| ★ POLÍTICA |
(★) Colombia.- Movimientos sociales y gobiernos chocan en la definición del futuro agrario mundial.
Los movimientos sociales agrupados en el Comité Internacional de Planificación sobre Soberanía Alimentaria denuncian que el acaparamiento de tierras adopta nuevas formas: inversiones financieras especulativas, ocupación militar disfrazada de seguridad, proyectos extractivos presentados como "transición verde". Desde Palestina hasta Venezuela, desde Cuba hasta el Ártico, se expande un renovado colonialismo por minerales, agua y energía. Las comunidades campesinas e indígenas, que alimentan al mundo y protegen los ecosistemas, enfrentan desalojos impulsados por corporaciones, crimen organizado y mercantilización climática.
Frente a esta ofensiva, el gobierno colombiano organiza la conferencia oficial con seis ejes temáticos que incluyen sistemas alimentarios sostenibles, lucha contra el hambre y justicia de género. Propone construir un Plan Decenal de Reforma Agraria y abre espacios como la "Zona Tierra para Todos" para comunidades, academia y cooperación internacional. Pero los movimientos sociales exigen que la CIRADR+20 vaya más allá de recomendaciones técnicas y promesas voluntarias.
La Vía Campesina y organizaciones de más de 70 países plantean cuatro pilares irrenunciables: reconocimiento de derechos indígenas y consuetudinarios, redistribución con límites a la acumulación corporativa, restitución para comunidades despojadas y regulación firme de mercados de tierra. Exigen que la Declaración de Derechos Campesinos de la ONU sea pilar central y que se establezcan mecanismos de monitoreo participativo sobre la tenencia de la tierra.
La tensión es palpable. Por un lado, un gobierno que busca posicionarse como anfitrión del diálogo agrario global. Por otro, movimientos que desconfían de los discursos oficiales y reclaman compromisos vinculantes. Mientras el Ministerio de Agricultura habla de "gobernanza integral", las bases denuncian que el sistema alimentario colapsa bajo monocultivos industriales y desigualdad extrema.
Esta conferencia ocurre en un momento crucial: la concentración de la tierra alcanza niveles históricos y las luchas territoriales se intensifican en todos los continentes. Lo que se decida -o no se decida- en Cartagena marcará el rumbo de las resistencias rurales frente al extractivismo disfrazado de desarrollo. La reforma agraria integral ya no es solo una demanda campesina, sino condición para la democracia, la paz y la justicia climática. El desafío será evitar que la retórica diplomática opaque los gritos de quienes defienden la tierra con sus cuerpos y sus cultivos.
>> Portal de la ICARRD+20
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