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(★) Argentina.- Un ex-juez federal procesado por encubrir una masacre penitenciaria revela cómo la justicia fue cómplice del terrorismo de Estado.
La estructura judicial argentina —ese aparato que debería garantizar derechos— se revela como un engranaje más del dispositivo represivo cuando un ex-juez federal es procesado por encubrir la masacre del Pabellón Séptimo de Devoto en marzo de 1978. Sesenta y cinco personas murieron entonces, más de ciento cincuenta sufrieron tormentos sistemáticos, y la justicia no sólo miró para otro lado sino que activamente trabajó para que la verdad nunca emergiera, para que los responsables siguieran impunes, para que el terror se normalizara como política de Estado contra los cuerpos disidentes. Guillermo Federico Rivarola, quien actuó en la justicia federal durante la dictadura, representa esa continuidad entre el poder judicial y el aparato represivo, esa connivencia que transforma las togas en uniformes y los expedientes en listas de desaparecidos.
Según Página 12, la investigación judicial avanza contra Rivarola y otros tres ex penitenciarios. Los números hablan: 65 muertos, 150 torturados. El Servicio Penitenciario Federal ejecutó la represión. La justicia federal encubrió los crímenes. La fecha: marzo de 1978, plena dictadura cívico-militar. Los familiares de desaparecidos siguen exigiendo verdad. Las exhumaciones continúan en La Perla. Los nuevos rostros políticos repiten viejas políticas.
¿Dónde está la justicia transicional cuando los jueces son juzgados? Los archivos se abren lentamente, las fosas siguen dando testimonios mudos, los sobrevivientes envejecen con la memoria intacta. Las organizaciones de derechos humanos —Madres, Abuelas, HIJOS— construyen contrahegemonía desde el dolor transformado en lucha. Y sin embargo, la impunidad tiene herederos: ¿cuántos Rivarola siguen en funciones?
