EL PROYECTO LIBERTARIO QUE QUIERE DESMANTELAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA

| ★ POLÍTICA  EDUCATIVA |

(★).- Una reforma que transforma derechos en mercancías y al Estado en mero espectador.

La historia de la educación argentina se escribe con leyes que marcaron hitos: la 1420 de 1884, que estableció la educación laica, gratuita y obligatoria; la Ley Federal de Educación de los 90 que fragmentó el sistema; y la 26.206 de 2006 que recuperó la concepción de la educación como derecho social. Hoy, el gobierno de Javier Milei impulsa un proyecto que amenaza con borrar ese legado colectivo para imponer la lógica del mercado en las aulas.

El llamado "Proyecto de Ley de Libertad Educativa" representa el ataque más frontal contra la educación pública desde las reformas neoliberales de los 90. Bajo la dirección de Federico Sturzenegger, esta iniciativa busca reemplazar la actual Ley de Educación Nacional para transformar radicalmente el rol del Estado: de garante a subsidiario, de rector a simple facilitador de elecciones individuales. La diputada nacional Marianela Marclay, en reunión con AGMER en Paraná, alertó sobre este "retroceso en el rol del Estado como garante del derecho a la educación".

Lo que se presenta como "libertad" es en realidad la mercantilización de un derecho fundamental. El proyecto establece el "derecho preferente" de las familias para elegir educación, al tiempo que habilita modalidades como el homeschooling y la "educación abierta" sin certificación oficial. Por otra parte, descentraliza los contenidos curriculares, permitiendo que cada escuela diseñe sus propios planes, rompiendo la coordinación federal que garantiza igualdad de oportunidades en todo el territorio.

El financiamiento educativo sufre un golpe devastador: desaparece el piso del 6% del PBI establecido por la ley vigente, reemplazado por vales, bonos y becas que promueven la competencia entre instituciones. Al mismo tiempo, la publicación de rankings escolares y la habilitación de financiamiento por demanda consolidan un sistema segmentado donde las escuelas compiten por recursos y prestigio, reproduciendo las desigualdades sociales existentes.

La definición de educación como "servicio esencial" abre la puerta a limitar el derecho a huelga de trabajadorxs del sector, en un contexto donde ya se registra un desfinanciamiento sistemático: la inversión nacional en educación cayó del 1,48% del PBI en 2023 al 0,73% proyectado para 2026. Este proyecto no busca mejorar la educación, sino desmantelar la concepción de la escuela como espacio de construcción de ciudadanía y movilidad social.

Lo que está en juego es el modelo de sociedad: educación como bien público versus educación como mercancía; Estado garante versus Estado subsidiario; igualdad de oportunidades versus reproducción de privilegios. La resistencia se organiza desde las aulas, los gremios y las bancadas opositoras que defienden lo conquistado.