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(★) Argentina.- ¿Cuántos proyectos comunitarios deben morir para que el ajuste educativo se complete?
El gobierno de Jorge Macri avanza con la clausura del Profesorado Pueblos de América, enclavado en la Villa 1-11-14, en una operación que desmonta sistemáticamente los espacios educativos construidos desde abajo, desde las entrañas mismas del territorio que el Estado abandonó históricamente. Esta ofensiva contra la educación popular —que forma docentes desde y para el barrio, con currículas que emergen de las necesidades concretas y no de modelos importados desde oficinas céntricas— revela la lógica colonial que subyace en la gestión macrista: la negación del saber popular, la criminalización de la organización comunitaria, la desarticulación de toda experiencia pedagógica que escape al control vertical del aparato estatal. Y mientras el discurso oficial habla de "reordenamiento", lo que realmente ejecuta es un vaciamiento deliberado —negando cargos, designaciones y recursos mínimos— para forzar administrativamente lo que políticamente no puede justificar: el exterminio de proyectos que generan inclusión, identidad y comunidad donde el Estado sólo ofrece represión y abandono.
Se pretende así la desarticulación de un modelo pedagógico que demuestra ser más efectivo que cualquier operativo policial para construir seguridad —esa seguridad que no se mide en patrulleros sino en proyectos de vida. Lo que pierde la Villa 1-11-14 es la posibilidad concreta de formar sus propios docentes, de construir conocimiento desde su propia experiencia, de romper el círculo de dependencia que perpetúa la marginalidad. El silencio oficial oculta que esta no es una medida aislada sino parte de una tendencia general: el ataque sistemático a la educación pública popular. La pregunta que queda flotando en el aire de las aulas amenazadas es simple y brutal: ¿Para quién educa el Estado que cierra escuelas?
