| ★ POLÍTICA | EDUCACIÓN |
(★) Argentina.- La educación pública argentina enfrenta su momento más crítico en décadas, producto de una cadena de complicidades que atraviesa desde las urnas hasta los despachos del poder.
El presupuesto universitario para 2026 marcará un récord histórico de desinversión: apenas 0,47% del PBI, el nivel más bajo desde 2005. Esta cifra representa una reducción del 33,8% respecto a lo ejecutado en 2023, un golpe devastador que compromete el futuro académico de generaciones enteras.
La sanción del artículo 30 en el Congreso eliminó los pisos mínimos de financiamiento educativo establecidos por ley, derribando décadas de conquistas sociales. Los recursos universitarios caen, siendo que el 90% de su financiamiento depende exclusivamente del gobierno nacional, sin posibilidad de reemplazo provincial. Los salarios docentes ya perdieron cerca del 30% de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión actual, precarizando aún más una profesión históricamente mal remunerada.
Esta ofensiva contra la educación superior no fue obra exclusiva del gobierno libertario. En la madrugada del 26 de diciembre, las familias trabajadoras cerraban un año de hambre y tarifazos, y el Senado nacional escribió una nueva página de traición con 46 votos afirmativos. Los gobernadores peronistas del norte -Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz- levantaron sus manos para aprobar el ajuste, fracturando el interbloque opositor y demostrando que no existe grieta cuando se trata de recortar derechos sociales.
La complicidad se extiende más allá de los legisladores. Cada persona que votó por estos representantes, cada dirigencia sindical que negoció migajas en lugar de organizar la resistencia, cada sector político que priorizó acuerdos de cúpula sobre la defensa de la educación pública, contribuyó a este desastre. La senadora salteña Flavia Royón, obedeciendo órdenes directas de Sáenz, votó a favor del capítulo completo a pesar de manifestar desacuerdo con el artículo 30, mostrando cómo los pactos espurios se imponen sobre la representación popular.
Las consecuencias son concretas: aulas sin calefacción, comedores vacíos, investigación paralizada, hospitales universitarios desfinanciados y una diáspora académica forzada. El presupuesto consolida una tendencia que también afecta a la ciencia y tecnología con recortes del 48,8% y las becas estudiantiles acumulan una reducción real del 76,6%. Esta no es solo una crisis presupuestaria sino un proyecto político que busca desmantelar la educación pública como espacio de pensamiento crítico y movilidad social.
La resistencia debe nacer de reconocer esta cadena de responsabilidades compartidas. Solo una movilización masiva que una a estudiantes, docentes, trabajadores y comunidades académicas podrá revertir este ataque sistemático. La defensa de la universidad pública exige cuestionar no solo al gobierno de turno sino a todo el entramado político que normaliza el ajuste como destino inevitable.
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