| ★ POLÍTICA |
(★) Argentina.- Un mapa interactivo revela que más de 13 millones de hectáreas ya están en manos foráneas.
La ofensiva del gobierno por derogar la Ley de Tierras de 2011 no es casualidad. Mientras el ejecutivo habla de "liberar inversiones", un mapa interactivo desarrollado por investigadores del CONICET y la UBA muestra la cruda realidad: más de 13 millones de hectáreas argentinas, equivalente a toda Inglaterra, ya están controladas por capitales extranjeros. El 5% del territorio nacional está en manos foráneas, con Estados Unidos liderando el ranking con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España.
La situación se vuelve alarmante al analizar los datos por departamento. Existen 36 departamentos que ya superan el límite del 15% establecido por la ley vigente. Cuatro casos son particularmente graves: Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, y Molinos y San Carlos en Salta, donde la extranjerización supera el 50%. Todos estos territorios concentran bienes estratégicos como agua dulce, recursos minerales o están ubicados en zonas fronterizas sensibles.
El patrón es claro: las áreas más codiciadas son las cordilleranas, limítrofes y aquellas con recursos hídricos estratégicos. Departamentos como Iguazú en Misiones, Ituzaingó y Berón de Astrada en Corrientes, y Campana en Buenos Aires, todos sobre el río Paraná, superan ampliamente el 30% de extranjerización. Esta concentración en vías navegables y acuíferos revela una estrategia de apropiación de recursos vitales.
La derogación de la ley no busca inversiones productivas, sino facilitar la apropiación de territorios con valor natural excepcional. En un contexto global de disputa por recursos estratégicos, desarmar las protecciones existentes reconfigura quién decide sobre espacios sensibles del país. La resistencia organizada y la información precisa son herramientas clave para defender la soberanía territorial frente a este avance extractivista que amenaza el futuro colectivo.
Entrevista de Radio Provincia a Matías Oberlin, becario del CONICET e integrante del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la UBA
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