(★) .- Las cifras oficiales revelan una crisis sanitaria que el gobierno de Noboa parece incapaz de contener.
La tuberculosis, enfermedad que muchos creían controlada, regresa con fuerza devastadora al Ecuador. Los datos del Ministerio de Salud pintan un panorama desolador: en 2025 se registraron 297 muertes, un aumento del 127% respecto a las 131 defunciones de 2024. Los contagios se dispararon de 5.476 casos a 9.142, lo que representa un crecimiento del 67%. Lo más alarmante: el 63% de las víctimas tenía entre 20 y 49 años, población económicamente activa que debería estar en plena productividad.
Las primeras cuatro semanas de 2026 confirman la tendencia ascendente, con 13 fallecimientos frente a los cuatro del mismo período en 2025. El Observatorio de la Implementación del Sistema de Información de Salud exige transparencia y reclama la declaratoria oficial de epidemia. Epidemiólogos como Ricardo Cañizares y el exministro Francisco Andino confirman que técnicamente ya existe una epidemia que trascendió las cárceles para instalarse en las comunidades.
Guayas concentra el 58% de los casos nacionales, evidenciando las desigualdades territoriales en el acceso a la salud. Entre los factores que explican este desastre sanitario están el cierre del hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela, sistemas de vigilancia epidemiológica deficientes, hacinamiento carcelario, desnutrición en sectores populares y cambios en los esquemas de tratamiento. A la vez, la fuente consultada revela que el sistema de salud enfrenta un colapso generalizado: escasez de medicamentos esenciales, 35% de equipos hospitalarios fuera de servicio y reducción drástica de cirugías.
Especialistas recomiendan declarar emergencia sanitaria en la Zona 8 y crear comisiones interinstitucionales. La crisis de tuberculosis se desarrolla en paralelo con un sistema sanitario que médicos denuncian como colapsado, con falta de insumos quirúrgicos y personal especializado. Esta convergencia de factores configura una tormenta perfecta donde las poblaciones más vulnerables pagan con sus vidas las fallas estructurales de un modelo que prioriza el ajuste fiscal sobre el derecho a la salud.
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