| ★ POLÍTICA NEOLIBERAL |
(★) EEUU.- La justicia estadounidense vuelve a fallar a las víctimas mientras protege a los cómplices de la red de abuso sexual.
La publicación de más de 3 millones de documentos del caso Jeffrey Epstein ha desatado una tormenta de indignación entre las sobrevivientes, quienes denuncian que el Departamento de Justicia priorizó proteger a los poderosos en lugar de garantizar transparencia y justicia. Las redacciones mal manejadas expusieron datos personales de casi 100 víctimas, generando una "emergencia en desarrollo" con amenazas de muerte y acoso mediático contra las sobrevivientes.
Los archivos revelan un patrón sistemático de protección a quienes facilitaron la red de Epstein. Nombres de posibles co-conspiradores aparecen completamente censurados en borradores de acusación de la década de 2000, al tiempo que correos electrónicos muestran cómo personas no identificadas ofrecían "nuevas brasileñas" de 19 años o "tres jóvenes pobres muy buenas" al delincuente sexual. Por otra parte, el funcionario del Departamento de Justicia admitió que solo censuraron nombres de mujeres, nunca de hombres, argumentando que algunas víctimas se convirtieron en "participantes y cómplices".
La situación se agrava al considerar que el vicesecretario de Justicia Todd Blanche reconoció errores pero minimizó su gravedad, en tanto que el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios han pedido "seguir adelante". El Congreso forzó esta divulgación mediante la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein aprobada en noviembre pasado, a pesar de las objeciones iniciales del régimen Trump. Legisladores como Ro Khanna y Thomas Massie denuncian que el Departamento "ha protegido a la clase Epstein con censuras generalizadas" mientras fallaba en resguardar la identidad de las sobrevivientes.
La dimensión argentina del caso emerge con menciones a posibles víctimas locales y un viaje frustrado de Epstein al país, aunque los detalles permanecen oscuros. Lo que queda claro es que el sistema judicial estadounidense sigue operando como un mecanismo de protección para las élites, donde la justicia para las víctimas queda subordinada a los intereses políticos y económicos de quienes mantuvieron vínculos con el depredador sexual. La lucha por los archivos completos continúa, pero la verdadera batalla es contra una estructura de poder que normaliza la impunidad de los poderosos.

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