| ★ POLÍTICA | REFORMA LABORAL |
(★) Argentina.- Un informe académico advierte que el proyecto del gobierno profundizaría la precarización laboral y transferiría recursos públicos a las empresas
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei enfrenta una crítica demoledora desde el ámbito académico. Un estudio del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo (CETyD-IDAES/UNSAM) califica la iniciativa como "una reforma de regresión laboral" que consolida un retroceso histórico en derechos laborales en lugar de modernizar el mercado de trabajo.
El análisis identifica como punto crítico la descentralización de la negociación colectiva, que permitiría a las empresas firmar convenios con salarios y condiciones inferiores a los acordados a nivel sectorial. Los investigadores alertan que los salarios de las categorías más bajas ya están por debajo de la línea de pobreza y la reforma buscaría reducir aún más ese piso.
El informe revela un mecanismo preocupante: el Estado terminaría financiando los despidos a través de la reducción de contribuciones patronales, creando fondos para pagar indemnizaciones con una pérdida fiscal estimada en 2.500 millones de dólares anuales, equivalente a unas 500 mil jubilaciones mínimas por año. Esto implicaría que el Estado deja de recaudar para la seguridad social y asume con recursos públicos el costo de los despidos.
La reforma también ataca frontalmente la organización sindical, buscando "ahogar financieramente a los sindicatos y limitar su capacidad de acción". El proyecto dificultaría el cobro de cuotas, reduciría aportes a obras sociales y restringiría el derecho de huelga, ampliando masivamente la nómina de actividades consideradas esenciales.
El documento cuestiona la legalización de formas de fraude laboral al invertir la presunción de relación laboral y validar contrataciones por monotributo o locación de servicios incluso cuando exista dependencia real. Además, excluiría a trabajadores de plataformas digitales de la Ley de Contrato de Trabajo, dejándolos sin derechos básicos como vacaciones, licencias o aportes jubilatorios.
Los investigadores del CETyD remarcan que no existe evidencia empírica que vincule reformas flexibilizadoras con mayor empleo, citando estudios internacionales y del propio FMI que muestran que este tipo de cambios aumentan la desigualdad. El informe concluye que el principal determinante del empleo siempre es la actividad económica, no la reducción de derechos, y llama a abrir un debate centrado en el trabajo digno y el desarrollo productivo.
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