| ★ ARGENTINA |
(★) Argentina.- Una batalla desigual donde las comunidades defienden el agua mientras el poder político y económico avanza con proyectos extractivistas que amenazan glaciares, acuíferos y formas de vida ancestrales
En la cordillera mendocina se libra una batalla crucial donde las asambleas socioambientales, pueblos originarios y organizaciones sociales enfrentan el avance de proyectos megamineros que pretenden instalarse sobre glaciares y acuíferos estratégicos. El Distrito Minero Malargüe Occidental y el proyecto San Jorge representan la avanzada de un modelo extractivista que prioriza el lucro privado sobre la vida comunitaria.
La legislatura mendocina se convirtió en escenario de esta confrontación, donde especialistas, abogados ambientales y comunidades expusieron ante diputados las graves falencias de estos proyectos. Los informes técnicos revelan expedientes de nueve mil fojas plagados de "razonamientos sin premisas, afirmaciones sin sustento y oraciones sin sujeto", según denuncian desde las asambleas. La información básica sobre caudales, impactos hídricos y estudios de línea de base brillan por su ausencia.
El principio precautorio, piedra angular del derecho ambiental, es sistemáticamente violado. Como señala el abogado Agustín Sánchez: "Una Declaración de Impacto Ambiental condicionada es ilegal, jurídicamente no existe. Es como que el estado te otorgue una licencia de conducir sólo con la promesa de que algún día en el futuro vas a aprender a frenar".
La experiencia histórica demuestra la incapacidad estatal para controlar la contaminación industrial. Los efluentes cloacales crudos al canal Pescara, la pluma contaminante de la destilería y la persecución a inspectores ambientales como María Emilia Escatolón son pruebas contundentes de esta realidad. ¿Pretenden que creamos que controlarán una megaminera a 3.000 metros de altura cuando no fiscalizan contaminación en zonas urbanas?
Los impactos son múltiples y devastadores: 635 glaciares inventariados en riesgo, destrucción de humedales altoandinos, contaminación de ríos y acuíferos con productos químicos tóxicos, derrames de drenajes ácidos y metales pesados. Las comunidades originarias y familias puesteras, guardianes ancestrales del territorio, sufren hostigamiento y violencia para despejar el camino a las multinacionales.
Detrás de estos proyectos opera una red de especulación inmobiliaria minera donde empresarios y exfuncionarios registran concesiones "con la nuestra" para luego venderlas a multinacionales extractivistas cuando aumente su valor tras la aprobación ambiental. La empresa APELEG, liderada por exsíndicos de Potasio Río Colorado, posee 20 proyectos en el distrito, evidenciando conflictos de intereses escandalosos.
Mientras el gobierno promete desarrollo y empleo, la memoria colectiva recuerda la tragedia de Minera Vale en 2013, que dejó a 6.800 familias en la calle y deudas impagas por 300 millones de dólares. El nuevo relato de "transición energética" no es más que un maquillaje verde para continuar con el saqueo depredador.
Las comunidades resisten con la convicción de que "no es suya, es nuestra". Como expresa Claudia Herrera, omta de la comunidad huarpe Guaytamari: "Hacemos un llamado amoroso, un llamado urgente, a todos y todas los legisladores, y a la población de Mendoza, a ser guardianes de todas las formas de vida". La defensa del agua y la vida sigue en pie, contra viento y marea extractivista.
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