LA CGT: ENTRE LA INACCIÓN Y LA COMPLICIDAD EMPRESARIAL

| ★ POLÍTICA |

(★) Argentina.- Mientras el gobierno avanza con una reforma laboral que restringe derechos fundamentales, la conducción de la CGT demuestra más preocupación por mantener su estructura burocrática que por defender a los trabajadores.

La fractura interna del gremialismo se profundiza ante la reforma laboral que busca limitar el derecho de huelga. Si bien la Unión Obrera Metalúrgica de Abel Furlán intenta convocar un paro general, la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) se alinea con la estrategia de la CGT, descartando sumarse a lo que califican como una iniciativa "inorgánica". Esta división refleja la incapacidad de la central obrera para articular una respuesta contundente frente a un proyecto que amenaza derechos laborales históricos.

Los gremios del transporte, liderados por Juan Carlos Schmid, optaron por esperar las negociaciones entre la CGT y el gobierno, que se retoman esta semana en el Senado. Sin embargo, su principal preocupación radica en el artículo que redefine el derecho de huelga, ampliando la lista de "servicios esenciales" y estableciendo prestaciones mínimas obligatorias del 75% al 50% según el sector. Esta modificación, según los sindicatos, cercenaría la capacidad de acción de los trabajadores.

La postura de la CATT cuenta con el respaldo de figuras como Omar Pérez de Camioneros y Juan Pablo Brey de Aeronavegantes, pero enfrenta resistencia interna. Dirigentes como Pablo Biró de pilotos y Edgardo Llano de APA se muestran más alineados con la propuesta de Furlán de anticipar un paro general. Biró fue contundente: "Si la CGT se pone combativa y resiste podrá cambiar la realidad; si no, le gritarán 'poné la fecha'. Las bases piden respuesta a la conducción".

El proyecto incluye una extensa lista de servicios considerados esenciales que afecta directamente al transporte: aeronáutica comercial, control de tráfico aéreo y portuario, transporte marítimo y fluvial, entre otros. Para actividades de "importancia trascendental", como el transporte terrestre y subterráneo, se establecen garantías mínimas del 50%.

La inacción de la CGT frente a esta ofensiva legislativa revela una conducción más interesada en mantener diálogos formales que en organizar la resistencia. Los trabajadores enfrentan una reforma que podría destruir derechos conquistados durante décadas, en tanto la burocracia sindical prioriza su supervivencia institucional sobre la defensa de los intereses laborales. La historia juzgará esta complicidad pasiva como una traición a la clase trabajadora argentina.