| ★ POLÍTICA |
(★) Argentina.- La criminalización de la economía comunitaria mapuche se intensifica en la Patagonia.
Al mismo tiempo, se labraron cinco actas de infracción contra la actividad económica desarrollada por el pueblo originario en su territorio ancestral. El procedimiento, bajo supuestos controles normativos, evidencia una estrategia sistemática de despojo que se agrava en temporada alta.
Las justificaciones municipales hablan de habilitaciones comerciales y prevención de incendios, pero omiten el contexto histórico de despojo. Por otra parte, el operativo coincide con el momento de mayor potencial de ingresos autónomos para las familias.
En paralelo, desde el gobierno provincial se exige avanzar en lo que las comunidades denominan "políticas de desalojo encubierto". Esta clausura forma parte de una escalada represiva con multas reiteradas.
Lo que se presenta como "control normativo" es la punta de lanza de un modelo extractivista. Al tiempo que se persigue a las economías comunitarias sostenibles, se favorece a corporaciones hoteleras con impactos ambientales devastadores, pero con todas las habilitaciones.
Esta doble vara mide con rigor a los pueblos originarios y con indulgencia a los capitales concentrados. La resistencia mapuche enfrenta un momento crítico, donde la solidaridad y la defensa colectiva de los territorios se vuelven urgentes.
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