| ★ POLÍTICA |
(★) Chile.- La violencia estatal se ensaña contra quienes solo buscan un techo digno.
La madrugada del lunes amaneció con gases lacrimógenos y carros hidrantes en el cerro Centinela de San Antonio. Más de 2.200 familias enfrentan el desalojo forzoso de viviendas construidas con sus propias manos durante seis años de lucha. Lo que comenzó en 2019 como una toma masiva que albergó a más de 10.000 personas hoy se convierte en escenario de represión sistemática. La Corte Suprema ordenó la evacuación en noviembre pasado, pero la resistencia popular se mantiene firme.
Carabineros desplegó un operativo masivo desde las 7:30 horas, utilizando lanzagases y lanzaaguas para dispersar a pobladores que levantaron barricadas con neumáticos y alambres de púas. La primera línea de defensa está compuesta principalmente por mujeres, estudiantes y familias completas que rechazan abandonar sus hogares. En medio de la confrontación, se reportaron incidentes graves: un niño alcanzado por perdigones, intentos de atropello contra menores y personas convulsionando por el estrés y los gases.
El gobierno anunció un programa de expropiación para 100 de las 215 hectáreas, destinadas a un proyecto habitacional. Pero las 115 hectáreas restantes deben ser desalojadas progresivamente, comenzando por las parcelas 11, 13 y 15 este lunes. Las autoridades habilitaron un albergue temporal en el Colegio España, pero las familias prefieren resistir en sus casas antes que aceptar soluciones temporales que perpetúan la precariedad.
La solidaridad se multiplica: vecinos de otros campamentos llegan con materiales para reforzar barricadas, mientras niños y niñas colaboran en tareas de apoyo en zonas menos expuestas. La comunidad denuncia que Carabineros habría incendiado dos viviendas y cortado el suministro eléctrico, dejando a las familias en total vulnerabilidad. Como respuesta, pobladores incendiaron dos máquinas policiales.
Esta megatoma representa la crisis habitacional estructural que afecta a Chile. Mientras el Estado invierte en represión, miles de familias siguen sin acceso a vivienda digna. La resistencia en San Antonio no es vandalismo: es la lucha desesperada de quienes han sido excluidos del sistema. Cada barricada levantada, cada molotov lanzado, grita que el derecho a la vivienda no se negocia ni se reprime. La solidaridad popular debe fortalecerse frente a un Estado que prefiere desalojar antes que solucionar.
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