| ★ POLÍTICA |
(★) Bolivia.- La resistencia popular se extiende por todo el territorio boliviano frente al ajuste brutal del gobierno de Rodrigo Paz.
Bolivia vive una de sus mayores convulsiones sociales en años. El decreto 5503 del presidente Rodrigo Paz, que elimina subsidios a combustibles y facilita la entrega de recursos estratégicos a capitales extranjeros, ha desatado una ola de protestas masivas que paralizan el país. Con más de 57 bloqueos en carreteras clave, el movimiento liderado por la Central Obrera Boliviana (COB) muestra una fuerza impresionante contra este paquete neoliberal.
La movilización alcanza dimensiones históricas. Desde mineros hasta maestros, fabriles, campesinos y trabajadores municipales, la protesta se ha masificado con una unidad inédita. La marcha "Bolivia No Se Vende" reunió a medio millón de personas en La Paz, una demostración de poder popular que recorre 27 kilómetros desde El Alto hasta el centro paceño. Los bloqueos aíslan regiones enteras, con Cochabamba completamente desconectada y La Paz concentrando más de veinte puntos de corte.
El gobierno responde con intransigencia y represión. Mientras la COB exige la abrogación total del decreto, el Ejecutivo solo ofrece modificaciones cosméticas en 35 artículos, manteniendo el núcleo duro del ajuste. La viceministra Andrea Barrientos defiende el "sinceramiento económico" que ahorra 10 millones diarios en subsidios, pero calla sobre quiénes pagan el costo: las familias trabajadoras enfrentan alzas del 82% en gasolina y 163% en diésel.
La profundidad del conflicto revela una crisis estructural. El decreto 5503 representa la restauración neoliberal más agresiva desde el DS 21.060 de 1985, con contratos "fast-track" que entregan recursos naturales sin consulta indígena ni controles ambientales. La eliminación de impuestos a grandes fortunas y la amnistía para capitales offshore contrastan con el aumento de la carga tributaria para trabajadores independientes.
La solidaridad de clase emerge como respuesta. Ollas comunes y asambleas abiertas muestran que la resistencia se organiza desde abajo, trascendiendo las dirigencias burocráticas. La lucha actual conecta con la histórica Marcha por la Vida de 1986, demostrando que el pueblo boliviano no aceptará pasivamente el despojo. Este levantamiento marca un punto de inflexión: o el gobierno retrocede ante la fuerza popular, o profundiza la represión en un camino sin retorno. La consigna es clara: la crisis debe pagarla el capital, no el pueblo trabajador.
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