| ★ POLÍTICA |
(★) Argentina.- El gobierno de Milei avanza con un proyecto de vigilancia masiva que amenaza derechos fundamentales
La reforma del sistema de inteligencia mediante el DNU 941/2025 representa un retroceso histórico peligroso que activa alarmas en organismos de derechos humanos. Más de veinte organizaciones, incluyendo el CELS y Amnistía Internacional, preparan denuncias ante la ONU y la CIDH por lo que consideran una violación sistemática de garantías constitucionales. El decreto habilita prácticas que creíamos superadas desde la recuperación democrática, transformando a los servicios de inteligencia en una policía secreta sin control ciudadano.
El texto permite que la SIDE acceda a datos personales de más de 15 organismos públicos sin procedimientos claros ni mecanismos de supervisión. Esta acumulación masiva de información personal en una sola agencia, combinada con la falta de políticas adecuadas de seguridad, crea un escenario perfecto para filtraciones y abusos. Lo más grave: por primera vez desde la dictadura, agentes de inteligencia pueden detener personas mediante "aprehensión" sin autorización judicial, abriendo la puerta a detenciones arbitrarias y persecución política.
La reforma reintroduce el concepto de "enemigo interno" bajo definiciones vagas que podrían incluir a movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios y periodistas críticos. Al modificar la Ley 25.520, flexibiliza los límites legales a la inteligencia interior y habilita el espionaje político disfrazado de contrainteligencia. Además, permite que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad interna sobre "organizaciones no estatales", rompiendo el principio fundamental de separación entre defensa y seguridad interior establecido tras la última dictadura.
Esta ofensiva autoritaria se ejecuta sin debate legislativo, aprovechando el receso del Congreso. Las organizaciones denuncian que no existen las circunstancias excepcionales que justificarían un DNU, violando así la Constitución. El carácter encubierto de las actividades de inteligencia significa que las personas no podrán saber si están siendo investigadas, ni por qué, ni qué información tienen sobre elles, eliminando cualquier posibilidad de reclamo ante abusos.
El gobierno busca silenciar la disidencia mediante herramientas de vigilancia masiva, persiguiendo especialmente a quienes defienden derechos, territorios y democracia. Esta reforma no es un detalle técnico: es un ataque directo a las libertades conquistadas, un intento de criminalizar la protesta social y un paso más hacia la consolidación de un Estado policial que recuerda los peores momentos de nuestra historia reciente.
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