LA OFENSIVA MINERA: GLACIARES EN LA MIRA Y FISCALIZACIONES QUE NO ALCANZAN

| ★ POLÍTICA NEOLIBERAL |

(★) Argentina.- El extractivismo transnacional avanza sobre las reservas estratégicas de agua mientras los controles ambientales muestran sus límites estructurales.

La avanzada es clara y tiene nombres propios. En Argentina, el gobierno libertario impulsa lo que activistas ambientales denominan la "reforma Barrick Gold", una modificación a la Ley de Glaciares que busca habilitar proyectos hoy prohibidos en zonas de protección estricta. Al mismo tiempo, en Chile, la Superintendencia del Medio Ambiente formula cargos contra el proyecto Mina Mantos del Pacífico por operar fuera del área autorizada, evidenciando un patrón de incumplimiento que se repite en la región.

La ofensiva sobre los glaciares argentinos no es casual. Corporaciones como Barrick Gold (en sociedad con la estatal china Shandong Gold), Lundin Mining, BHP, Glencore y Río Tinto presionan sistemáticamente para flexibilizar la protección de estos ecosistemas frágiles. En San Juan, proyectos como Veladero, Vicuña, El Pachón y Los Azules esperan ansiosos la reforma que les permita explotar minerales bajo las reservas de agua dulce. En paralelo, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo ya aprobó ocho proyectos de exploración en zonas glaciares y periglaciares, anticipando el desastre que se avecina.

Lo que está en juego trasciende lo ambiental: se trata de una reconfiguración regresiva del estado de derecho. La reforma propuesta viola abiertamente el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece presupuestos mínimos de protección ambiental inderogables. Por otra parte, concibe a los glaciares no como reservas estratégicas sino como "problemas legales" que obstaculizan negocios de corto plazo para corporaciones transnacionales.

El caso chileno del proyecto Mina Mantos del Pacífico, operado por Compañía Minera Gatico S.A., muestra los límites de los sistemas de control. A través de imágenes satelitales se constató que el área de acopio de minerales se extiende en 22 hectáreas fuera del polígono autorizado. A la vez que se formula un cargo "leve", la actividad continúa, evidenciando la asimetría entre la magnitud del daño potencial y la debilidad de las sanciones.

Esta dualidad es reveladora: al tiempo que se debilitan las protecciones ambientales en Argentina, los mecanismos de fiscalización en países vecinos muestran su insuficiencia estructural. La crisis hídrica que afecta al corazón minero sudamericano no es un dato menor: en un contexto de "bancarrota hídrica" global alertada por Naciones Unidas, avanzar sobre glaciares y permitir incumplimientos ambientales sistemáticos equivale a cavar nuestra propia tumba ecológica.

La disputa es civilizatoria. Frente a la lógica extractivista que reduce la naturaleza a mercancía, se alzan las comunidades que defienden el agua como bien común. La consigna #LaLeydeGlaciaresNoSeToca resuena en asambleas territoriales mientras los senadores argentinos tienen en sus manos una decisión histórica: votar con las megamineras o con los pueblos. El modelo que se consolida es de saqueo legitimado, donde las reformas regresivas y los incumplimientos ambientales son dos caras de la misma moneda: la del despojo sistemático de los bienes comunes en nombre del progreso neoliberal.