EL PLAN MAESTRO DE LA ENTREGA: MEKOROT, EL AGUA Y EL EXTRACTIVISMO QUE SE COME LA PATAGONIA

| ★ POLÍTICA | NO AL EXTRACTIVISMO |

(★) Argentina.- Una empresa israelí con prontuario de apartheid hídrico diseña el futuro del agua en diez provincias argentinas mientras las comunidades quedan afuera de la discusión.

La Patagonia se está vendiendo gota a gota. Mientras Río Negro presentaba su "Plan Maestro" de gestión hídrica para los próximos 30 años, la letra chica revelaba el verdadero negocio: el agua para la fruticultura, la minería y los hidrocarburos, mientras las poblaciones locales miran cómo se secan sus ríos. La empresa Mekorot, cuestionada internacionalmente por su rol en el apartheid del agua contra el pueblo palestino, ahora traza el destino hídrico de diez provincias argentinas con contratos millonarios que evitan licitaciones públicas y participación comunitaria. El gobierno de Alberto Weretilneck pagó 1,46 millones de dólares por este plan que prioriza a los sectores extractivos en una provincia donde el 97% del agua ya va a la agricultura y sólo el 2% al consumo humano.

Los datos son alarmantes: en una década, el caudal del río Neuquén disminuyó 53% y el Limay 36%. La proyección para 2030 es de 11,8% menos de caudal del Negro y 11,5% menos para el Colorado. Mientras tanto, el plan contempla incorporar 179.000 hectáreas más bajo riego para la agricultura hacia 2055. La contradicción es brutal: menos agua disponible, más demanda extractiva. El superintendente del DPA, Gastón Renda, lo dijo sin tapujos: la fruticultura, minería y explotación hidrocarburífera son "actividades estratégicas" que requieren agua para su desarrollo. El agua como derecho humano queda relegada frente al agua como insumo productivo.

Este avance de Mekorot no es casual. Desde noviembre de 2024, la empresa asesora al directorio de AySA, el sistema metropolitano de agua más grande de América Latina, reconocido en 2022 como "Climate Smart Utility". El gobierno de Milei replicó el esquema privatista de los noventa mediante un DNU que modificó el marco regulatorio, permitiendo suspender el servicio por falta de pago, eliminar la obligación de ampliar redes en barrios populares y habilitar aumentos tarifarios mensuales. En Argentina, 7 millones de personas no tienen agua potable y 20 millones carecen de saneamiento cloacal. En los barrios populares, el 86% no accede al agua y el 97% no tiene cloacas.

Lo que está en juego es un modelo de gestión que desvía, privatiza y militariza el agua. Mekorot aprendió en Palestina a construir una arquitectura para el robo del agua superficial y acuífero, cobrando hasta cinco veces más caro a quienes habitan los territorios de donde extraen el recurso. Ahora exporta ese modelo a Argentina, donde actúa "en las sombras", articulando con el Consejo Federal de Inversiones y evitando la publicidad mediática. La campaña #FueraMekorot, con semillero en el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina, denuncia esta avanzada silenciosa que busca destruir fuentes naturales para el uso intensivo que demanda el extractivismo minero.

La resistencia, sin embargo, crece desde las bases. Las masivas movilizaciones en Mendoza contra el proyecto minero San Jorge muestran que las comunidades no permanecen pasivas. Las asambleas populares, históricamente regadas a lo largo del país, son las que movilizan a cientos de miles en defensa del agua. Mientras el gobierno terceriza en una empresa extranjera que desconoce las particularidades ecológicas y culturales del territorio, Argentina tiene capacidad técnica de sobra en universidades públicas y el CONICET para pensar políticas hídricas soberanas. La pelea por el agua es, en definitiva, la pelea por decidir qué país queremos: uno donde el recurso vital sea mercancía para unos pocos o bien común para todes.