(★) .- El intento de Milei por licuar la ley que protege las reservas hídricas estratégicas del país.
La Cordillera de los Andes guarda un tesoro que hoy está en la mira del extractivismo más voraz: 16.968 cuerpos de hielo que cubren 8.484 km², reservas estratégicas de agua dulce de las que dependen más de siete millones de personas en 1.800 localidades. Al mismo tiempo, seis multinacionales mineras -Barrick Gold, Lundin Mining, Shandong Gold, BHP, Río Tinto y Glencore- presionan para modificar la Ley de Glaciares y acceder a estos territorios protegidos.
El proyecto de reforma impulsado por el gobierno nacional representa un retroceso ambiental sin precedentes. Por una parte, vacía de contenido el Inventario Nacional de Glaciares al permitir que las provincias decidan discrecionalmente qué cuerpos de hielo merecen protección. Por otra parte, viola el principio constitucional de presupuestos mínimos ambientales, transformando un sistema de protección uniforme en un "feudalismo administrativo" donde cada gobernador puede negociar con las corporaciones.
Los proyectos mineros están literalmente sobre el hielo: Josemaría cortaría el glaciar GE 110, El Pachón se asienta sobre un glaciar de escombros, y Veladero ya afectó glaciares como el Almirante Brown. El secretario de Minería Luis Lucero fue claro: "El 75% de los proyectos de cobre necesitan que el tema glaciares se resuelva". La reforma busca precisamente eso: habilitar megaproyectos que hoy son ilegales.
Más de 30 organizaciones ambientales y 85 constitucionalistas han denunciado la inconstitucionalidad de esta modificación. El derecho humano al agua, reconocido por la ONU en 2010 y protegido por la Corte Suprema argentina, está siendo canjeado por inversiones extranjeras que operan bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El desmantelamiento de organismos científicos como el IANIGLA busca eliminar la evidencia técnica que sustenta la protección actual.
Esta batalla trasciende lo ambiental para convertirse en una disputa civilizatoria: entre un modelo extractivista que prioriza el lucro de corporaciones transnacionales y la defensa de los bienes comunes que garantizan la vida. Las comunidades que dependen del agua de deshielo enfrentan no solo la amenaza de la escasez hídrica, sino la complicidad de un Estado que entrega soberanía a cambio de dólares fugaces.