| ★ POLÍTICA |
(★) EEUU.- La escalada represiva del gobierno estadounidense contra las protestas populares alcanza niveles alarmantes.
La movilización de 1.500 soldados del Pentágono para posible despliegue en Minneapolis marca un punto de inflexión en la estrategia del régimen de Donald Trump contra la resistencia civil. Esta medida militar se produce en medio de crecientes tensiones tras el asesinato de Renee Good, una observadora legal ciudadana estadounidense, a manos de un agente de ICE el pasado 7 de enero. Las protestas masivas que siguieron al crimen han mantenido en vilo a la ciudad, con miles de personas exigiendo justicia y el fin de las redadas migratorias.
El sábado, la resistencia popular demostró su fuerza cuando cientos de manifestantes anti-ICE enfrentaron y expulsaron a un grupo de extrema derecha liderado por Jake Lang, un influenciador de ultraderecha indultado por Trump tras su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Lang había amenazado con quemar un Corán frente al ayuntamiento y marchar hacia barrios de inmigrantes somalíes, pero la respuesta organizada de la comunidad lo obligó a retirarse. Este enfrentamiento muestra cómo la solidaridad comunitaria puede contrarrestar la violencia fascista.
La situación se complica con la amenaza de Trump de invocar la Ley de Insurrección, una norma raramente utilizada que permitiría desplegar tropas activas para tareas policiales dentro del país. Aunque un juez federal limitó las tácticas de control de multitudes que pueden usar los agentes federales contra manifestantes pacíficos, el régimen sigue avanzando en su escalada represiva. El gobernador demócrata Tim Walz ha movilizado a la Guardia Nacional, pero la tensión entre autoridades estatales y federales crece mientras Trump envía miles de agentes de inmigración al área.
La resistencia en Minneapolis representa más que una protesta puntual: es un frente de lucha contra la maquinaria represiva del régimen trumpista que criminaliza la solidaridad y militariza la respuesta a demandas sociales legítimas. La comunidad organizada, desde observadores legales hasta vecinos que defienden sus barrios, muestra que la resistencia popular sigue siendo el principal contrapeso a la violencia estatal y paraestatal.

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