GLACIARES BAJO ASEDIO: EL GOBIERNO QUIERE DESPROTEGER LAS RESERVAS ESTRATÉGICAS DE AGUA

(★) .- La reforma a la Ley de Glaciares que impulsa el oficialismo amenaza con vaciar de contenido la protección ambiental y entregar a las provincias la discrecionalidad para decidir qué cuerpos de hielo merecen resguardo.

El Congreso nacional debate una modificación que, bajo el disfraz de "interpretación", busca en realidad desmantelar la protección de glaciares y ambientes periglaciales. El proyecto oficialista pretende redefinir el concepto de ambiente periglacial y otorgar a las provincias la facultad de determinar qué áreas cumplen funciones hídricas estratégicas. Esta maniobra, impulsada por las mesas del Litio y el Cobre, busca allanar el camino para proyectos mineros que hoy están bloqueados por la normativa vigente.
La reforma representa un retroceso ambiental sin precedentes. Organizaciones especializadas alertan que cerca del 36% del territorio continental argentino depende de cuencas alimentadas por deshielo glaciar. Los glaciares actúan como reservas estratégicas que regulan el caudal de ríos cordilleranos, especialmente cruciales en épocas de sequía. La modificación propuesta vacía el Inventario Nacional de Glaciares de contenido científico, sometiéndolo a criterios políticos provinciales. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales perdería autonomía técnica, obligado a eliminar cuerpos de hielo del inventario ante simples peticiones provinciales.
El proyecto es manifiestamente inconstitucional. Viola el sistema de presupuestos mínimos ambientales establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, reemplazando la protección uniforme por un "federalismo de fragmentación" donde cada provincia decide qué proteger. Esta modificación contradice abiertamente el fallo de la Corte Suprema de 2019 que ratificó la constitucionalidad de la ley actual. La iniciativa convierte el principio precautorio en su opuesto, permitiendo actividades hasta que se demuestre daño en lugar de prohibirlas ante la incertidumbre.
La desprotección afectaría directamente a siete millones de personas que dependen de cuencas alimentadas por glaciares. Provincias como San Juan, Mendoza y Catamarca, con fuerte lobby minero, presionan para flexibilizar las restricciones. Proyectos como Los Azules, El Pachón y Josemaría, que afectan glaciares de escombro, podrían avanzar si se aprueba la reforma. La modificación funcionaría como convalidación retroactiva de proyectos ya aprobados violando la ley vigente.

En un contexto de crisis climática acelerada, donde el retroceso glaciar es irreversible, debilitar la protección ambiental constituye una irresponsabilidad histórica. La ley actual representa un piso mínimo de protección que las provincias pueden complementar pero nunca reducir. Esta reforma sienta un precedente peligroso: cualquier norma de presupuestos mínimos podría ser reinterpretada según conveniencias políticas locales, destruyendo la tutela ambiental uniforme que exige nuestra Constitución.

Esta avanzada del régimen Milei, se genera en el medio de una serie de avanzadas (ley de reforma laboral, ley de baja de la edad de imputabilidad, entre otras), como parte de la estrategia del shock, par que las luchas se dividan, se fragmenten, se debiliten. Como pueblo debemos comenzar a evaluar las causantes de los males que nos aquejan ( o que generarán un malestar irreversible, tanto en lo ambiental climático como en lo laboral, social y económico), para encontrar una única lucha en común que nos unifique y que tenga efectos más concretos. "¡Fuera Milei!".