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(★) EEUU.- La presión migratoria de Trump genera tensiones en el campo mientras legisladores buscan soluciones sin consenso claro
La industria agrícola estadounidense enfrenta una crisis laboral creciente bajo la administración Trump, donde las redadas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en centros agrícolas desde California hasta Wisconsin y Nueva York han intensificado la presión sobre los agricultores que reportan escasez crónica de mano de obra. Esta situación históricamente dependiente de trabajadores indocumentados -en Wisconsin, un estudio de 2023 reveló que el 70% de la mano de obra en granjas lecheras corresponde a esta población- ahora busca alternativas en el programa de visas H-2A, diseñado para trabajadores agrícolas temporales.
La respuesta política muestra un panorama fragmentado. Mientras republicanos como el representante Dusty Johnson reconocen que "los miembros están comenzando a hablar sobre ello", admite que "no parece que una solución particular esté tomando forma todavía". La Casa Blanca aparece como actor clave en estas conversaciones, aunque demócratas como Salud Carbajal denuncian falta de comunicación desde la administración y colegas republicanos.
El programa H-2A, que actualmente cubre aproximadamente el 17% de los trabajadores agrícolas, enfrenta críticas estructurales: su diseño estacional lo hace inadecuado para trabajos anuales como las granjas lecheras, presenta altos costos y burocracia lenta. La administración Trump intentó reducir protecciones laborales para estos trabajadores buscando agilizar el proceso, medida que defensores de inmigrantes califican como riesgosa para abusos y explotación.
En el Capitolio circulan varias propuestas reformistas. Una iniciativa bipartidista de mayo busca simplificar el proceso H-2A y proveer visas para empleadores agrícolas de año completo. El republicano Derrick Van Orden propone legislación que permitiría a trabajadores indocumentados obtener estatus legal si no han cometido delitos, aunque su proyecto carece de copatrocinadores. Mientras tanto, el Comité de Agricultura de la Cámara prepara un proyecto que sigue recomendaciones de un grupo de trabajo formado en 2023, incluyendo simplificación de trámites y cambios al sistema salarial.
La tensión se refleja en declaraciones contradictorias: Trump sugirió en junio que las granjas quedarían exentas de las deportaciones, afirmación que funcionarios de su administración parecen contradecir. Defensores como Alexandra Sossa del Proyecto de Defensa de Trabajadores Agrícolas critican el programa H-2A por asociarse con "tráfico de mano de obra humana y explotación laboral", mientras las redadas actuales generan temor entre trabajadores con visas.
La economía agrícola estadounidense se encuentra en una encrucijada donde las necesidades productivas chocan con políticas migratorias restrictivas, creando un vacío laboral que amenaza la estabilidad del sector alimentario nacional. Políticas migratorias que exponen la hipocresía del capitalismo agroindustrial estadounidense, que explota a trabajadores indocumentados mientras los criminaliza con redadas y deportaciones para fines xenófobos y electorales. Esta contradicción demanda una reforma integral que priorice derechos humanos, soberanía alimentaria y solidaridad regional contra la precarización laboral impuesta por el imperialismo.
