CERRO BLANCO: EL FANTASMA MINERO QUE RESUCITA CON NUEVO NOMBRE

(★) .- La estrategia corporativa del lavado verde llega a la minería centroamericana con un simple cambio de etiqueta.

Durante casi dos décadas, el proyecto minero Cerro Blanco ha sido sinónimo de corrupción, ilegalidades y resistencia comunitaria en la frontera entre Guatemala y El Salvador. Ahora, organizaciones ambientalistas denuncian que la empresa canadiense Aura Minerals busca reactivar esta operación fracasada bajo el nuevo nombre "Era Dorada", en lo que califican como una estrategia de engaño a poblaciones e inversionistas.
La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), junto al Colectivo Ecologista Madre Selva y el movimiento Resistencia Miteca, exponen que este cambio de marca busca ocultar un historial nefasto. El proyecto, ubicado a menos de nueve kilómetros de la frontera con El Salvador, representa una amenaza directa para la cuenca transfronteriza Ostúa-Guija-Lempa y vulnera derechos fundamentales al agua, ambiente sano y salud.
Desde Honduras, las organizaciones señalan patrones alarmantes: MINOSA, subsidiaria de Aura Minerals, ha operado por más de 40 años con impunidad, siendo responsable de destrucción ambiental, desplazamiento de comunidades, daños al patrimonio cultural e incluso profanación de cementerios ancestrales. Estas prácticas no son aisladas sino parte de un modelo extractivista que prioriza ganancias sobre derechos humanos.
La licencia de explotación de Cerro Blanco, otorgada en 2007, fue concedida sin cumplir requisitos técnicos ni científicos, y sin consultar a la población de Asunción Mita. Durante 18 años, este proyecto fracasado no ha extraído oro ni plata, manteniéndose vigente únicamente por corrupción y negligencia estatal.
En junio de 2024, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala canceló la actualización fraudulenta del Estudio de Impacto Ambiental otorgada durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei, tras descubrir pérdida de más de 800 folios, firmas falsificadas y posibles delitos de abuso de autoridad.
Las comunidades transfronterizas llevan casi veinte años ejerciendo su derecho a la defensa del territorio y al agua. Exigen el cierre definitivo de la licencia ambiental o, en su defecto, un nuevo estudio integral que evalúe impactos reales sobre la cuenca compartida. La lucha contra este fantasma minero que pretende resucitar con nuevo nombre sigue viva, demostrando que la resistencia comunitaria es más fuerte que cualquier estrategia corporativa de lavado verde.