| ★ SALUD |
(★) Argentina.- Con el aval de un demoledor informe legislativo que señala responsabilidades directas, las familias de las 173 víctimas marchan para exigir respuestas a un Estado que sigue ausente en la peor tragedia sanitaria de la década.
La Plaza Moreno de La Plata será este martes el epicentro del dolor convertido en lucha. Familiares de las 173 víctimas del fentanilo adulterado marchan nuevamente, esta vez con el apoyo explícito de la Cámara de Diputados bonaerense, en lo que ya se configura como una de las tragedias sanitarias más graves de la última década.
La masacre del fentanilo contaminado no es un accidente: es el resultado lógico de una cadena de fallas sistémicas donde cada eslabón de control no solo falló, sino que agravó la negligencia del anterior. Así lo expone el informe legislativo que respalda la movilización, señalando la responsabilidad compartida entre laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., y la ausencia criminal de vigilancia estatal.
Mientras las familias exigen una reunión urgente con el ministro de Salud y la ANMAT, la realidad muestra un Estado que sigue postergando respuestas. La ausencia de autoridades sanitarias en las citaciones legislativas y la falta de definiciones del Ejecutivo nacional profundizan el desamparo institucional que ya costó 173 vidas.
Los testimonios de extrabajadores del Laboratorio Ramallo describen fallas graves en los procesos de control, mientras el informe del Cuerpo Médico Forense confirma que la mayoría de los casos analizados corresponden a infecciones vinculadas al anestésico contaminado. La pregunta que queda flotando en el aire sanitario argentino es simple y brutal: ¿Cuántos informes, cuántas marchas, cuántas muertes más se necesitan para que el Estado Nacional asuma su responsabilidad en el control de lo que mata en los hospitales?
La marcha del martes no es sólo un reclamo de justicia: es un grito desesperado contra un sistema sanitario que prioriza la desregulación sobre la vida, la ganancia empresarial sobre la salud pública. Mientras el Gobierno nacional de Javier Milei mira para otro lado, las familias de las víctimas siguen enterrando a sus seres queridos, preguntándose si la próxima muerte evitable será la suya.
