| ★ POLÍTICA |
(★) Argentina.- La brutalidad del aparato represivo se desató contra trabajadores que exigen reconocimiento sindical y dignidad laboral.
El conflicto estalló cuando la empresa Urcel, de capitales uruguayos, se negó sistemáticamente a reconocer al SUPA como representante legítimo de los estibadores locales. En paralelo, la patronal implementó una estrategia de precarización que incluyó la contratación de trabajadores desde Zárate, desplazando a la mano de obra local y violando el convenio colectivo vigente. Los estibadores entrerrianos, que ya se encuentran entre los peor pagos del sector portuario nacional, vieron cómo sus derechos laborales eran pisoteados por una empresa que opera con total impunidad.
La respuesta estatal fue contundente y brutal. La Policía de Entre Ríos y Prefectura Naval ejecutaron un operativo represivo que dejó seis detenidos y varios trabajadores heridos, incluyendo dirigentes sindicales que habían llegado desde Bahía Blanca para solidarizarse. Las imágenes muestran disparos a quemarropa, corridas y una violencia desmedida contra quienes ejercían su derecho constitucional a la protesta. Por otra parte, el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, justificó la represión argumentando que los trabajadores "atacaron a la policía", en un claro intento de criminalizar la lucha sindical.
La empresa Urcel, en un comunicado cínico, intentó desligarse del conflicto afirmando que se trata de una disputa "intergremial" ajena a sus responsabilidades. Al mismo tiempo, la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) declaró estado de alerta y amenazó con un paro nacional en todos los puertos del país en solidaridad con los compañeros entrerrianos. La conciliación obligatoria dictada por el gobierno provincial, que obliga a los trabajadores a suspender las medidas de fuerza durante 15 días mientras la empresa mantiene sus prácticas antisindicales, revela la verdadera función del Estado: garantizar la continuidad de la explotación capitalista.
Esta represión no es un hecho aislado sino la expresión de un modelo que prioriza los intereses empresariales por sobre los derechos de les trabajadores. La precarización laboral, el desconocimiento sindical y la criminalización de la protesta son las herramientas del capital para maximizar ganancias. La solidaridad de clase que se expresa en la amenaza de paro nacional muestra que, frente a la violencia patronal y estatal, la única respuesta posible es la organización y la lucha colectiva. Los estibadores de Concepción del Uruguay no están solos: su lucha es la de toda la clase trabajadora argentina contra un sistema que nos quiere sumisos, precarizados y callados.
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