| ★ POLÍTICA REPRESIVA |
(★) Argentina.- El gobierno de Milei impulsa una reforma regresiva que criminaliza la pobreza en lugar de combatir sus causas estructurales.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, exhibe una peligrosa obsesión punitivista al reclamar bajar la edad de imputabilidad a 12 o 13 años, alineándose con las peores prácticas represivas de la región. Esta propuesta no es más que un intento desesperado por ocultar el fracaso de las políticas de seguridad mediante el sacrificio de la niñez más vulnerable. En paralelo, desde sectores provinciales se alerta sobre la realidad cotidiana: se detienen a 5.000 jóvenes por año, muchos de apenas 10 años, que terminan encerrados en un sistema que los estigmatiza de por vida.
La argumentación oficial resulta cínica cuando se analiza en profundidad. Monteoliva habla de "evidencia" pero ignora que la criminalidad juvenil es consecuencia directa de la exclusión social, el desempleo estructural y el desmantelamiento de políticas públicas de contención. Al tiempo que propone encarcelar niños, el mismo gobierno recorta programas educativos, deportivos y culturales que podrían alejarlos de las calles. Esta contradicción revela la verdadera agenda: no combatir el delito, sino disciplinar a los sectores populares.
La Iglesia Católica ya rechazó este proyecto regresivo, exigiendo "cambios profundos" que el gobierno neoliberal ignora. Por otra parte, especialistas advierten sobre el peligro de "romantizar la delincuencia", pero el verdadero romanticismo es creer que el encierro resuelve problemas sociales complejos. La propuesta de Sergio Berni de aplicar "tests psiquiátricos" para determinar imputabilidad medicaliza la pobreza y patologiza la resistencia juvenil ante un sistema que los excluye.
Esta ofensiva punitivista coincide con otros ataques a derechos fundamentales: el protocolo antipiquete que criminaliza la protesta social, el endurecimiento de penas por incendios forestales sin abordar sus causas económicas, y la creciente militarización de la seguridad pública. Todos estos elementos conforman un paquete represivo diseñado para consolidar un Estado policial mientras se desmantela el Estado de bienestar.
La verdadera solución requiere inversión social masiva, políticas de inclusión educativa y laboral para jóvenes, y abordaje integral de las adicciones. Encerrar niños de 12 años solo garantiza la reproducción intergeneracional de la violencia y la exclusión. La sociedad debe rechazar esta crueldad disfrazada de seguridad y exigir políticas que protejan a la infancia en lugar de condenarla.
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