana como herramienta artística única, estableciendo que el uso de voz e imagen requiere consentimiento informado. Se prevén sanciones por uso no autorizado y mecanismos ágiles de resolución de conflictos mediante el INDAUTOR. Sheinbaum anunció que se darán a conocer nuevos incentivos para la industria, con la participación de Salma Hayek, quien ha impulsado personalmente estos estímulos.
La iniciativa representa un giro copernicano en la política cultural mexicana. Abandona la lógica de mercado que dominó por décadas para colocar la creación artística como derecho fundamental. La propuesta será enviada al Congreso para su análisis, donde se definirá el alcance final de estas medidas que buscan posicionar a México entre los principales centros de producción audiovisual del mundo. Más que una simple actualización legal, es una declaración de principios: la cultura no es negocio, es patrimonio colectivo.
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