| ★ POLÍTICA EXTRACTIVISTA |
(★) Brasil.- El Congreso brasileño consuma uno de los mayores retrocesos ambientales de la historia del país.
El texto legal crea mecanismos de licenciamiento autodeclaratorio que debilitan el control estatal, delega excesivas competencias a estados y municipíos generando fragmentación normativa, e introduce la Licencia Ambiental Especial (LAE) que torna el proceso más susceptible a interferencias políticas. Al mismo tiempo, viola múltiples artículos constitucionales incluyendo el derecho al medio ambiente equilibrado, a la vida, a la salud y los derechos de los pueblos indígenas.
La norma fue sancionada con vetos por el presidente Lula en agosto, pero el Congreso derribó 56 de las 63 restricciones en noviembre, demostrando la fuerza del lobby empresarial en el legislativo. En paralelo, organizaciones socioambientales ya presentaron acciones de inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal (STF), incluyendo una demanda conjunta de Greenpeace Brasil con otras 13 entidades que busca suspender inmediatamente la aplicación de esta ley y su complementaria.
Este desmonte sistemático de las protecciones ambientales ocurre en un contexto donde la Amazonía enfrenta presiones históricas y el modelo extractivista avanza sin freno. La judicialización de los conflictos ambientales parece ser el próximo capítulo de esta batalla, donde las comunidades afectadas y organizaciones de base deberán redoblar la resistencia frente a un Estado que abdica de su función protectora.
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