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(★) Argentina.- Una avanzada legislativa que entrega soberanía y recursos naturales a corporaciones internacionales.
La historia de la propiedad de la tierra en Argentina vuelve a escribirse con tinta neoliberal. El gobierno de Javier Milei, a través del Consejo de Mayo, impulsa una reforma que desmantela la Ley de Tierras sancionada en 2011, eliminando restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Esta medida, presentada como "incentivo a la inversión", en realidad consolida un proceso de extranjerización que ya controla 13,2 millones de hectáreas, el 4,97% del territorio rural nacional.
La propuesta oficial libera completamente la adquisición por parte de privados extranjeros, manteniendo sólo una restricción cosmética para entes estatales foráneos. Esta modificación estratégica vacía de contenido la protección soberanista original, especialmente al eliminar la cláusula que excluía las tierras rurales del concepto de "inversión" protegida por tratados internacionales, exponiendo al país a demandas en tribunales como el CIADI. Paralelamente, se modifica el régimen de Manejo del Fuego, derogando artículos que impedían cambiar el uso productivo de campos incendiados durante 30 a 60 años, lo que funciona como premio a quienes muchas veces provocan incendios intencionales para reorientar negocios.
El análisis político revela que esta reforma responde a lineamientos geopolíticos estadounidenses, particularmente la "Estrategia de Seguridad Nacional 2025" de Trump, que busca asegurar minerales críticos como litio y tierras raras. Empresas controladas por fondos como BlackRock y Vanguard Group, que ya operan en proyectos mineros, necesitan eliminar estas restricciones para expandirse. La Patagonia, con sus recursos hídricos y turísticos, ya muestra concentraciones extranjeras alarmantes: en Neuquén, capitales holandeses y suizos controlan extensiones significativas, mientras fondos soberanos árabes avanzan sobre nacientes de ríos.
Esta desregulación profundiza un modelo extractivista que confronta directamente con pueblos originarios y comunidades campesinas, quienes históricamente han resistido el despojo. La entrega de soberanía territorial no es sólo económica, sino política: se alinea con intereses imperialistas mientras se debilita la capacidad del Estado para proteger bienes comunes. La tierra, lejos de ser una mercancía más, es territorio, identidad y futuro colectivo que hoy se subasta al mejor postor internacional.
