| ★ POLÍTICA PARA EL PUEBLO |
(★) Brasil.- La Cámara de Diputados brasileña dio luz verde a la medida provisoria que crea el programa bandera del gobierno Lula.
El programa beneficiará a aproximadamente 15,5 millones de familias registradas en el Cadastro Único, lo que equivale a cerca de 50 millones de personas. La iniciativa sustituye el anterior Auxílio Gás implementado durante el gobierno de Jair Bolsonaro, que alcanzaba solo a 5,1 millones de hogares. La principal innovación radica en el cambio de modelo: en lugar de transferencias monetarias que podían destinarse a otros fines, ahora las familias recibirán vouchers exclusivos para retirar botijones de gas directamente en revendedoras autorizadas.
Las familias con dos o tres integrantes tendrán derecho a cuatro botijones anuales, distribuidos trimestralmente, al tiempo que los hogares con cuatro o más personas accederán a seis unidades cada año, una cada dos meses. El beneficio podrá acumularse con otros programas sociales como Bolsa Familia, pero no con el antiguo Auxílio Gás que será extinguido. La prioridad será para familias con ingresos per cápita de hasta medio salario mínimo, especialmente aquellas que reciben Bolsa Familia.
El texto aprobado incluye innovaciones significativas, como la posibilidad de instalar biodigestores y otros sistemas de cocción de baja emisión de carbono, buscando atender zonas rurales sin acceso al gas envasado. En paralelo, se incorporaron modificaciones a la legislación sobre crímenes económicos y renuncias fiscales para la industria naval y petrolera. El programa ya opera en todas las capitales y se espera su expansión a todos los municipios para marzo, aunque la adhesión voluntaria de comercios preocupa al gobierno, con tasas que oscilan entre 25% y 52% según regiones.
Esta aprobación marca un gesto político del presidente de la Cámara, Hugo Motta, hacia el Planalto, en un año electoral donde las políticas sociales adquieren centralidad estratégica. El programa representa no solo una respuesta a la crisis del costo de vida, sino también una herramienta de legitimación política en un contexto donde el acceso a energía se ha convertido en cuestión de supervivencia para millones de brasileños excluidos del modelo neoliberal.
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