JUSTICIA CONTRA LA IMPUNIDAD: ORGANIZACIONES DE DDHH EXIGEN EXPULSIÓN INMEDIATA DE EEUU DE UN CRIMINAL PINOCHETISTA

| ★ POLÍTICA |

(★) Chile.- La detención de Armando Fernández Larios en EE.UU. reaviva la lucha por verdad y justicia 52 años después de los crímenes de la dictadura.

La memoria histórica se levanta con fuerza renovada. A 52 años del golpe militar que sumió a Chile en la oscuridad, las organizaciones de derechos humanos han encontrado una ventana concreta para romper décadas de impunidad. La detención en Estados Unidos de Armando Fernández Larios, ex agente de la siniestra DINA y uno de los criminales más feroces de la dictadura pinochetista, ha desatado un movimiento colectivo que exige su inmediata expulsión para que enfrente la justicia chilena.

Fernández Larios, calificado por las autoridades estadounidenses como "lo peor de lo peor", está vinculado a crímenes emblemáticos que mancharon de sangre la historia nacional. Su participación en la Caravana de la Muerte, responsable de ejecuciones en La Serena, Calama y Pisagua, se suma al asesinato del diplomático español Carmelo Soria y el crimen del ex canciller Orlando Letelier junto a su secretaria Ronni Moffitt. Este torturador, que solo cumplió cinco meses de prisión tras un acuerdo con fiscales del régimen Trump, ha evadido sistemáticamente la justicia chilena mediante procesos de extradición eternamente dilatados.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) lidera esta ofensiva jurídica y política, exigiendo al gobierno chileno acciones concretas y urgentes. Más de veinte organizaciones territoriales, sindicales y de memoria se han sumado a esta demanda histórica. La Confederación de Trabajadores del Cobre, la ANEF y redes nacionales de sitios de memoria han cerrado filas en esta batalla contra la impunidad, demostrando que la solidaridad trasciende generaciones.

La expulsión aparece como el camino más expedito para lograr lo que la justicia no ha conseguido en medio siglo: sentar en el banquillo a uno de los operadores clave del terrorismo de Estado. Esta coyuntura representa una prueba de fuego para el Estado chileno y su compromiso real con los derechos humanos. La lucha incansable de las familias, que han mantenido viva la llama de la memoria durante décadas, hoy encuentra un punto de inflexión donde la justicia retrasada podría finalmente materializarse.