EL ACUERDO DE LAS CÚPULAS: BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD A 14 AÑOS

| ★ POLÍTICA |

(★) Argentina.- La derecha parlamentaria avanza con su agenda punitivista mientras organizaciones sociales reclaman políticas de inclusión

La Cámara de Diputados convocó para el próximo jueves 12 de febrero una sesión especial para tratar el polémico proyecto de régimen penal juvenil. En un acuerdo entre el oficialismo y la oposición dialoguista, se estableció bajar la edad de imputabilidad a 14 años, aunque el gobierno insiste en llevarla a 13. Al mismo tiempo, desde diversos sectores se alzan voces críticas que reclaman políticas preventivas antes que medidas represivas.

El legislador radical Miguel Nicolás expresó su posición ante el debate parlamentario: "Estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad, pero el sistema actual no ofrece condiciones para que esta medida pueda llevarse adelante con éxito". Desde la Pastoral Social de la Iglesia, el padre Fabián Monte consideró que "se deben atacar las causas que llevan a un menor a delinquir", ratificando una postura crítica que también se extiende a la reforma laboral.

Este consenso entre las cúpulas políticas contrasta con las demandas de organizaciones sociales y referentes comunitarios que insisten en la necesidad de abordar las problemáticas desde la educación y la inclusión. La discusión parlamentaria se da en un contexto donde las políticas neoliberales profundizan la exclusión social, generando las condiciones estructurales que luego se pretenden resolver con más represión.

El proyecto que se debatirá el jueves representa un giro punitivista en la política de seguridad, al tiempo que se desfinancian programas sociales y educativos. Por otra parte, la insistencia del oficialismo en llevar la edad a 13 años muestra la radicalización de un discurso que responsabiliza a la juventud empobrecida por las consecuencias de un modelo económico excluyente.

Las organizaciones de derechos humanos y sociales alertan sobre el riesgo de criminalizar la pobreza juvenil en lugar de generar oportunidades reales de inclusión. En tanto que el sistema carcelario argentino ya muestra graves deficiencias, incorporar adolescentes al circuito penal sin políticas de contención social previa agravaría la situación. La verdadera seguridad, sostienen estos sectores, se construye con más escuelas, menos represión y políticas que ataquen las causas estructurales de la violencia.