LA BATALLLA POR LAS SEMILLAS: POR QUÉ EL ESTADO ARGENTINO NO PROMUEVE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

| ★ SOBERANÍA ALIMENTARIA |

(★) Argentina.- La resistencia campesina frente al avance corporativo que busca privatizar la vida misma.

La historia de las semillas en Argentina es una crónica de resistencia frente a un modelo extractivista que prioriza el agronegocio por sobre la soberanía alimentaria. Al tiempo que las corporaciones transnacionales como Bayer, Syngenta, Corteva y BASF presionan por mayores controles, el Estado argentino ha sido históricamente renuente a promover las semillas nativas y los sistemas alimentarios campesinos. Esta tensión se hizo evidente durante el intento del gobierno de Javier Milei de incluir en su "Ley Ómnibus" la adhesión a UPOV 91, un convenio internacional que restringe el derecho campesino a guardar, reutilizar e intercambiar semillas.

El artículo 241 de aquella propuesta buscaba impedir que agricultoras y agricultores reutilizaran sus semillas, ampliando así el control corporativo sobre las cosechas. La respuesta fue contundente: una huelga nacional del 24 de enero de 2024 reunió a cerca de cinco millones de personas que lograron frenar la iniciativa. Sin embargo, la amenaza persiste, pues el gobierno mantiene su intención de presentar nuevos proyectos para restringir el derecho a conservar y utilizar semillas libremente.

La arquitectura legal del control se sostiene en legislaciones moldeadas por estándares internacionales como UPOV, que limitan los derechos campesinos y amplían los de quienes reclaman "propiedad" sobre variedades vegetales. A esto se suman los regímenes derivados de tratados de propiedad intelectual que autorizan patentar variedades vegetales y tecnologías agrícolas, reforzando la dependencia de las comunidades respecto a la industria.

En paralelo, las exigencias burocráticas —registro obligatorio, normas de almacenamiento o procedimientos uniformes— se convierten en barreras que obstaculizan las prácticas que mantienen viva la agrobiodiversidad. El Estado argentino, lejos de promover sistemas alternativos, ha tendido a alinearse con los intereses del agronegocio, ignorando que las semillas nativas representan no solo diversidad biológica sino también soberanía cultural y alimentaria.

La experiencia regional muestra patrones similares: en Honduras, una ley que restringía el intercambio de semillas fue declarada inconstitucional tras una década de lucha campesina; en Guatemala, comunidades indígenas se movilizan contra propuestas basadas en UPOV 91; en Ecuador, organizaciones critican leyes que no garantizan el derecho a usar e intercambiar semillas según criterios culturales.

La defensa de las semillas nativas en Argentina enfrenta un Estado que históricamente ha privilegiado el modelo sojero y los intereses corporativos por sobre los sistemas alimentarios campesinos. Mientras las transnacionales avanzan con su cerco legal, la resistencia popular demuestra que la soberanía alimentaria no se negocia: se defiende en los territorios, en las ferias de semillas y en la memoria colectiva que sabe que sin semillas libres no hay futuro posible.