| ★ POLÍTICA | NO AL EXTRACTIVISMO |
(★) Argentina.- Dos colosos extractivistas tejen su alianza mientras el gobierno abre las puertas al saqueo.
La historia se repite con guión neoliberal. Río Tinto y Glencore, dos titanes mineros con oscuros antecedentes ambientales, avanzan en conversaciones para fusionarse, creando un monstruo corporativo valuado en 260.000 millones de dólares. Argentina aparece como pieza central en este ajedrez extractivista, donde el gobierno de Javier Milei actúa como facilitador del despojo. El encuentro en Casa Rosada con ejecutivos del proyecto Vicuña -alianza entre BHP y Lundin Mining- confirma la estrategia: entregar recursos estratégicos a cambio de promesas de inversión bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
La complementariedad es obscena. Río Tinto domina el litio en Salta y Jujuy, mientras Glencore reactiva Bajo de la Alumbrera en Catamarca y proyecta explotar cobre en San Juan. Juntas, controlarían los minerales críticos de la transición energética, pero bajo lógica colonial. En Mendoza, mientras tanto, 34 proyectos avanzan en Malargüe Distrito Minero Occidental, con empresas como Kobrea iniciando perforaciones tras años de prospección. El gobernador Alfredo Cornejo celebra esta "política de Estado" que prioriza ganancias corporativas sobre soberanía.
El RIGI funciona como caballo de Troya, garantizando estabilidad jurídica a las trasnacionales mientras comunidades quedan desprotegidas. Vicuña promete 15.000 millones de dólares, pero el verdadero costo se mide en glaciares amenazados, agua contaminada y territorios devastados. La presión por modificar la Ley de Glaciares revela la verdadera agenda: eliminar barreras ambientales para el extractivismo desenfrenado.
Esta ofensiva minera no es desarrollo sino dependencia renovada. Las fusiones corporativas concentran poder en menos manos, debilitando capacidad negociadora estatal. Los proyectos se presentan como inevitables, pero ocultan que cada dólar de inversión significa toneladas de recursos no renovables exportados sin valor agregado. La resistencia comunitaria y la defensa del agua deben fortalecerse frente a esta embestida que, con discurso de progreso, hipoteca el futuro ambiental del país.
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