| ★ POLÍTICA REPRESIVA|
(★).- Operativos migratorios en el conurbano replican las peores prácticas estadounidenses.
La historia de la migración en Argentina siempre tuvo matices complejos, pero nunca antes se había visto esta escalada represiva que hoy toma forma en las calles de La Matanza. El gobierno de Javier Milei desplegó un operativo que replica punto por punto las políticas xenófobas del régimen Trump, creando lo que ya se conoce como el "ICE argentino".
En Villa Celina, el flamante Departamento Federal de Investigaciones (DFI) junto a Migraciones identificó a 16 personas extranjeras en situación irregular y detuvo a cuatro ciudadanos bolivianos acusados de administrar comercios en una feria clandestina. El operativo controló a 458 personas, de las cuales 369 eran de nacionalidad extranjera, usando dispositivos biométricos portátiles y cruces de datos en tiempo real. Al tiempo que se realizaban estas verificaciones, se labraron actas migratorias y circunstanciadas contra locales que empleaban personas sin documentación regular.
Lo más preocupante es que este despliegue no es un hecho aislado, sino la punta de lanza de una estrategia que avanza hacia la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, dirigida por Diego Valenzuela. Este organismo, que funcionaría como una versión local del temido ICE estadounidense, tendría como objetivo central "acelerar las deportaciones" y reforzar controles fronterizos. El modelo copia explícitamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que implementó el régimen Trump con resultados humanitariamente desastrosos.
El discurso oficial habla de "controles firmes y reglas claras", pero detrás de esta retórica se esconde una criminalización sistemática de la migración que históricamente construyó nuestro país. Por otra parte, la creación de esta agencia podría modificar el rol de fuerzas como Gendarmería y Prefectura, generando una estructura represiva específica contra personas migrantes. En paralelo, el gobierno insiste en presentar estos operativos como parte de su política de seguridad, ignorando que la mayoría de las personas identificadas solo necesitan regularizar su situación, no ser perseguidas.
Esta imitación servil de las peores políticas del régimen Trump marca un punto de inflexión peligroso. Argentina, país construido por migrantes, hoy ve cómo su gobierno implementa dispositivos de control que recuerdan a las peores prácticas de países con historias migratorias muy diferentes a la nuestra. La solidaridad y la integración parecen haber sido reemplazadas por la sospecha sistemática y la persecución, en un giro que amenaza con fracturar el tejido social de barrios populares donde la convivencia siempre fue la norma.

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