| ★ POLÍTICA REPRESIVA |
(★) Argentina.- Una reforma punitiva que profundiza la exclusión social
La historia de la criminalización de la juventud pobre en Argentina tiene capítulos oscuros que se repiten cíclicamente. El gobierno de Javier Milei impulsa una reforma del Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, los datos oficiales desmienten el relato de una "ola delictiva" adolescente. Patricia Bullrich, líder del bloque oficialista en el Senado, confirmó que modificarán el proyecto original que establecía 13 años, alineándose con sectores opositores "dialoguistas".
Los números de la Corte Suprema revelan una realidad muy distinta a la instalada mediáticamente. En 2024, apenas 1.788 causas penales involucraron a menores en CABA, con homicidios representando solo el 1,5% del total. Más del 80% fueron delitos contra la propiedad. El 55,9% de los adolescentes imputados en el primer semestre de 2025 tenían entre 16 y 17 años, y solo el 3,8% tenía 12 años o menos.
Susana Reyes, fundadora de la Escuela Isauro Arancibia que trabaja con pibes en situación de calle, denuncia: "La incidencia estadística es nula. Este debate se reabre porque es distractivo". Desde su experiencia de 27 años, sostiene que la discusión responde a una construcción política y mediática que estigmatiza a la juventud pobre. "Lo que no saben es que estos jóvenes están más inseguros al no tener una puerta para cerrar y dormir en la calle".
Expertos advierten sobre los riesgos de esta reforma. El abogado Ezequiel Gamarra señala que experiencias internacionales, como en países nórdicos, demostraron que bajar la edad de imputabilidad aumenta la reincidencia. "La gran mayoría de las personas que cometen delitos contra la propiedad provienen de contextos de bajos recursos", afirma, cuestionando la coherencia de exigir responsabilidad penal cuando el Estado llega "con la mínima duda y no con políticas de contención".
La reforma propuesta representa un giro punitivista peligroso. En el primer semestre de 2025 aumentaron un 25,8% las medidas de privación de libertad contra menores, sin que hubiera un incremento significativo de delitos graves. Esto evidencia que el sistema penal recurre cada vez más a respuestas represivas, criminalizando la pobreza en lugar de abordar sus causas estructurales.
La verdadera solución, según especialistas y educadores, pasa por políticas socioeducativas integrales. Reyes insiste: "Cuando hay un Estado presente, todo se posibilita. Pero cuando el Estado se retira, cuando ya no hay plan a futuro para tener una vivienda, cuando la salud es imposible, hay más discriminación, violencia, crueldad, y encima castigo por no tener casa". Esta ley profundizaría la exclusión en lugar de resolverla, encarcelando a adolescentes que el sistema abandonó primero.

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