| ★ POLÍTICA |
(★) Argentina.- El gobierno de Javier Milei avanza con una ofensiva que busca desmantelar derechos laborales históricos bajo el eufemismo de "modernización", mientras negocia con gobernadores sumisos que priorizan beneficios políticos sobre la defensa de sus pueblos.
La llamada "Modernización Laboral" representa una expoliación sistemática contra los trabajadores argentinos. En estos días el gobierno despliega una intensa actividad política para conseguir apoyos legislativos, el proyecto contiene elementos que profundizan la precarización laboral y benefician exclusivamente a los sectores empresariales. La estrategia gubernamental se basa en negociaciones con gobernadores que, carentes de convicción ideológica, intercambian su apoyo por compensaciones económicas para sus provincias, demostrando una moral política rastrera que prioriza el clientelismo sobre los derechos ciudadanos.
El artículo más polémico propone reducir las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades, bajando del 30% al 27% en el primer tramo y del 35% al 31,5% en el segundo. Esta medida significa menos recaudación coparticipable para las provincias, lo que explica la resistencia inicial de algunos gobernadores. Sin embargo, el gobierno ofrece compensaciones discrecionales a través de los Aportes del Tesoro Nacional, creando un sistema de premios y castigos que subordina a los mandatarios provinciales. La propia gobernación de La Pampa reconoce que "en casi todo pierden las provincias" y advierte que "si la idea es precarizar, no estamos de acuerdo", aunque esta postura crítica parece diluirse ante la posibilidad de negociar beneficios particulares.
La reforma incluye la eliminación de ocho impuestos nacionales, desde entradas cinematográficas hasta telefonía celular, en una clara transferencia de recursos del Estado hacia el sector privado. El gobierno argumenta que estas medidas generarán crecimiento y empleo, la realidad muestra que se trata de un despojo institucionalizado. Los gobernadores, lejos de defender los intereses de sus comunidades, se convierten en intermediarios de esta expoliación, negociando migajas a cambio de avalar políticas que profundizan la desigualdad.
Esta dinámica revela la esencia del proyecto neoliberal de Milei: una sumisión estructural de los trabajadores y las provincias ante los intereses concentrados. Los gobernadores, carentes de principios y moral política, actúan como cómplices necesarios de esta ofensiva que consolida un modelo donde los derechos laborales son moneda de cambio y la dignidad del trabajo se subordina a la lógica del mercado. La expoliación no es solo económica, sino también política y moral, construyendo una Argentina donde la sumisión se presenta como modernidad y el desprecio por la gente se disfraza de eficiencia.

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