| ★ POLÍTICA | PUEBLO MAPUCHE |
(★) Argentina.- Diez meses después de los violentos allanamientos que sacudieron a 14 comunidades en Chubut, el pueblo Mapuche-Tehuelche vuelve a las calles para denunciar la criminalización sistemática del gobierno provincial.
La acción pacífica en los tribunales de Esquel marcó un punto de inflexión en esta lucha desigual. Las comunidades presentaron denuncias penales contra el gobernador Ignacio Torres, el ministro de seguridad Héctor Iturrioz, el juez Jorge Criado y el fiscal Ismael Cerda por lo que califican como "montaje perverso" basado en el racismo. Moira Millán, referente del Lof Pillán Mahuiza, fue contundente: "El Estado cometió un delito al secuestrar nuestro ADN". Durante los operativos del 11 de febrero, más de 60 personas fueron hisopadas contra su voluntad, y hasta hoy retienen su material genético sin explicar su destino.
La violencia institucional no se limitó a los allanamientos. En Puerto Madryn, el intendente Gustavo Sastre destruyó el sitio ceremonial "Loma Blanca", declarado sagrado por el INAI en 2022, para convertirlo en atractivo turístico. Juana Antieco denuncia esta profanación como parte de una política sistemática de despojo que ignora tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
El fiscal Cerda, enfrentado directamente por las comunidades en los tribunales, respondió con evasivas cuando se le cuestionó sobre la violencia ejercida contra ancianos y niñes durante los operativos. Mientras tanto, el gobernador Torres utilizó las imágenes de los allanamientos para una campaña mediática que calificó a integrantes del pueblo Mapuche como "delincuentes" y "truchos", aunque solo una persona sigue imputada sin pruebas concretas.
Esta escalada represiva se enmarca en lo que las comunidades definen como "dictadura racista" que camina hacia un apartheid, intensificada tras la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. La defensa de los territorios se vuelve crucial frente a amenazas como los acuerdos con Mekorot para el control del agua y la posible derogación de la Ley de Glaciares.
Las comunidades exigen nulidad de la causa, restitución de bienes secuestrados, inhibición del uso de su ADN y desmilitarización de sus territorios. Su lucha trasciende lo jurídico: es por la vida misma, en un contexto donde quienes protegen el 80% de la biodiversidad mundial son criminalizades por oponerse a los extractivismos. La resistencia Mapuche-Tehuelche nos interpela sobre qué sociedad queremos construir: una que criminaliza a sus guardianes ancestrales o una que reconoce que sin justicia para los pueblos originarios no hay futuro posible.
