| ★ POLÍTICA |
(★) Argentina.- La tierra como botín financiero en lugar de territorio soberano.
La historia agraria argentina está marcada por una paradoja sangrante: un país con extensión continental donde la discusión sobre quién controla el territorio sigue siendo tabú. Al tiempo que se celebran las exportaciones récord, se oculta que el modelo extractivista consolida un despojo histórico. La reforma agraria integral, que implicaría redistribución, soberanía alimentaria y justicia territorial, brilla por su ausencia en el debate público, desplazada por narrativas que reducen la tierra a mera mercancía.
El gobierno de Javier Milei impulsa una reforma legal que desarma los límites que protegían la tierra como recurso estratégico. La iniciativa funciona como derogación encubierta de la Ley de Tierras sancionada en 2011, vaciando por completo su función social. La tierra deja de ser asunto de soberanía para convertirse en activo financiero disponible para la timba global. El cambio es profundo: excluye de la regulación a corporaciones, fondos de inversión y entramados societarios extranjeros, que son precisamente quienes concentran la mayor parte de la tierra en manos foráneas.
Los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales confirman que la extranjerización no está protagonizada por Estados, sino por capitales privados diseñados para diluir responsabilidades. Argentina es el país con mayor cantidad de Grandes Transacciones de Tierras identificadas: 440 operaciones que totalizan casi 13 millones de hectáreas. La reforma elimina además el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, concentrando decisiones estratégicas en el Poder Ejecutivo y vaciando de contenido el federalismo.
El proyecto mantiene un límite formal de 1.000 hectáreas solo para Estados extranjeros, funcionando como mensaje geopolítico alineado con la estrategia de Estados Unidos para restringir el acceso de China a recursos estratégicos. Incorpora excepciones para quienes presenten planes de inversión, replicando la lógica del régimen de incentivo a grandes inversiones sin mecanismos efectivos de control. El ejemplo de Lago Escondido en Río Negro, donde el empresario británico Joseph Lewis bloqueó el acceso público mediante compra de tierras, anticipa el escenario que se busca consolidar.
No hablar de reforma agraria es funcional al modelo extractivista que prioriza la rentabilidad sobre la soberanía. La tierra como territorio habitado, con historia, producción y cultura, queda subordinada a la lógica financiera. El silencio sobre distribución justa del territorio permite que avance la concentración en pocas manos, muchas veces extranjeras, profundizando un colonialismo moderno que vacía de contenido la independencia nacional. La discusión pendiente no es sobre propiedad privada, sino sobre quién manda realmente sobre el territorio que sostiene cualquier proyecto de futuro colectivo.

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