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(★) Argentina.- La batalla por el futuro del ecosistema marino más austral del país divide aguas entre desarrollo económico y conservación ambiental.
En Tierra del Fuego se libra una pulseada histórica que podría definir el destino del mar argentino. El gobierno provincial, aliado con La Libertad Avanza, impulsa un proyecto para habilitar la cría industrial de salmones en jaulas flotantes, una actividad actualmente prohibida por ley desde 2021. La iniciativa busca modificar la normativa vigente para permitir la salmonicultura extensiva en el mar del norte de la isla, lagos, lagunas y ríos, manteniendo sólo la prohibición en el estratégico Canal de Beagle.
La resistencia se organiza en el colectivo "No a las salmoneras", que reúne a organizaciones ambientales, pueblos originarios, científicos, trabajadores y vecines. Alertan sobre los devastadores impactos del modelo chileno, donde la industria ha generado zonas muertas en el fondo marino por acumulación de fecas, alimento no consumido y cadáveres de peces. Los escapes masivos de salmones -especie carnívora introducida- depredan especies nativas como centollas y langostillas, alterando el frágil equilibrio ecológico.
El proceso legislativo ha sido cuestionado por su opacidad. En agosto pasado, oficialistas y libertarios se autoconvocaron durante un cuarto intermedio y aprobaron el dictamen con apenas cuatro votos -el mínimo exigido-, sin abrir el debate a la sociedad civil. Legisladores opositores como Matías Lapadula reconocen el potencial económico pero advierten: "Como está planteado, estamos haciendo un negocio para pocos". Critican que Tierra del Fuego carece de la cadena de valor desarrollada por Chile en 40 años, por lo que sólo sería engordar salmones para exportarlos como producto chileno.
Los promotores, encabezados por el legislador Agustín Coto de La Libertad Avanza, argumentan que primero debe modificarse la ley para luego realizar estudios de impacto ambiental. El subsecretario de Pesca provincial proyecta hasta 100.000 toneladas de producción y unos supuestos 4.500 puestos de trabajo, pero no presenta evaluaciones científicas sobre los efectos en el ecosistema.
La discusión trasciende lo ambiental para convertirse en un debate sobre qué modelo de desarrollo quiere la provincia más austral. Mientras el oficialismo apuesta a replicar el cuestionado modelo chileno, amplios sectores sociales defienden alternativas sustentables que respeten la biodiversidad única del Fin Del Mundo. La pregunta queda flotando: ¿vale la pena sacrificar el patrimonio natural fueguino por una industria que ya demostró sus costos ambientales y que sólo beneficia a unos pocos como en el país vecino?
