| ★ EXTRACTIVISMO |
(★)Argentina.- El Valle de Uco volvió a rugir. Cientos de vecinos de San Carlos protagonizaron un contundente cacerolazo en Eugenio Bustos, frente a la misma terminal desde donde partió en 2019 la histórica caminata que frenó la reforma de la Ley 7722. La memoria del "parientazo" sigue viva y la resistencia antiminera se reactiva con fuerza.
Según El Editor Mendoza, el intendente Alejandro Morillas, aliado del gobernador Alfredo Cornejo, se vio obligado a salir públicamente a respaldar a sus vecinos. "En nombre del mandato que nos dio nuestro pueblo, reafirmo con el corazón lo que siempre sostuvo esta comunidad: defendemos la 7722. Sin licencia social no hay minería", declaró el jefe comunal en redes sociales.
La contradicción política es evidente: Morillas llegó al poder de la mano de Jorge Difonso, histórico defensor del agua, pero en octubre se alineó con Cornejo unificando las elecciones como pretendía el oficialismo. Ahora, acorralado por la presión social que domina el Valle de Uco -bastión histórico de la resistencia antiminera- debió pronunciarse contra el proyecto San Jorge que impulsa su propio espacio político.
El cacerolazo fue apenas el comienzo. El Senado provincial debatirá el 9 de diciembre no sólo San Jorge, sino también la ampliación de Malargüe como distrito minero y una nueva Ley de Regalías que otorga al Ejecutivo potestad para reducir aportes empresariales. El Valle de Uco ya avisó: volverá a las calles. La presión vecinal demostró que, incluso aliados del oficialismo, no pueden ignorar la defensa del agua cuando la comunidad se organiza.
