| ★ POLÍTICA |
(★) Argentina.- El gobierno de Milei se alinea con Estados Unidos e Israel en un giro histórico que rompe con cuatro décadas de consenso democrático
La Argentina que durante cuarenta años fue referente internacional en derechos humanos hoy se ubica entre los tres únicos países que rechazan condenar la tortura "en todo momento y lugar". En una votación que tradicionalmente se aprueba por consenso, la delegación de Javier Milei se sumó al puñado de Estados que relativizan este principio básico de la humanidad, marcando un quiebre sin precedentes en la política exterior nacional.
El escenario en la Asamblea General de la ONU fue contundente: sólo tres países votaron en contra de la resolución que refuerza la prohibición absoluta de la tortura. Argentina, Estados Unidos e Israel formaron este bloque minoritario que rompió con el consenso histórico. Cuatro naciones se abstuvieron -Rusia, Nicaragua, Burundi y Papúa Nueva Guinea-, mientras el resto del mundo acompañó la condena a toda forma de tortura y a cualquier intento estatal de justificarla.
Este voto negativo no es un hecho aislado. Ocurre apenas una semana después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Sebastián Baños, utilizara su intervención ante el Comité Contra la Tortura para cuestionar a los organismos de derechos humanos, minimizar la magnitud del terrorismo de Estado y promover la narrativa de "memoria completa" que caracteriza al negacionismo oficialista. En esa misma comparecencia, funcionarios de Patricia Bullrich defendieron sin matices el protocolo antipiquetes aplicado desde diciembre de 2023. También cabría tener presente la nota publicada en este medio sobre
las torturas en el Penal 2 de General Roca.
La decisión genera alarma en el ámbito diplomático y académico. El ex embajador Roberto Carlés advirtió que "las grandes potencias no respetan a los arrastrados", subrayando el carácter contraproducente de este seguidismo. Por su parte, la senadora Juliana di Tullio denunció que el Gobierno "rompe el pacto democrático construido desde 1983" al rechazar un instrumento básico de protección frente a la tortura.
Este retroceso en materia de derechos humanos no es casual ni errático. Es la expresión coherente de un proyecto que combina subordinación geopolítica con la destrucción interna de garantías elementales. El mensaje es claro: Milei está dispuesto a romper incluso los consensos más básicos con tal de sostener su alineamiento político e ideológico, demostrando que para este gobierno los derechos conquistados por generaciones de lucha social son moneda de cambio en su apuesta autoritaria.
