| ★ POLÍTICA | NO AL EXTRACTIVISMO|
(★) Argentina.- Una ofensiva minera-política busca vaciar de contenido la ley que protege nuestras reservas hídricas.
La presión es intensa y coordinada. Desde que asumió Marcelo Orrego en San Juan, la modificación de la Ley de Glaciares se convirtió en prioridad absoluta. Se armó la Mesa del Cobre, un bloque provincial que incluye a San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza, para impulsar cambios que habiliten proyectos mineros hoy frenados. El lobby operó en silencio primero, con reuniones en Casa Rosada mucho antes de hacerse públicas. El encuentro clave fue con el ministro Luis Caputo, que dio el empujón final para lo que llaman "ley aclaratoria".
La estrategia es clara: debilitar la protección legal para abrir paso a proyectos como Vicuña, Los Azules y Pachón en San Juan. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) identificó en la provincia 825 glaciares en 98.343 hectáreas que quedarían expuestos. Lo más grave: el gobierno nacional llegó a proponer eliminar al propio IANIGLA, organismo técnico encargado del monitoreo glaciar. Los sanjuaninos rechazaron esa idea, pero aceptaron el camino de modificar la ley.
El discurso oficial habla de "aclaraciones" y "facultar a las provincias", pero la realidad es otra. Un experto con 40 años de trayectoria en Estados Unidos señala que en países como Canadá y EE.UU. el enfoque es estrictamente hídrico: si un proyecto no impacta el sistema de agua, no se lo restringe. En Argentina, en cambio, se protege el glaciar como forma, sin cuantificar necesariamente su aporte real. Sin embargo, esta perspectiva técnica oculta que el inventario nacional está incompleto -solo tiene la primera fase con imágenes satelitales- y que falta la verificación en terreno y la determinación del aporte hídrico de cada glaciar.
Las empresas mineras, que durante años mantuvieron baja presión para modificar la ley, ahora aceleran. Con el RIGI aprobado, buscan certezas para inversiones planificadas para 2026. BHP, uno de los conglomerados mineros más grandes del mundo, tiene en carpeta Vicuña en San Juan y condiciona su inversión a estos cambios. El mensaje es claro: sin modificar la ley, no hay inversión.
Los glaciares mendocinos perdieron el 36% de su superficie en casi cuatro décadas, según estudios científicos. El cambio climático avanza y las reservas hídricas se reducen. Transferir la responsabilidad de protección a las provincias, muchas con gobiernos pro-mineros, equivale a dejar al zorro cuidando el gallinero. La solidaridad interprovincial debería enfocarse en proteger el agua para todas las comunidades, no en facilitar su explotación por corporaciones transnacionales. El agua no es mercancía, es vida colectiva.
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